Tanto sindicatos como empresarios ven positivo que el Gobierno dé un bono salarial de 529 córdobas a los empleados públicos porque “oxigena un poco el bolsillo”, pero cada uno de estos sectores —por separado— advierten que la decisión del presidente Daniel Ortega traerá consecuencias a mediano y largo plazo, como presión inflacionaria que dañará la estabilidad de la economía.
Igualmente, representantes del sector privado y de los sindicatos reconocen que la medida es un elemento que propicia el enfrentamiento entre ellos, y a su vez con el Gobierno, porque está creando una “discriminación entre la clase trabajadora” en Nicaragua.
Para el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) la consecuencia más próxima se podría dar esta semana, al no descartarse que el Gabinete Económico enfrente problemas para lograr que el Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) apruebe la cuarta revisión del programa y de la cual depende el desembolso de 12 millones de dólares, de 36 millones comprometidos.
“Ese bono ayuda hoy, pero pone presión en el mañana en la estabilidad macroeconómica del país”, dijo José Adán Aguerri, presidente del Cosep.
Para Aguerri, inquieta que esta acción del Gobierno ponga en riesgo esa estabilidad de la economía “porque no sabemos si se da en coordinación con el programa con el FMI, ya que puede significar presión inflacionaria y con ello vienen a afectarse las proyecciones que en ese sentido existen dentro del programa”.
Según han explicado economistas, el bono de 529 córdobas que recibirían unos 150 mil empleados públicos, causaría una presión inflacionaria, ya que al haber un circulante adicional de 500 millones de córdobas —que es el monto asignado para dar el complemento salarial—, esto hará aumentar los precios de los productos de consumo por la sobredemanda en el mercado nacional.
Mañana 5 de mayo está previsto que el Directorio del FMI revise el cumplimiento del Gobierno de Nicaragua en materia macroeconómica. El gobierno de Ortega se ha comprometido a cerrar el 2010 con una inflación no mayor del 7 por ciento.
Acevedo explicó que si Nicaragua importa este año los 10 millones de barriles de crudo y sus derivados a un precio de 80 dólares, Ortega verá casi duplicar la supuesta cooperación venezolana. En el 2009, el precio del crudo promedió 61.95 dólares.
De los 17,088 millones de córdobas que representan los 800 millones de dólares, unos 8,544 millones de córdobas irían directamente a la cartera de Ortega en concepto de cooperación petrolera. De esos 8,544 millones de córdobas, 500 millones de córdobas (sólo el seis por ciento de ese ingreso) serían para financiar el bono extrapresupuestario a los 120 mil trabajadores del Estado.
Los 8,544 millones de córdobas representan el 27.5 por ciento del monto total del Presupuesto General de la República 2010, que es de 31,096 millones de córdobas.
“Es decir que la cooperación petrolera de Venezuela sería suficiente para aumentar el Presupuesto Nacional en 27.5 por ciento. Permitiría multiplicar por dos todo el Presupuesto del Ministerio de Educación, más todo el Presupuesto del Ministerio de Transporte e Infraestructura, más todo el Presupuesto del Ministerio de Gobernación”, comentó Acevedo.
Añadió que el bono anunciado para los trabajadores del Estado representaría sólo el ocho por ciento de la cooperación petrolera, y equivale apenas al 2.2 por ciento del Presupuesto General de la República. “Me pregunto de nuevo: ¿por qué no se dio como aumento a través del Presupuesto?”, cuestionó.
El experto recordó que “el aumento de la factura petrolera es pagado por los consumidores bajo la forma de precios más altos de la gasolina y el diesel, de los tanques de gas licuado, y de la energía eléctrica”.
Acevedo dijo que una vez que se recupera la venta del petróleo venezolano procesado, el 50 por ciento del valor va a Albanisa-Petronic, la que transfiere a PDVSA en un plazo no mayor de 90 días a partir del momento en que arriba.
El otro 50 por ciento es pagado a 25 años plazo, con 2 años de gracia y con un interés del 2 por ciento anual, asumiendo la forma del otorgamiento de un crédito concesional al país.
Wendy Álvarez Hidalgo
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“Habrá que hacer un análisis real, respecto a que si ese bono no afecta las condicionalidades y las metas económicas que el programa con el Fondo Monetario establece”, consideró Aguerri, quien cuestiona que si bien el complemento salarial beneficia a un sector de la población, “una mayor inflación castigará a todos por igual en el país”.
ORTEGA “CREA DISCRIMINACIÓN ENTRE TRABAJADORES”
Con la entrega del bono de 529 córdobas, se busca beneficiar a maestros, trabajadores de la Salud, efectivos de la Policía y del Ejército, y demás trabajadores públicos cuyo salario no sea mayor de los 5 mil 500 córdobas.
Una acción que en lo general se considera buena por los distintos sectores, pero reconocen que Ortega propició un enfrentamiento entre sindicatos y empresarios, pues los primeros ya piden que esos 529 córdobas pasen a ser parte del salario real del trabajador público. Pero además, contemplan demandar en la Comisión del Salario Mínimo que los empleadores den un incremento salarial en las mismas proporciones.
