El presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Antenor Rosales, se expresó “sumamente preocupado” porque no se ha logrado que el Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) retome la cuarta revisión del programa macroeconómico, todo porque las explicaciones sobre la entrega del bono-regalo a los empleados públicos al parecer no han sido convincentes para el organismo internacional.
Además,la recién aprobada Ley del Adulto Mayor podría sumarse como un nuevo elemento en las ya difíciles negociaciones entre los equipos del Gobierno y el FMI, debido a su impacto en el Presupuesto y más por afectar las finanzas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
- Con los otros compromisos con el Fondo, ayer el Consejo Directivo de la Superintendencia de Bancos aprobaría la nueva normativa de regulación de la Ley de Tarjetas de Crédito.
“Esa normativa impone la obligación de que los bancos vean la real y efectiva capacidad de pago del usuario de la tarjeta”, enfatizó, agregando que de esta manera pretenden acabar con la práctica de los bancos de enviar la tarjeta a los clientes sin previa consulta o solicitud.
Los cambios incluyen que los bancos revisen a la baja las tasas de interés que cobran. “La posición nuestra es que los tipos (de tasas) deben ser regulados por el mercado, pero también deben ser congruentes con la economía nicaragüense, centroamericana y mundial”, afirmó.
Ayer se cumplieron los 30 días que establece la Ley de Moratoria para que los deudores con las microfinancieras expresen su interés de renegociar sus deudas, para ser beneficiados con las condiciones de la ley.
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Rosales ayer, luego de reunirse con el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), desmintió que exista una fecha pactada para que los equipos negociadores aborden el problema, como lo afirmó la semana pasada Bayardo Arce, asesor económico presidencial.
Arce dijo, el 6 de mayo en un canal de televisión, que una misión del FMI llegaría a Managua a más tardar el 20 de mayo.
Rosales, quien es el negociador por Nicaragua con el Fondo, afirmó que ese acuerdo no existe. Reconoce que el desfase con el FMI afecta el desembolso de 36 millones de dólares atados a lograr finalizar el actual programa, pero además permitiría a Nicaragua obtener la ampliación de un año más del mismo, que es indispensable para que el país siga recibiendo la cooperación externa.
Sobre el impacto de los 529 córdobas mensuales a dar a 120 mil trabajadores públicos, dijo: “Lo que tratamos de convencer al Fondo es que las cifras que les hemos presentado son consistentes con las líneas generales que nos hemos comprometido en el programa”.
En especial tratan de convencer a los funcionarios del FMI de que los 500 millones de córdobas “regalados” por Albanisa no serán tocados por las estructuras del Gobierno.
Pero Rosales no oculta su preocupación por que el programa entre en un desfase tan largo como en la segunda y tercera revisión, pues el tiempo está en contra.
“Claro que estoy preocupado. Mi obligación es tener un programa con el Fondo Monetario en línea. (…) Estoy obligado a trabajar para que en el 2010 sea realidad que el Directorio del FMI apruebe la cuarta revisión”, expresó Rosales quien en el año 2007 hablaba de que Nicaragua estaría lista para abandonar los programas del FMI a finales del período de Ortega.
¿NUEVO ELEMENTO DE DISCORDIA?
Si bien Antenor Rosales dijo que en las conversaciones sostenidas con el FMI “todavía no hemos tocado el tema” de la Ley del Adulto Mayor, no se descarta que ésta tome importancia, en especial porque en la Carta de Intención vigente el Gobierno se compromete a impulsar reformas en el sistema de Seguridad Social, y las propuestas en esa dirección deben presentarlas antes de finalizar el año.
En ese sentido, los diputados con la Ley del Adulto Mayor habrían agregado un elemento que presionaría más la relación con el FMI, al beneficiar a unos 18 mil jubilados con derecho a subsidios en las tarifas de agua, energía eléctrica y telefonía convencional. El problema radicaría en que los 40 millones de córdobas anuales que representaría este subsidio deben asumirse en el presupuesto del país y por tanto debe explicarse de dónde saldrán esos fondos.
“Aquí no es nada más el tema económico, sino institucional y transparencia, para que esto no se convierta en una práctica no transparente en la cual los empleados del Estado no tengan por qué deberle un favor a alguien en particular”, dijo Aguirre, refiriéndose al bono-regalo que recibirán de parte de Albanisa pero que el Gobierno usa como parte de su campaña electoral. “Debemos evitar ese tipo de acciones que invitan a la compra de posiciones políticas por parte de los empleados del Estado, y por eso hemos señalado que debe transparentarse todo el manejo de los recursos”, aseguró Aguerri.
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