La violencia escenificada en las calles en los últimos tiempos por parte de algunos grupos y “la pasividad” demostrada por la Policía preocupa a los representantes de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), con sede en París, y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), con sede en Ginebra, Suiza, que están en una misión conjunta en el país para conocer la situación de los derechos humanos.
“La violencia y algunos ataques al momento de manifestaciones en contra de algunos grupos, no perpetrada por Policía y el Ejército como suele pasar en algunos países, sino por grupos que parecen gozar de una cierta pasividad de reacción de la Policía, lo hemos planteado tanto a la Policía como a instancias judiciales”, expresó el secretario general de la OMCT, Eric Sottas.
“Si hay confrontación en la calle le pertenece a la Policía intervenir, no solamente para poner fin a la violencia, sino también para identificar a los perpetradores y pasar los expedientes a la justicia”, dijo el secretario general de la OMCT.
A criterio del secretario general de la OMCT, esto debe darse para que los agresores sean sancionados y que las víctimas sean compensadas. Según Sottas, hay casos donde “nos ha parecido que eso no se cumplía y es una cosa que hemos discutido con la Policía”.
OTRAS PREOCUPACIONES
Los representantes de ambas organizaciones mostraron también preocupación por la situación de los defensores de derechos humanos, la administración de justicia y la independencia del Poder Judicial, así como la violencia de género y la penalización del aborto terapéutico.
- El secretario general de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), Eric Sottas, al referirse a los comicios electorales del 2011, manifestó el interés de que sea aceptada (por el Gobierno de Nicaragua) una presencia de observadores tanto nacionales como extranjeros, para evitar señalamientos sospechosos.
Recordó el representante de OMCT que la Organización de Naciones Unidas a través del Examen Periódico Universal, efectuado en febrero pasado, realizó 109 recomendaciones al Estado de Nicaragua, de las cuales 68 fueron aceptadas y se mostró esperanzado que en junio próximo acepte otras.
Sottas indicó que el tema de derechos humanos ha sido politizado. “Al momento que se critica la actuación de unas autoridades, por supuesto se critica a la actuación política, pero yo creo que hay que hacerlo de manera distinta; los defensores que hemos tratado de quedarnos en este marco, estamos señalando las fallas pero no estamos discutiendo con el Gobierno cuál debería ser su política”.
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Tras una semana en Nicaragua, los representantes de la misión conjunta lamentaron que pese a que solicitaron una entrevista con el presidente Daniel Ortega, no hubo respuesta.
“Quiero precisar que nos interesaba reunirnos con autoridades de los dos bandos, hemos solicitado una reunión con el Presidente de la República (Daniel Ortega). Nos recibió el Vicepresidente de la República”, aclaró la presidenta de la FIDH, Souhayr Belhassen.
En el caso de los defensores de derechos humanos, recordó que según la declaración de 1998 adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas, las organizaciones que luchan por los derechos humanos tienen derechos a organizarse y de colectar fondos para sus actividades.
RESALTAN PERSECUCIÓN DEL GOBIERNO CONTRA ORGANISMOS
“Aquí tuvimos por lo menos dos casos donde se acusó a organizaciones de recibir plata de manera ilegal, pero al final de dos años de investigación la Fiscalía consideró que no había elementos que justificaran que se llevara el caso a los tribunales (…), es muy preocupante porque en ese caso —y es también un punto que hemos puesto en la mesa— significa que esas organizaciones han sufrido un desprestigio de su trabajo, han sufrido limitaciones para llevar adelante sus tareas”, expresó Sottas.
“Nos parece que aquí hubo un problema con relación a lo aceptado por Nicaragua, con los miembros de Naciones Unidas, con esa declaración de 1998, y es un punto sobre el cual estamos esperando más informaciones porque no hemos recibido hasta la fecha un elemento preciso”, agregó Sottas.
El caso mencionado por Sottas es el relacionado con la investigación emprendida por el Ministerio de Gobernación contra Cinco y el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) y otros organismos señalados de supuesta triangulación de fondos, que al final, la Fiscalía mandó a archivarlo.
En la reunión del jueves pasado, en el edificio de Plaza El Sol, la jefa de la Policía, primera comisionada Aminta Granera, expresó que actuó en auxilio de la Fiscalía, conforme a procedimiento de ley.
Sottas también se refirió que otro punto es la administración de justicia y que es una preocupación de los comités internacionales, como el Comité contra la Tortura, de la ONU. En sus resoluciones llama la atención de Nicaragua “sobre hechos preocupantes que tienden a demostrar que hay un problema a ese nivel. También hemos planteado eso a las instancias judiciales como a los miembros del ejecutivo que hemos encontrado”, recordó Sottas.
SOBRE LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL
En un Estado de Derecho es importante la independencia del Poder Judicial, tanto en términos estructurales como en términos políticos. “Sobre eso también estamos esperando más respuesta”, dijo el secretario general de la OMCT.
Mencionó que en este caso observaron “una cierta dificultad de funcionamiento —para decirlo con optimismo— del Poder Judicial, una división dentro del mismo Poder Judicial”.
Según Sottas, llamó la atención el hecho de que a lo interno no se reconoce dentro de la misma Corte Suprema cuántos son realmente los magistrados que la componen, “es algo que para nosotros es sorprendente, aquí a ese nivel hay un problema de disfuncionamiento que es obvio, y también hemos visto en algunos casos situaciones de impunidad y aquí también es una preocupación que hemos mencionado”, dijo Sottas refiriéndose a la impunidad de violencia en la calle, pero puede ser de otro tipo. Pero le llamó la atención que en casos donde se identifican “los supuestos agresores no se sigue”.
El funcionario aseguró que esto es algo que no sólo le preocupa a ellos, sino también a los comités internacionales de Naciones Unidas.
“Es una preocupación grave porque el Poder Judicial es central en un Estado de Derecho y si hay dentro del poder divergencias tan obvias y públicas sobre las decisiones de justicia, estamos peligrando”, sostuvo Sottas. También expresó que consideran que han apreciado “una cierta parálisis” del Poder Judicial.
Asimismo, manifestó que escucharon “de la no posibilidad de organizarse fuera del sindicato oficial, también una cierta selectividad en las promociones o en la posibilidad de recibir trabajo dependiendo de los apoyos políticos, un punto que nos parece preocupante en un país donde la tasa de desempleo es bastante alta”.
Se espera que el informe de la FIDH y la OMCT sea presentado a más tardar en tres meses.
por la impunidad y la persecución gubernamental en Nicaragua
Nicaragua es uno de los tres países de América Latina que no lo ha ratificado. De hacerlo mandaría una señal muy fuerte de confianza en el futuro, estimó el defensor de derechos humanos.
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