Por Raúl López Lira
En la marejada de crónicas sobre la violencia en México, desatada principalmente por el narcotráfico y el crimen organizado, ha pasado desapercibida una noticia muy importante y de gran trascendencia para mi país en materia de derechos humanos.
El Senado de la República aprobó el pasado 8 de abril un proyecto de Decreto, que reforma diversos artículos de la Carta Magna, a fin de elevar a rango constitucional los derechos humanos y sus garantías. Uno de los pilares más destacados de la iniciativa es la incorporación de los derechos humanos como principio de política exterior.
La Administración del presidente Felipe Calderón tiene como prioridad la implementación de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Para ello, privilegia la apertura y colaboración con los mecanismos de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, la armonización legislativa, el fortalecimiento interinstitucional y la vinculación con las organizaciones de la sociedad civil.
Asimismo, México brinda una especial atención a las recomendaciones de los órganos creados a la luz de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, mediante una participación constructiva y de liderazgo.
Los esfuerzos del Estado mexicano por promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos no parecen recibir la suficiente atención mediática. Sin embargo, los avances son notables y alentadores. La reforma del Senado, que aún deberá ser aprobada por la Cámara de Diputados y la mayoría de los Congresos locales, no es un hecho aislado, sino el resultado de un trabajo infinito en beneficio de la sociedad.
La adopción en los últimos años del Programa Nacional de Derechos Humanos, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, entre muchas otras, es tan sólo una muestra.
Orgullosamente, México se convirtió en el primer país del Continente Americano y del mundo en lanzar a nivel nacional la campaña Corazón Azul, contra la trata de personas. Dicho programa es un movimiento global de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que busca crear conciencia sobre el delito de la trata de personas y su impacto en la sociedad.
La sede mexicana fue elegida como plataforma regional de Corazón Azul, en reconocimiento a su compromiso con el pleno respeto a los derechos humanos. Desde ahí, se impulsarán actividades de sensibilización —culturales, educativas, sociales, académicas— sobre ese flagelo que tanto atañe a México y Centroamérica.
Es innegable que los retos que afronta el Estado mexicano en materia de derechos humanos son todavía numerosos y disímiles. Igualmente, es irrefutable la casuística de violaciones de derechos humanos en México. Pero la reforma constitucional en materia de derechos humanos aprobada por el Senado representa, si acaso no una panacea, un avance histórico en el país.
De ser ratificada la reforma, México ampliará el fortalecimiento y protección de los derechos humanos, pero sobre todo reconocerá el deber del Estado de hacerlo. Se reforzará la atención a las víctimas, la procuración de justicia, el empoderamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la rendición de cuentas.
Pese a los enormes desafíos políticos, económicos y sociales, se tiene la certeza de estar trabajando por el camino indicado para garantizar, sin indiferencia ni reparo, el goce de los derechos humanos a todas las mexicanas y mexicanos en México y en el exterior, así como a todas las personas extranjeras en territorio nacional.
Enhorabuena por la iniciativa, que merece ser narrada contra toda marejada.
El autor es Embajador de México en Nicaragua
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