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Zelmira Castro. LA PRENSA/ARCHIVO

CSJ intenta cubrir mentira

La secretaria de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Zelmira Castro, obvió que ella misma había firmado un acta en la que hace constar que el miércoles 7 de abril la magistrada orteguista Ligia Molina no estuvo presente en la sesión de Sala de ese día, y ahora afirma que vio a la funcionaria firmando la resolución en que se radica ilegalmente un recurso de la diputada sandinista Alba Palacios.

La secretaria de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Zelmira Castro, obvió que ella misma había firmado un acta en la que hace constar que el miércoles 7 de abril la magistrada orteguista Ligia Molina no estuvo presente en la sesión de Sala de ese día, y ahora afirma que vio a la funcionaria firmando la resolución en que se radica ilegalmente un recurso de la diputada sandinista Alba Palacios.

“Yo no tengo nada que explicar, el doctor (Francisco) Rosales ya abordó eso”, dijo Castro cuando se le consultó sobre la incongruencia de que en el acta afirmó que la magistrada Molina no estuvo en la sala de reuniones Dr. Guillermo Selva Argüello, de la CSJ, porque estaba de vacaciones y ahora dice que sí la vio.

El magistrado Rosales dijo el miércoles pasado que el 7 de abril su colega Ligia Molina “renunció” a sus vacaciones ese día.

MAGISTRADA ORTEGUISTA CON AMNESIA

La magistrada Molina dijo ayer en el Canal 12 de televisión, que sí llegó a la Corte, pero no recuerda si estuvo presente o no en la sesión de la Sala Constitucional del día 7 de abril.

“No recuerdo si estuve”, dijo Molina, quien agregó que sí recuerda que cada miércoles cuando hay Sala Constitucional se ha discutido el tema del recurso de la diputada Alba Palacios.

Palacios presentó un recurso de conflicto positivo de competencia y constitucionalidad entre poderes del Estado debido al decreto 3-2010 que emitió el presidente Daniel Ortega para prorrogar en sus cargos a todas las autoridades de poderes e instituciones del Estado a quienes se les vence sus períodos en este año 2010.

Los magistrados orteguistas de la Corte radicaron el recurso de Palacios, declarando vigente el recurso de Ortega, pero en el auto de resolución con fecha del 7 de abril pasado, firma la magistrada Molina, quien ese día estaba de vacaciones autorizadas por todos los magistrados de la Corte.

Según Molina, las resoluciones de las Salas no necesariamente se firman durante las audiencias, sino que un proyecto de sentencia o de resolución puede recorrer una “ruta”, es decir anda de despacho en despacho para que cada magistrado vaya firmando la resolución.

SE LAVA LAS MANOS

“Pudo haberse recogido mi firma, pudo haberla (la secretaria) recogido en mi despacho, pero yo llegué (a la Corte el 7 de abril pasado)”, afirmó la magistrada Molina.

Según Molina, el secretario de la CSJ, Rubén Montenegro, no informó a todos los magistrados que ella se había presentado a trabajar el pasado 7 de abril.

“Se hace constar que no estuvo presente la honorable magistrada doctora Ligia Molina Argüello, por encontrarse de vacaciones”, dice un acta de sesión de Sala que suscribió la secretaria Zelmira Castro, con fecha 12 de abril, pero en la que se refería a la sesión del 7 de abril.

La magistrada Molina insistió en que las sentencias o resoluciones no siempre se discuten en las Salas y que la resolución que radica el recurso de la diputada Alba Palacios es totalmente legal.

ACTOS ILEGALES DE MAGISTRADOS ORTEGUISTAS

El magistrado orteguista Francisco Rosales, presidente de la Sala Constitucional, dijo el pasado miércoles que al radicarse el recurso (ilegalmente), también ordenaron mantener vigente el decreto de Ortega, para que la Asamblea Nacional no siga tramitando la ley que derogaría el “decretazo”, hasta que la Sala no se pronuncie sobre el fondo del recurso de Palacios. Respecto a esto, los magistrados Sergio Cuarezma Terán e Iván Escobar Fornos discreparon por completo.

“La resolución presentada tiene carácter definitivo, atribuyéndose funciones la Sala que le corresponden a la Corte Plena y en otros puntos excediéndose al objeto de conflicto. Se rechaza el recurso del diputado Oscar Moncada; se gira oficio a los tribunales de apelaciones del país a que se abstengan de conocer y continuar tramitando cualquier recurso de amparo en contra del decreto 03-2010 del Poder Ejecutivo; también gira oficio al presidente de la Asamblea Nacional a que se abstenga de seguir tramitando el proceso de formación de la ley derogatoria del decreto 03-2010 hasta que la Sala se pronuncie en el conflicto de competencia, lo cual es facultad de la Corte Plena; la resolución no ordena que pase al conocimiento de la Corte Plena, entre otras cosas”, indica la comunicación que presentaron Cuarezma y Escobar, señalando las violaciones de lo resuelto por los magistrados orteguistas.

MOLINA DENUNCIA QUESIRIAS GOZA DE PRIVILEGIOS

Por otra parte, la magistrada Molina también se refirió a la situación del ex magistrado liberal de la Corte Suprema, Dámisis Sirias, de quien dijo que éste todavía recibe salario, utiliza vehículo del Poder Judicial y goza de todos los beneficios que reciben los magistrados judiciales de la CSJ. Según Molina, el salario de ella es de 82 mil córdobas aproximadamente.

LA PRENSA llamó al ex magistrado Sirias para consultarle sobre los señalamientos que hizo la magistrada Molina, pero él no contestó su teléfono celular. En una de las llamadas respondió su asistente, pero después apagó el teléfono.

En el caso de Sirias, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), agrupación política a la que él representaba como magistrado, debe brindar explicaciones transparentes sobre lo que señala la orteguista Molina.

Sirias ya no es magistrado porque su periodo se le venció el pasado 11 de abril, igual que a los abogados Rafael Solís Cerda y Armengol Cuadra. Sirias no debería estar recibiendo beneficios que tenía como miembro del Supremo Tribunal.

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