Por Lucía Navas
Gustavo Porras, diputado sandinista y secretario general del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), aseguró ayer que la empresa Alba de Nicaragua, S.A. (Albanisa) sí pagará el bono de 529 córdobas a los empleados públicos, utilizando la planilla del Ministerio de Hacienda, pero el dinero será recibido por medio de una cuenta bancaria que Albanisa abrirá a cada trabajador.
Porras, quien es uno de los más cercanos al presidente Daniel Ortega, dijo que a cada empleado público que gana menos de 5,500 córdobas le darán una tarjeta de débito, para que pueda retirar el bono de complemento salarial “cuando quiera”.
Aseguró que esta cuenta bancaria, que habilitará Albanisa, estará al margen de la que los trabajadores del Gobierno, Policía y Ejército tienen para recibir el pago del Estado.
El diputado y dirigente sindical defendió como legal que el Ministerio de Hacienda facilite a Albanisa el nombre, cargo e institución donde trabaja cada uno de los 120 mil trabajadores que serán beneficiados con el bono prometido por el presidente Daniel Ortega, el 30 de abril pasado.
Dijo que en algunos casos los mismos sindicatos proporcionarán el listado de los trabajadores.
“Si se me ocurre a mí y vos me aceptás, yo te abro una cuenta en el banco, deposito a tu nombre y te doy una tarjeta de débito y vos me decís gracias y ya. Eso es una relación entre nosotros dos”, fue la explicación de Porras.
Sin embargo, no explicó por qué considera que este mecanismo no es una confusión de intereses entre una empresa privada y el Estado. El diputado Porras sólo dijo, en ese sentido, que los trabajadores que recibirán el bono no ocupan altos cargos.
“Estamos hablando de trabajadores que ganan 5 mil córdobas para abajo, son trabajadores de base”, dijo Porras, quien aseguró que el empleado tendrá la opción de rechazar el bono, si no lo desea.
“El que no quiera puede renunciar y no aceptar, no hay ningún problema”, aseguró el también dirigente del FNT.
Las tarjetas de débito serán entregadas antes del 30 de mayo, pero el mecanismo de distribución será cuando Albanisa lo termine de definir, al igual de si será en uno o varios bancos donde se abrirán las cuentas bancarias.
PALLAIS: “ES DELITO”
“Aquí hablamos de soborno y es delito”, reaccionó el diputado liberal y presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, José Pallais, quien aseguró que el mecanismo elegido por el Gobierno para pagar el bono es perseguido en el Código Penal de Nicaragua.
“Es totalmente ilegal que una empresa privada, de cualquier tipo, y peor que una empresa extranjera con intereses venezolanos pague dinero, dádivas o regalías a un funcionario del Estado. El orteguismo quiere hacer delinquir a los empleados estatales, con el ánimo de manipularlos electoralmente”, sostuvo el diputado Pallais.
Señaló que se cometen varias violaciones legales, en especial contra el Código Penal de Nicaragua, que en su artículo 445 se refiere al cohecho, “el cual dice que lo comete la autoridad o funcionario que acepte para sí o a través de terceros una dádiva, dinero, favores, promesas o ventaja o cualquier objeto de valor”.
“Ahí está claro el delito de cohecho, que estarían obligando a que cometan los funcionarios públicos para satisfacer la manipulación política que hace Ortega”, dijo.
Refutó el argumento del sandinista Gustavo Porras, de que no habría problema en que el Ministerio de Hacienda facilite la planilla del Estado.
“No puede, ni debe. Es delito. Para eso a los trabajadores públicos se les paga su salario. Y por respeto a la dignidad de estos empleados, Ortega debe transparentar estos fondos de la cooperación venezolana en el presupuesto, que es algo que hemos demandado siempre”, dijo Pallais.
El legislador aseguró que sobre el ministro de Hacienda, Alberto Guevara, recaerá toda la responsabilidad legal de prestar la planilla estatal para que la use y maneje Albanisa.
“Incurre en el delito de cohecho, que es reforzado en el artículo 447 del Código Penal, donde claramente se señala que se incurre en la aceptación de ventaja indebida por un acto omitido”, sostuvo.
“Podría hablarse incluso de soborno internacional. Están una serie de ilegalidades que rompen el Estado de Derecho en Nicaragua”, aseguró Pallais.
Para el legislador, si bien es necesario mejorar los salarios que devengan los empleados públicos, “debe darse de una manera legal, no de esta forma donde se ve claramente que Ortega está tomando una pequeña parte de sus inmensas utilidades de su negocio petrolero”, sostuvo el legislador.
El millonario negocio petrolero entre Ortega y su homólogo venezolano Hugo Chávez asegura el fondo para dar el complemento salarial a los empleados públicos, lo que sumará 500 millones de córdobas que saldrían de las ganancias obtenidas en el último año.
Según cálculos de economistas, ese monto representará apenas el 12 por ciento de la cooperación de Venezuela, proyectada para este año, que Ortega maneja de forma privada, como un negocio familiar.
Sólo en el 2009 el negocio petrolero venezolano generó 236 millones de dólares, según datos del Banco Central de Nicaragua (BCN).
Para el diputado Pallais, el hecho de que el complemento salarial salga de esas ganancias, significa que al final son los nicaragüenses quienes pagan el bono.
“Acordémonos que Ortega, con todas las plantas (de energía) venezolanas, es el generador del 50 por ciento de la energía en el país, que la vende muy cara y que ha sufrido un incremento del 5 por ciento; entonces del mismo cuero salen las coyundas”, dijo.
Insistió en que Ortega miente cuando dice que los 529 córdobas del bono es un regalo de Albanisa. “Está usando el mismo dinero que saca del pueblo para comprar las conciencias de los trabajadores del Estado”, aseguró.
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