El cerco diplomático que ha tendido a Honduras el presidente venezolano Hugo Chávez y sus aliados, es en el fondo un ataque a la unidad de Centroamérica, una pequeña zona urgida de integración para sacar más provecho de una eventual asociación con la Unión Europea (UE).
Ese acoso muestra incongruencias lamentables, como impedir a Honduras que participe en la VI Cumbre de la UE y América Latina y permitir la asistencia de Cuba sin que nadie se oponga, a pesar de las graves y constantes violaciones a los derechos humanos en esta isla.
Los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Brasil y Ecuador se juntaron en la última sesión de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) para presionar a la UE, advirtiendo que no asistirían a la cumbre de esta semana en Madrid si acudía el presidente hondureño, Porfirio Lobo.
Para esos cuatro gobiernos, impedir la presencia de Lobo en la cumbre es una manera de hacer respetar la democracia, insinuando que el Presidente hondureño es un antidemócrata.
Sin embargo, Lobo fue elegido por mayoría de votos en noviembre pasado y con su elección acabó el Gobierno de facto, surgido del golpe de estado a Manuel Zelaya, un aliado de Chávez que estaba violando la Constitución para reelegirse.
El pecado de Lobo, según quienes se niegan a reconocerlo, es haber sido elegido mientras gobernaba Roberto Micheletti, el presidente designado tras el golpe; y lo que Chávez y sus aliados resienten es que su proyecto político, el “socialismo del siglo XXI”, sufrió una derrota fuerte al perder toda influencia en Honduras cuando Zelaya fue expulsado.
Si los presidentes de Venezuela, Bolivia, Brasil y Ecuador tuvieran una real preocupación por la democracia, comenzarían por corregirse ellos mismos. Chávez, por ejemplo, es un enemigo comprobado de la democracia; y su socio en Nicaragua, Daniel Ortega, un autoritario violador de las leyes, hizo un fraude en las elecciones municipales del 2008.
La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia denunció la semana pasada que continúa la persecución de activistas de la sociedad civil en Venezuela por órdenes de Chávez, un ex militar que dio un golpe de Estado en 1992 y más tarde, a finales de 1998, fue electo. Desde entonces reprime “toda forma de disidencia u oposición”, con la intención de acabar con “la institucionalidad y vitalidad democrática del país”, alertó la Red.
Si el respeto a la democracia fuera la intransmisible principal para asistir a la cumbre de la UE con América Latina, Chávez y Ortega tendrían menos derechos que Lobo de participar en ese encuentro.
Si así como Venezuela, Bolivia, Brasil y Ecuador exigen apartar a Honduras de la cumbre de Madrid, surgiera otro grupo de países queriendo impedir la presencia de Cuba, los chavistas les amenazarían hasta con la guerra por sólo insinuar eso, aún sabiendo que el régimen de Raúl Castro, una dictadura de cinco décadas, irrespeta los derechos humanos esenciales de los cubanos y mantiene encarcelados a decenas de disidentes.
A Lobo nadie le puede acusar hoy de abusos o crímenes, pero Chávez lo vincula al golpe para justificar sus acciones agresivas en Centroamérica, donde trata de recuperar terreno y sólo dispone de Ortega para crear conflictos.
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