El presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), magistrado sandinista Francisco Rosales, aseguró que la radicación del recurso de conflicto de competencia entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, presentado por la diputada sandinista Alba Palacios, establece un plazo para que haya negociaciones entre los partidos políticos sobre los nombramientos de autoridades de poderes e instituciones del Estado.
“Le pusimos un plazo a la negociación, hemos radicado el conflicto de poderes, comienza a correr el plazo, se quiera o no”, dijo Rosales, quien señaló que la actual crisis se resuelve sólo con una negociación en la Asamblea Nacional.
- El diputado Eduardo Montealegre, de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), dijo ayer que existen rumores de que el oficialismo estaría interesado en suspender las sesiones en el parlamento la próxima semana, para evitar la discusión de la ley que derogaría el decreto presidencial 3-2010.
“Nosotros esperamos que los dos directivos del PLC y los dos de ALN obliguen al presidente de la Asamblea Nacional (René Núñez) a que haya plenario la próxima semana”, añadió.
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Para Rosales no cuenta que el día de “la radicación” del recurso sólo haya contado con dos firmas de las seis que componen la Sala Contitucional. Ese día sólo firmaron Rosales y Rafael Solís mientras que los tres liberales no firmaron y la orteguista Ligia Molina ni siquiera estaba en la Corte pues estaba de vacaciones.
Tampoco cuenta para Rosales que el “recurso” presentado por Palacios había sido rechazado en la directiva parlamentaria cuatro votos a tres.
Es cierto que las reformas a la Ley de Amparo establecen que el recurso de conflicto de competencia entre poderes del Estado debe resolverse en 60 días, de lo contrario quedará vigente la norma jurídica, el acto legislativo o administrativo que se recurra, en este caso el decreto 3-2010 del presidente Daniel Ortega.
Según Rosales, la fecha última para negociar sería el próximo 7 de junio, pues si ese día no hay sentencia, quedaría vigente el decreto del presidente Daniel Ortega, con el que pretende prorrogar en sus cargos a todas las autoridades de poderes e instituciones del Estado a quienes se les vence su período en este año 2010.
Todavía se desconoce con certeza cuándo empiezan a correr los 60 días de que habla el magistrado Francisco Rosales porque, aunque el auto de radicación del recurso de la diputada Alba Palacios se firmó el 7 de abril, no fue hasta el 5 de mayo que se comenzó a notificar y los 60 días comienzan a transcurrir hasta que se produce la última notificación, según explicó el propio Rosales.
APROVECHA PARA METER CIZAÑA
Rosales no desaprovechó la oportunidad para meter cizaña entre los opositores y señaló al PLC de no querer que haya negociaciones para hacer los nombramientos en la Asamblea, para no tener que ceder cargos o cuotas de poder al Movimiento Vamos con Eduardo, de Eduardo Montealegre.
También afirmó que Montealegre negoció con el presidente Ortega 24 de los 25 cargos que se vencen en este año 2010.
“Quien tiene los cargos en su poder es (el ex presidente Arnoldo) Alemán y si no hay negociación y esto continúa, pues al que se beneficia es al PLC y al Frente Sandinista”, dijo Rosales.
DEFIENDE A SECRETARIA
El magistrado Rosales también defendió a la secretaria de la Sala Constitucional, Zelmira Castro, quien fue denunciada por el magistrado Sergio Cuarezma de dar fe pública de la ilegal firma de la magistrada Ligia Molina en el auto de radicación del recurso de la diputada Palacios.
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