Organizaciones de la sociedad civil consideran que el bono de 529 córdobas, que el presidente Daniel Ortega entregará cada mes a una parte de los empleados públicos, “es otra muestra de su populismo electorero” que trata de convertir a los beneficiados en cómplices del mal uso de la cooperación venezolana.
“El presidente Ortega juega con la necesidad de los más necesitados… y compromete a los empleados públicos porque los hace cómplices de la corrupción que promueve al hacer mal uso de esos recursos”, dijo Juanita Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM).
Añadió que es peligroso que fondos públicos se mezclen con recursos cuyo manejo es cuestionado, porque “en río revuelto” puede suceder cualquier cosa, por lo que habrá que ver dónde queda la lucha contra la corrupción.
Luisa Molina, de la Coordinadora Civil, comentó que la acción “populista” de Ortega en lugar de fortalecer políticas públicas, como la equiparación salarial con el resto de Centroamérica que su partido promovió cuando era de oposición, profundizará la “iniquidad salarial” que existe en el país.
Dolores Jarquín, del Movimiento Social Otro Mundo es Posible, duda de que la entrega del bono pretenda “comprar votos”, pero lo rechaza porque cree que debió ser entregado como un aumento al salario mínimo.
Jarquín también critica que Ortega lo haya anunciado de forma paralela a la aprobación del incremento a la tarifa de la electricidad.
“El Gobierno no puede pretender distribuir los excedentes de las ganancias de los fondos venezolanos. Lo que debe hacer es redistribuir la riqueza para promover el cambio estructural”, opinó Jarquín.
Igual que las otras organizaciones consultadas, Otro Mundo es Posible instó a los empleados beneficiados a recibir el bono “porque se lo merecen”, según dijo Jarquín, quien les pidió mantener la lucha por un aumento salarial digno y real, así como continuar demandando transparencia en el uso de la cooperación venezolana.
UNIDAD CONTRA ARBITRARIEDAD
Para Enrique Sáenz, diputado y presidente del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), ese bono es otro ejemplo de la actitud “neosomocista” del orteguismo que se autoengaña al pretender conseguir con “prebendas e intimidación” el voto que lo perpetúe en el poder, porque al final la conciencia de las grandes mayorías no se compra con prebendas.
Eliseo Núñez Morales, vicepresidente del Movimiento Vamos con Eduardo (MVE), coincide con Sáenz en que esas prácticas no garantizan un triunfo electoral de Ortega, pero dejan en desventaja al resto de partidos.
“Estamos llegando al punto en que la legalidad está valiendo muy poco y ya no hay mucho por hacer. Se le va a dar una última oportunidad al buscar una salida con la elección de nuevos magistrados… Pero creo que es la última salida pacífica que puede tener el país. Si Ortega impone su voluntad, la única salida para sacarlo del poder va a ser por la vía de la rebelión popular o por la vía de las armas”, advirtió Núñez.
Para Oscar Moncada, diputado y directivo del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), la entrega del bono “además de propaganda política es un burdo chantaje” que demuestra, una vez más, que la oposición debe unirse porque es la única alternativa para “atajar legalmente” las constantes arbitrariedades del mandatario.
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