“Nadie se va a poner en contra de que se les mejore los salarios a los trabajadores del sector público, pero los salarios también se deben mejorar a los trabajadores del sector privado, porque cuando vas al mercado no te andan preguntando si sos del sector público o privado. Se crea una discriminación”, aseguró Nilo Salazar, secretario general de la Confederación General de Trabajadores Independientes (CGT).
Lo que cuestiona Salazar es que se entregue en concepto de bono y no directamente al salario del trabajador, mecanismo que asegura “trata de eludir el pago de prestaciones futuras”.
El salario mínimo de un trabajador en Nicaragua en promedio por mes es de 104.7 dólares (2,217.546 córdobas), según el Banco Central de Nicaragua (BCN).
Un empleado público en la tabla oficial del Salario Mínimo es quien devenga menos, 2,119.08 córdobas al mes, pero con los 529 del bono, en términos reales crece a 2,648.08 córdobas. El salario mínimo más alto se devenga en el sector construcción que es de 3,802.79 córdobas.
“La verdad es que tanto en el Estado como en la empresa privada pagan salarios de miseria a los trabajadores”, sostuvo Salazar y a su vez anunció que la CGT propondrá “igual trato” de parte de la empresa privada para que aumente el salario que paga.
LA CST RETA A EMPRESARIOS
Roberto González, dirigente de la Central Sandinista de Trabajadores (CST), defiende la medida del Gobierno y devuelve la crítica al Cosep señalando que los empresarios no deberían descalificar, pues afirma generará dinamismo a la economía, al haber más circulante.
A su parecer deberían los empresarios asumir una medida similar para hacer que los asalariados tengan mejores ingresos.
“Lo que veo es una respuesta e inversión social hacia los sectores con menos capacidad económica. (..)Me parece que el sector privado genera una alharaca innecesaria”, dijo González.
“Yo elevo la parada al sector privado y le planteo que si realmente les preocupa una medida de esta naturaleza, de carácter social, ellos que hablan de responsabilidad social empresarial, ya deberían de estar pensando en cómo imitar esta medida y sentarnos a revisar los salarios del sector privado”, dijo. La crítica que hace es que del bono quedaron excluidos los jubilados y pensionados.
“Estamos planteando que el sector de los ancianos, que tienen problemas en falta de acceso a pensiones mínimas, y si todavía no se puede resolver por medio de la ley, yo haría un llamado a mi Presidente de que valore la posibilidad de hacer extensivo este bono a ellos”, dijo González. Recordó que igualmente este segmento de la población se afecta por los incrementos de la tarifa de los servicios básicos y bienes de consumo.
CACONIC, UPANIC Y CONSTRUCCIÓN DICEN NO PODER
Pero la Cámara de Comercio, de la Construcción, el sector agropecuario y cafetalero descartan la posibilidad de dar un bono similar o incrementar el salario mínimo en esos porcentajes. Por tanto pidieron a los sindicatos no crear falsas expectativas en los trabajadores del sector privado.
Los empresarios sostienen que ya negociaron un aumento salarial este año que responde a la realidad competitiva y productiva del país, “y no al clientelismo político que se derivan este tipo de acciones”, dijo José Adán Aguerri, presidente del Cosep.
Eduardo Fonseca, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Nicaragua (Caconic), considera que se deberá esperar el efecto a tener en la economía el hecho que significa agregar al circulante los 500 millones de córdobas.
Fonseca dijo que no se oponen al bono, pero consideran que “las cosas deben hacerse ordenadamente, no de una forma populista y decir ‘ahora yo les regalo 500 córdobas’, porque no está basado en productividad”.
A su parecer debe ponerse atención a que si este dinero saldrá de los fondos venezolanos, efectivamente no signifique un gasto adicional en el Presupuesto de la República.
GOBIERNO TIENE FONDOS PARA CUBRIR DÉFICIT PRESUPUESTARIO
Mientras, Roberto Bendaña, productor cafetalero, dijo que el Gobierno demuestra al disponer de 500 millones de córdobas que tiene “fondos suficientes para cubrir el déficit presupuestario”.
“El año pasado se nos llevó a una reforma fiscal, pero ahora demuestran tener exceso de capital y por eso no necesitaban aumentar los impuestos. Si quiere ser transparente y buscar el beneficio de los asalariados debería pensarse mejor en eliminar impuestos para que así el sector privado pueda disponer de más fondos para incrementar la paga a los trabajadores”, dijo Bendaña.
Por su parte, Manuel Álvarez, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), y Mario Zelaya, presidente de la Cámara de la Construcción, coincidieron en que el país apenas se empieza a recuperar económicamente y las empresas aún no logran recuperar mercados ni productividad.
“Me alegro por los empleados públicos. Pero no veo cómo nosotros podamos asumir algo así. No contamos con los recursos económicos que tiene el Gobierno”, dijo Álvarez.
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