Las 146 manzanas de propiedad en donde funciona el vertedero municipal La Chureca sigue siendo tema de conflicto y ayer una de las reclamantes, Indiana Martínez Riguero, increpó públicamente al coordinador de la cooperación española, José Manuel Mariscal.
“¿Sabe usted señor Mariscal, que ese proyecto está siendo ejecutado en tierra confiscada, usurpada? Por supuesto que lo sabe”, dice parte de un comunicado firmado por Martínez Riguero y publicado a través de un campo pagado en los diarios de circulación nacional.
Aunque la familia Martínez se ha mantenido en silencio en torno al conflicto por la expropiación del terreno, donde la cooperación española pretende invertir unos treinta millones de euros, se conoció que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) podría fallar la próxima semana en torno al polémico caso.
En la Sala Constitucional radica un recurso en contra de la Procuraduría General de la República (PGR) que a mediados del 2009 expropió el terreno en conflicto, entregó título de la propiedad a la Alcaldía de Managua y aún no indemniza oficialmente a los afectados.
A la fecha, en el terreno de La Chureca la cooperación española y la comuna capitalina ejecutan varios trabajos de construcción, remoción de tierra y sellado del área sin el permiso de los dueños del terreno.
Aunque las obras van en beneficio de unas 200 familias que viven en el sector y favorecen a otras mil personas que recolectan desechos en el vertedero de manera informal, la principal crítica en contra de la Alcaldía y de la cooperación española es el anómalo proceso para apoderarse del terreno del proyecto.
A la fecha, los Martínez no reciben ninguna indemnización por la utilización de su terreno.
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