El secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, denunció ayer ante el Ministerio Público a cinco ex funcionarios del Estado que, amparados en el decreto 3-2010 del presidente Daniel Ortega, permanecen en los cargos en instituciones del Estado. La denuncia es por los delitos de usurpación de funciones, obstrucción y falsedad ideológica.
Los denunciados por Carmona son los ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Rafael Solís y Armengol Cuadra; los ex contralores José Pasos Marciaq y Guillermo Argüello Poessy, así como el ex procurador de Derechos Humanos, Omar Cabezas.
Según Carmona, la denuncia la interpuso ante el Ministerio Público en su carácter de secretario de la CPDH, y alegó que toda actuación de estos ex funcionarios es ilegal, lo que a su vez afectaría a los ciudadanos nicaragüenses.
El fiscal Luden Montenegro fue quien recibió la denuncia presentada por el secretario ejecutivo de la CPDH.
La Fiscalía debe actuar contra quienes están cometiendo delito, refirió Carmona, tras señalar que al permanecer los denunciados en los cargos públicos cuyo período concluyó están “usurpando el presupuesto de la República”.
El mes pasado un grupo de abogados democráticos introdujo ante esa misma institución una denuncia similar, pero únicamente en contra de Solís y Cuadra por diferentes delitos, entre los que destacan, además de usurpación de funciones públicas, motín, obstrucción de funciones, tortura y crimen organizado, entre otros.
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