sólo un diez por ciento goza de una pensión como jubilado. Se calcula que hay 50 mil ancianos que alguna vez cotizaron y tienen derecho a ser jubilados, pero por desconocimiento y la falta de interés por parte del INSS a muchos de ellos les toca vivir en el olvido o a expensas de familiares y vecinos
Fotos de La Prensa/Guillermo Flores
En una vieja casa que más bien parece un sauna en estas tardes de verano, un hombre senil arrastra con dificultad una silla de hierro, la acerca a la mesa, se acomoda lentamente y antes de llevarse el primer bocado a la boca, apoya los codos y cierra los ojos para dar las gracias al Señor por la bondad de la mujer que le ha regalado un plato de comida.
En realidad no es un plato, eso es un decir. En una pana de plástico, un banano verde cocido y un poco de pasta con pollo es el menú del almuerzo que le regaló una hermana de la V Iglesia Bautista Galilea del barrio Altagracia. En la mañana desayunó un poco de arroz que le preparó una vecina. Hoy sí ha tenido qué comer, pero no todos los días son iguales para José Ignacio Arcia, un ex taxista de 75 años que desde hace tres años está “peleando” por que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social le brinde una pensión, una lucha en la que desde ya dice tener miedo de morir sin ganar.
Le llaman don Nacho. En la cuadra de su casa, todos lo conocen no sólo porque ha vivido ahí durante casi 40 años, sino porque saben las necesidades que pasa y aunque quisieran ayudarlo, es muy poco lo que pueden hacer por él.
La Asociación de Jubilados y Pensionados de Nicaragua calcula que en el país existen unos 500 mil adultos mayores. Don Nacho es uno de ellos.
Y de todos ellos, solamente el diez por ciento reciben una pensión por vejez. El resto vive en situaciones precarias, abandonados y algunos de ellos —con suerte— junto a familiares.
Donald Castillo, presidente de esta asociación, explica además que existen aproximadamente 50 mil adultos mayores que alguna vez en su vida cotizaron al Seguro Social, pero por cualquier razón se convirtieron en trabajadores informales y con el pasar de los años olvidaron que tenían el derecho a recibir una pensión reducida. El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) también se ha olvidado de ellos, y mientras no lleguen a solicitarlo tampoco mueve un dedo por mejorar sus condiciones.
A don Nacho el mundo se le vino abajo hace ocho años, cuando murió Socorro Jiménez, su esposa. Entonces tenía 67, es decir, llevaba ya siete años de retraso sin recibir su jubilación por vejez, pero como todavía tenía fuerzas para seguir trabajando, el recibir una pensión no le quitaba el sueño. Tenía su propio carro, y laboraba como taxista. Sin embargo pudo más el dolor por la pérdida de la mujer con que había compartido más de medio siglo, sus hijos dejaron de frecuentarlo y su salud comenzó a deteriorarse por los males de la edad.
Sus problemas de visión se acentuaron, la presión arterial se descontroló y de remate hasta comenzó a tener problemas para escuchar. No tuvo más que dejar el volante porque prácticamente era un peligro para los pasajeros y para él mismo.
Con lo poco que tenía sobrevivió un tiempo, y ante la falta de apoyo de sus cuatro hijos, hasta vendió el carro.
Hoy, don Nacho ya no tiene casi nada. Su casa de minifalda sólo alberga un par de sillas, una mesa, una cocina que por lo general está apagada, una cama, una caja donde guarda su ropa y otra caja de madera que usa de archivero. Ahí tiene los estados de cuenta de sus cotizaciones, todas las cartas enviadas a INSS y al mismo presidente Daniel Ortega para que le resuelvan su caso.
A sus 75 años ya no tiene las energías de antes. El hombre flaco en que se ha convertido camina lento, acerca su cabeza de medio lado para escuchar mejor y a veces pide con pena que alcen la voz para poder entender.
Este caso es uno más de los que está acompañando el abogado Carlos Guadamuz, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), quien explica que muchos de los adultos mayores de 70 años que acuden a ellos en busca de apoyo en sus demandas, tiene ya más de 600 cotizaciones, sin embargo, no logran recibir sus pensiones debido a la negativa del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social donde, de entrada no dan lugar a la demanda.
“En la entrada el funcionario que los atiende les dice que no tienen derecho y ni si quiera les permiten llenar el formulario para que la solicitud entre en el cauce legal-administrativo para luego terminar con una respuesta positiva o negativa. De entrada hay una persona que producto de la política institucional les dice que no tienen derecho, para ahorrarse los trámites”, dice Guadamuz.
Una persona puede solicitar su jubilación al alcanzar la meta de 750 cotizaciones. Si ya cumplió los 60 años de edad puede solicitar su jubilación por vejez o si es el caso, por invalidez. Pero entre la solicitud y la solución del caso, pueden pasar muchos años.
“Ya hemos tenido casos como ésos. Un anciano, José Antonio Flores, con 77 años de edad, con insuficiencia renal crónica, estuvo solicitando su pensión durante doce años consecutivos y siempre le decían que no. Hasta que llegó al final de su vida le pagaron la pensión y una semana después murió”, recuerda el abogado.
El proceso de jubilación al que son sometidos estos ancianos es demasiado tedioso. Es un ir y venir que a su edad, en lugar de darles la seguridad de que van a gozar de su derecho a recibir el dinero que en resumen ahorraron durante sus años de trabajo, se convierte más bien en una carrera contra la institución, pero sobre todo una carrera contra el tiempo.
En sus años mozos Víctor Bonilla trabajó de empacador de carnes en el famoso matadero IFAGAN. También fue inspector de carnes y deshuesador. Ocho años y medio de su vida fueron dedicados a la tarea de carnicero.
