La absurda e insólita resolución que dieron a conocer el miércoles de esta semana dos magistrados del FSLN en la Corte Suprema de Justicia —respaldados por un ex magistrado también orteguista — constituye otro atentado político mortal contra la institucionalidad democrática, la seguridad jurídica y el Estado de Derecho, que están agonizando en Nicaragua bajo el régimen autoritario de Daniel Ortega.
Nos referimos a la resolución mediante la cual dos magistrados y un ex magistrado del FSLN pretenden, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, suspender la inmunidad y ordenar el encarcelamiento de los diputados de la oposición que tramitan el proyecto de ley para derogar el “decretazo”, como se le llama al decreto mediante el cual Daniel Ortega se arroga una atribución exclusiva de la Asamblea Nacional, cual es la de designar a los magistrados y otros altos funcionarios del Estado, o prorrogar el período de sus funciones si tal fuese el caso, pero esto sólo mediante reforma constitucional.
En dicha resolución, que ameritaría que los diputados afectados contraataquen a su vez con una acusación de prevaricato, los magistrados orteguistas invocan la Ley de Inmunidad que en su artículo 15 establece lo siguiente: “El funcionario que goza de inmunidad podrá ser detenido cuando se le encuentre en flagrante delito; tendrá casa por cárcel hasta que la Asamblea Nacional dicte su resolución. La resolución de la Asamblea Nacional no podrá exceder 60 días posteriores a la detención”.
Pero eso se refiere al caso en que el funcionario que goza de inmunidad sea sorprendido cometiendo un acto criminal, como matar a alguien o asaltar a mano armada. De manera que al menos es una desmesura, tratar de aplicar ese artículo por actuaciones de funcionarios en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, como es el caso de tramitar una ley.
Cualquier abogado, estudiante de derecho o persona que conoce o se interesa en conocer sobre esta materia, sabe que flagrante delito es “lo que se está ejecutando o haciendo en el momento actual. Se aplica sobre todo a los hechos punibles en el que el autor es sorprendido antes de huir, ocultarse o desaparecer”, según se explica en el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, del maestro internacional Guillermo Cabanellas. Y por tanto es un solemne disparate o la expresión de una aberrante desviación jurídica de tipo nazi-fascista, el que magistrados de la Corte Suprema de Justicia se arroguen la facultad de despojar de su inmunidad a los diputados y pretendan mandarlos a la cárcel, sin el debido proceso previo, que en el caso de que hubiese méritos para ello están contemplados en la Constitución, en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en la misma Ley de Inmunidad.
Pero la verdad es que cualquier arbitrariedad se puede esperar en el Estado de facto que se ha venido imponiendo en Nicaragua desde que Daniel Ortega recuperó el poder presidencial; un Estado en el que los tribunales han sido convertidos en medios de represión política y hasta el Ejército y la Policía están siendo retrocedidos a su infame situación original de instrumentos políticos y partidistas. En realidad, el Estado de Derecho se está cayendo a pedazos ante los golpes de la dictadura burocrática y judicial de Daniel Ortega. Es cierto que el Estado de Derecho que heredó Ortega en enero de 2007 era defectuoso y débil, necesitado de ser mejorado y fortalecido. Pero al fin y al cabo era un Estado de Derecho que garantizaba un mínimo de independencia de poderes, de respeto a los derechos humanos y de seguridad jurídica para todos los nicaragüenses.
La situación de Estado de Derecho y la institucionalidad democrática que recibió Ortega en 2007, era como la economía nacional, acerca de la cual el saliente presidente Enrique Bolaños dijo en su último mensaje a la nación que dejaba “la mesa servida”. En realidad, a pesar de los errores, fallas y abusos que se cometieron en el gobierno de Bolaños, lo cierto es que desde el fin de la revolución sandinista en 1990, ninguno de los tres presidentes posteriores había recibido el país en condiciones tan buenas y promisorias, como lo recibió Ortega el 10 de enero de 2007.
Pero aquella buena situación y sus perspectivas, las echó a perder Ortega con sus políticas erráticas y su obsesivo propósito de restaurar la dictadura, que han dañado de manera brutal tanto la frágil economía nacional como el incipiente Estado de Derecho que con grandes esfuerzos y la inversión de muchos recursos se había logrado establecer en el país. Y estremece pensar que lo peor está todavía por venir.
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