La discrecionalidad que otorga la Ley Electoral al presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas Reyes, podría ser una de las razones del porqué la modernización de la cédula de identidad se retome cinco años después de que se aprobaron los recursos de parte de la cooperación española.
Dionisio Palacios, ex director de Cedulación, aseguró que ninguno de los directores de las áreas que serían beneficiadas con los fondos españoles, al implementar un proyecto de modernización, fueron consultados o informados sobre el mismo, siendo quienes directamente conocían el manejo de sus respectivas direcciones.
La discrecionalidad quedó en evidencia, ya que al consultarle al magistrado René Herrera qué información podía facilitar sobre el anuncio del proceso de renovación de la cédula de identidad, el funcionario electoral se excusó afirmando que se encontraba fuera de Managua, pero que además ése era un tema que iba a manejar directamente el presidente del Poder Electoral.
Para Palacios eso es uno de los vacíos que tiene la Ley Electoral porque las decisiones administrativas se centralizan en una sola persona.
Palacios enumeró algunas razones por las cuales el Poder Electoral podría haber pospuesto la modernización del documento de identidad, siendo una de éstas que el monto otorgado por España era inferior al costo real de lo que se invertiría en el proceso.
¿LOS FONDOS LOS TENÍA EL CSE? ¿GANARON INTERESES?
“Me parece que el proyecto fue presentado no pensando en la magnitud de lo que significa el proceso de modernización de todas estas áreas”, observó Palacios. El monto aprobado por España fue de 5.6 millones de euros, los que al parecer fueron entregados a las autoridades electorales, pero se mantuvieron “congelados” en algún banco sin especificar.
Aunque a Palacios como director de Cedulación en aquel entonces nunca se le informó de manera oficial sobre los alcances del proyecto o los fondos a invertir en el mismo, dice haber escuchado que los fondos “estaban ahí”, por lo que considera que si el CSE los depositó en alguna institución financiera, debió ganar intereses en la institución donde se mantuvieron durante estos años, lo que debería ser explicado por el magistrado presidente.
Palacios indicó que el proyecto original era impulsar la modernización de las áreas de Registro Civil, Cartografía, Informática, además de Cedulación, pero que a la hora de exponer el proyecto a los españoles corrió por cuenta del magistrado Roberto Rivas como presidente de ese Poder del Estado, sin consultarlo con los directores de las estructuras electorales a afectar.
“Conocí de pasillos que ese dinero estaba ahí, conocimiento oficial nunca lo tuve para presentar el proyecto, ni siquiera fui tomado en cuenta, ni los demás directores”, precisó Palacios.
Mencionó que a lo otorgado por España, Nicaragua tenía que invertir una contrapartida, la que nunca se facilitó, quizás por la desconfianza de las antiguas administraciones de Gobierno.
Una de las preocupaciones expuestas por Palacios es que a pesar de que los magistrados Rivas y José Luis Villavicencio han enumerado algunos de los mecanismos de seguridad con los que contará el nuevo documento de identidad, la explicación no ha sido amplia sobre la garantía del mismo, en el sentido de tranquilizar a los ciudadanos que no podrá ser copiada, clonada, falsificada o duplicada, como sucede con cédulas actuales.
Otra situación planteada por Palacios es que el CSE no se ha pronunciado sobre el tiempo en el que pretenden renovar las cédulas de identidad, que en un porcentaje bastante alto se encuentran vencidas, si se toma en cuenta que estamos en un año preelectoral y el próximo es de elecciones. La Ley Electoral establece que la cedulación se suspende tres meses antes de las votaciones, por lo que no cree que pueda otorgarse a muchos ciudadanos.
BASE PARA FRAUDE
Es por la razón antes expuesta que el ex funcionario electoral considera peligroso que se inicie el proceso de renovación, precisamente en un año preelectoral, debido a que pueden circular hasta tres documentos, en este caso, la nueva cédula, la actual y los documentos supletorios.
Palacios precisó que durante las elecciones regionales se logró constatar que algunas personas tenían hasta tres cédulas de identidad, pero con diferentes direcciones, lo que le permitió ejercer el derecho al voto tantas veces como el documento se lo permitiera, a lo que se sumó que la tinta indeleble se borraba sin mayores contratiempos.
Uno de los elementos en contra del actual CSE, a criterio de Palacios, es la desconfianza que existe sobre ese Poder del Estado por la falta de transparencia con la que se señala actúan varios de sus funcionarios.
Indicó que la renovación sesgada lesiona los derechos de muchos ciudadanos que habitan en los municipios que después de varios años aún no reciben respuesta para poder realizar sus trámites como establece la Ley de Identificación Ciudadana, así como el de votar.
CEDULACIÓN A FAVOR DEL PARTIDO GOBERNANTE FSLN
Mauricio Zúñiga, director ejecutivo del Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), señaló que uno de los elementos por los cuales se ha cuestionado continuamente al CSE es precisamente por la manipulación partidaria del proceso de cedulación a favor del partido de Gobierno.
En cuanto a la intención del Poder Electoral de cedular en primera instancia a personas de las instituciones del Estado, Zúñiga dijo que es una violación a la Constitución Política porque estarían clasificando ciudadanos de primera, segunda, tercera y hasta cuarta categorías.
“Si se va a iniciar el proceso, el cual es positivo, debería de iniciarse por aquellos 100 mil ciudadanos que no tienen cédula y por los 21 mil ciudadanos que no pudieron votar en la Costa Caribe porque no tenían cédula. Es elemental que se les entregue a esos ciudadanos, que tienen años de esperar su cédula, pero que no se le ha entregado por falta de eficiencia del CSE, o por falta de voluntad política, el Estado debe ser el último que debe ser priorizado”, precisó Zúñiga.
Agregó que el procedimiento de la cedulación es un proceso técnico que no puede ser manejado para favorecer al partido de Gobierno, porque “no se pueden usar criterios antojadizos para quedar bien con el poder”.
Coincidió con otras voces en cuanto al porqué hasta ahora inician el proceso de renovación del documento de identidad, cuando se supone tenían el dinero desde hace varios años.
“El magistrado (José) Villavicencio dijo en su momento que tenían las máquinas, pero no los recursos, yo creo que esos fondos iban a estar en su momento, pero por la falta de transparencia de las elecciones del 2008 fueron congelados”.
Por su parte Juan Carlos Narváez, coordinador oficial del área de gobernabilidad de Ética y Transparencia (EyT), también afirmó que es extraño que los fondos de la cooperación española destinados para la producción de cédulas nuevas y que inicialmente iba a ser para personas con capacidades diferentes y nuevas solicitudes de jóvenes en algunos municipios, ahora se oriente para la elaboración y distribución de estos documentos, pero primeramente a las instituciones del Estado.
Un aspecto que preocupa a Narváez es que mucha gente votará en las elecciones nacionales previstas para noviembre del 2011 con la cédula vieja y otros con la cédula nueva, lo cual puede dar pie a un doble voto, y más aún, si se tienen problemas con la calidad de la tinta indeleble.
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