Cuando Bonilla se casó, decidió mudarse a Diriomo junto con su esposa. Allá se volvió productor, sembraba maíz y frijoles, también hacía “rumbos” de carpintería y cualquier otro trabajo que le saliera.
De sus años de empleado acumuló un total de 330 cotizaciones pagadas, pero como descontinuó el proceso, pensaba que era dinero perdido, hasta que un día se dio cuenta que uno de sus hermanos “está peleando por su jubilación desde hace cinco años” y que él tiene los mismos derechos para unirse a la lucha.
Víctor Bonilla vive ahora en Managua, en el barrio San Judas. Una hermana le dio lugar para que construyera en el patio una chocita de palos y láminas de zinc donde sólo alcanza la hamaca en que duerme y su ropa.
Como a sus 72 años nadie le quiere dar trabajo, su hermana y sobrinos que habitan en el mismo terreno le pagan una poquedad por cuidar la casa mientras todos salen a trabajar durante el día. También de vez en cuando visita a una hija que vive en el barrio El Recreo. “Ella me invita para que llegue a comer algún preparito y a veces le ayudo a cortar leña, porque ella echa tortillas y pues, me da mis realitos”, comenta este señor, que aunque ya está entrado en años, a diferencia de don Nacho su apariencia es de un hombre todavía fuerte.
Don Nacho trabajó como conductor en el Distrito Nacional, que equivaldría a la Alcaldía de Managua de ahora. Junto a algunos colegas logró fundar la cooperativa de taxis Carlos Fonseca Amador, se convirtió en un trabajador independiente y continuó pagando el seguro facultativo, que es la opción que les queda para no perder la continuidad de las cotizaciones que han realizado mientras trabajan para una empresa o institución.
Luego sucedió lo de su esposa, su salud y sus hijos. Ya la bolsa no le dio para seguir pagando los 325 córdobas mensuales del seguro. En su estado de cuenta se registran 725 cuotas pagadas. Le faltan sólo 25 cuotas para alcanzar la meta de 750 semanas para jubilarse.
En la última contestación del INSS que guarda en su caja de madera, la dirección general de prestaciones le recomienda “en la medida de sus posibilidades retomar el pago de su seguro facultativo con el objetivo de completar las semanas que faltan, ya que cuenta con 725 cotizaciones y le faltarían 25 para optar al derecho de su pensión por vejez”.
Para el abogado del Cenidh esto es definitivamente una negación al derecho de José Ignacio Arcia. Por su edad y por las semanas cotizadas Arcia sí tiene el derecho de recibir una pensión reducida de acuerdo a sus cotizaciones, y además, por sus condiciones de salud es totalmente ilógico que le pidan que “en la medida de sus posibilidades” pague las restantes 25 cotizaciones, cuando en la realidad que no reflejan esos papeles, muchas veces le toca aceptar la ayuda que le ofrecen los borrachitos de la cuadra quienes le comparten las limosnas que recogen para poder ayudarlo.
“Yo no bebo”, dice don Nacho. Sus vecinos dan crédito de eso. “Pero qué voy hacer si ni mis hijos me ayudan. En la Iglesia me han criticado porque les hablo a los bolitos, pero ellos me ayudan. Hasta vinieron a ayudarme a conectarme del tubo cuando me cortaron el agua”, comenta el señor con los ojos humedecidos.
Donald Castillo, de la Asociación de Jubilados y Pensionados, explica que según la Ley del Seguro Social, si alguien llegó a los 60 años sin haber alcanzado las 750 cotizaciones, “según el artículo 49, con un mínimo de 50 años cotizados, es decir 250 cuotas, tienen derecho al 40 por ciento de su pensión de vejez, pero lo que alega el Seguro Social es que no tiene presupuesto para pagar esas pensiones… Tienen más de 16 años de estar violando esa Ley”.
Muchas de las personas que cotizaron y no lograron recibir su pensión ya han muerto, algunos deambulan por ahí sin saber que tienen el derecho a recibirla y otros ya se dieron por vencidos ante tanta negativa de esta institución que desde tiempos de la dictadura somocista ha sido utilizada como caja chica en diversas ocasiones.
El 9 de noviembre del 2008 la Asociación de Jubilados y Pensionados propuso una reforma a la Ley de Seguridad Social para buscar los recursos que hacen falta para cubrir las demandas de los miles de adultos mayores que aún no reciben su pensión.
Según Castillo, plantearon que “como el Estado le debe una deuda eterna al Seguro Social, porque desde la época de Somoza lo usaban de caja chica y todavía no le han pagado, que por lo menos estipularan una partida de 377 millones de córdobas del presupuesto anual (de la República) para pagar esa deuda”.
Tras la revolución sandinista, en 1990 el Estado comenzó a pagar pensiones a los lisiados de guerra y madres de héroes y mártires a través de los fondos propios del INSS, divididos entre lo que pagan los empleadores (1.5 por ciento ) y lo que cotizan los trabajadores (0.25 por ciento).
La propuesta de la Asociación de Jubilados plantea que el Estado asuma directamente esta cartera de jubilaciones y libere los fondos utilizados del INSS para que, con ese dinero, la institución pueda asumir su responsabilidad de brindar las pensiones a todos los adultos mayores que la demanden, pero es solamente una propuesta más que han hecho para encontrar la solución al problema.
Aunque la reforma fue propuesta en el año 2008, hasta ahora no ha tenido mucho avance. Mientras en la Asamblea Nacional reina la crisis entre los bandos políticos, la propuesta descansa en algún archivero de los diputados de la Comisión Económica, esperando que un día sea desempolvada. b
Pasos a seguir b
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