El desgaste de su imagen, pérdida de recursos de la cooperación internacional y la ruptura de relaciones con el Gobierno son algunas consecuencias que enfrentan las organizaciones de la Sociedad Civil por asumir el rol de opositores frente a las constantes violaciones del presidente Daniel Ortega a la Constitución y las leyes.
“Estamos claros que ese rol le toca a los partidos políticos porque nuestra función es hacer ciudadanía, convertir pobladores en ciudadanos conocedores y defensores de sus derechos, pero ante sus debilidades hemos tenido que asumir ese rol”, señaló Julio López Miranda, presidente de al Federación de Organismo No Gubernamentales de Nicaragua (FONG).
Consideran que la falta de credibilidad y beligerancia de los partidos políticos hizo perder a éstos la capacidad de articular a la sociedad alrededor de la defensa de sus derechos.
Para Silvio Prado, del Centro de Estudios y Análisis Políticos (CEAP), esa situación es algo positiva porque permite a las organizaciones civiles que abanderan la lucha priorizar sus intereses.
Sin embargo, admite que a estas organizaciones todavía se les dificulta articularse bajo un mismo discurso, porque cada una tiene intereses y particularidades diferentes.
Irving Larios, del Instituto de Investigación y Gestión Social (Inges), explica que al tratar de llenar el vacío dejado por los partidos, las organizaciones civiles han sufrido un desgaste de imagen, han descuidado funciones propias y han perdido recursos por unos 200 millones de dólares de la cooperación internacional.
Estos fondos los han perdido como consecuencia de la campaña del gobierno de Daniel Ortega contra las organizaciones de la sociedad civil, afirmó.
Prado asegura que las presiones del Gobierno no han logrado “alinear” a la sociedad civil como ha deseado Ortega.
Advirtió que la falta de recursos puede convertirse en un obstáculo, pero nunca en la causa para abandonar la lucha por el respeto a los derechos sociales y políticos de los nicaragüenses.
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