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Venezuela: Caso de boxeador Valero evidencia crisis de violencia doméstica

El caso de Edwin Valero, el ex campeón ligero de boxeo que se suicidó tras ser detenido por el presunto asesinato de su esposa, puso los reflectores sobre la problemática existente en el tema de la violencia doméstica en Venezuela.

Por Sharelly De Santis

CARACAS/AP

El caso de Edwin Valero, el ex campeón ligero de boxeo que se suicidó tras ser detenido por el presunto asesinato de su esposa, puso los reflectores sobre la problemática existente en el tema de la violencia doméstica en Venezuela.

Activistas de los derechos humanos denuncian que las agresiones y muertes violentas de mujeres crecen en espiral en esta nación sudamericana, por lo que consideran que el crimen de Valero es apenas una parte visible de un problema social más grande.

Para Alba Carosio, directora general del Centro de Estudios para la Mujer (CEM), el caso de la esposa fallecida de Valero tuvo resonancia en los medios por ser una persona conocida. Sin embargo, Carosio afirma que en Venezuela hay “violencia contra las mujeres todos los días”.

“Lo que sucede es que son casos anónimos”, agregó.

Ofelia Alvarez, directora general de la Fundación para la Prevención de la Violencia Doméstica hacia la Mujer, coincidió con Carosio, al afirmar que la gente está “indignada por el asesinato de Jennifer Viera de Valero y yo les digo que yo me indigno todas las semanas cuando sé de una muerte más de una mujer por violencia de género en Venezuela”.

Más de 50 organizaciones no gubernamentales venezolanas, incluidos grupos defensores de los derechos de la mujer, criticaron esta semana el manejo del caso por el gobierno y las autoridades judiciales, afirmando en un comunicado que el sistema de justicia falló y hubo un patrón de indiferencia respecto a la violencia contra la mujer.

Las autoridades gubernamentales “no hicieron más que mirar a otro lado y por lo tanto son responsables por omisión de este crimen”, dijeron las organizaciones. Añadieron que el sistema de justicia “no actuó con la debida diligencia, no fue justo y eficaz, no dictó y vigiló adecuadamente las medidas de protección que Jennifer requería”.

Desde 2008, el nombre del ex monarca de los 61 kilos se asoció repetidamente en la prensa nacional con hechos de violencia doméstica y de abuso de alcohol y drogas, pero solían ser desmentidos por el púgil y minimizados por sus allegados y por las autoridades.

Valero, de 28 años, se quitó la vida la madrugada del 19 de abril en su celda tras ser detenido en la víspera por el presunto asesinato de Jennifer Carolina Viera.

Las muertes se produjeron tres semanas después de que Viera fue recluida en un hospital de la ciudad suroccidental de Mérida, al presentar una fractura en una costilla que le laceró un pulmón. Según versiones de la prensa la fractura fue ocasionada por una golpiza que le propinó Valero.

El púgil salió en libertad provisional el 7 de abril después de que una jueza desechó la petición de la Fiscalía, de mantenerlo detenido hasta completar un tratamiento de desintoxicación y de ayuda psiquiátrica.

En su escrito, los activistas también responsabilizaron a las gubernamentales Defensoría del Pueblo, al Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER) y al Ministerio para la Mujer e Igualdad de Género por su falta de acción.

“Las personas que hemos trabajado defendiendo los derechos de las mujeres estamos agotadas de que las instituciones del gobierno no tengan un plan”, dijo a The Associated Press Alvarez, una de las redactoras del comunicado.

Según datos ofrecidos por Amnistía Internacional (AI), en el 2008, murió en Venezuela cada 10 días una mujer por violencia de género. La Fiscal General, Luisa Ortega, mencionó en un discurso que sólo en Caracas la cifra es “dos mujeres muertas cada 10 días”.

Las autoridades venezolanas, sin embargo, no cuentan con cifras completas sobre la violencia de genero.

Virginia Aguirre, directora de la organización oficialista Observatorio Bolivariano de Género, admitió que no se cuenta con esas estadísticas al anunciar que para el próximo año el Instituto Nacional de Estadística (INE) contará con cifras oficiales al respecto.

Alvarez afirmó que “la noticia que sale a la luz pública es que no hay verdaderas cifras y un país que no tiene estadísticas no puede tener planes porque ni sabe por dónde va el problema”.

En marzo de 2007, el gobierno promulgó una ley que define la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos y reafirma la responsabilidad del Estado y de sus representantes de erradicarla.

El informe de Amnistía Internacional señaló que la referida ley “tiene el potencial de traer consigo mejoras reales para la vida de las mujeres. No obstante, el que ese potencial se haga realidad depende de la voluntad política”.

Vivian Díaz, antropóloga y vocera de AI en Venezuela, dijo a la AP que a pesar de que la ley habla de la creación de un sistema, “en la práctica se hace difícil cuando las instituciones encargadas no logran establecer comunicación”.

“Se han aplicado acciones aisladas, se han creado tribunales de género, se han creado las fiscalías de género. Sin embargo no son suficientes para atender todas las denuncias que hay”, agregó Díaz.

Los activistas coinciden en que la polarización política también está imposibilitando que se consigan soluciones al problema. Afirman que las instituciones del gobierno no buscan trabajar en conjunto con las ONGs.

Ligia Arvelo, presidenta del Instituto Metropolitano de la Mujer, lamentó que “a pesar de que lo he intentado numerosas veces ha sido imposible que haya un encuentro con INAMUJER”, organismo estatal encargado de coordinar acciones preventivas.

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