La actual crisis del Poder Judicial tiene su origen en el arreglo oportunista llamado Pacto, acordado entre Arnoldo Alemán cuando era Presidente y tenía mayoría en el parlamento y Daniel Ortega; quien estaba desprestigiado nacional e internacionalmente, con minoría en la Asamblea Nacional y señalado de dirigir una oposición nefasta. Sin embargo, al señor Alemán lo menos que le interesó fue poner en orden a Ortega, sino que más bien negoció con él un cogobierno, para lo cual reformaron la Constitución y ampliaron la cantidad de magistrados en los diferentes Poderes del Estado, conformando un círculo bipartidista de mutua protección, que enterró la imparcialidad y la independencia característica de las instituciones de un Estado democrático. Así, mientras Ortega gobernaba desde abajo, Alemán y compañía esquilmaban las arcas del Estado.
En el 2002 un nuevo Presidente, Enrique Bolaños, a diferencia de su antecesor, se quitó la camiseta del PLC y gobernó para Nicaragua ceñido a la Constitución de la República. Sin embargo, no dejarse “mangonear” por Alemán le valió a su gobierno que la cúpula del PLC utilizara todos los medios a su alcance para obstaculizar el proyecto modernizante impulsado por su Administración, llamado “Nueva Era”, y convertirse en una oposición incluso más dañina que la del FSLN.
Las elecciones del 2006 presentaron otra oportunidad para la democracia nicaragüense, y el candidato que se perfilaba para llegar a la Presidencia era Eduardo Montealegre, líder en el PLC y a quien un amplio sector de independientes apoyaban. Esta posibilidad fue suficiente para que nuevamente la cúpula del PLC reaccionara contra los intereses nacionales. Montealegre fue expulsado del PLC, y emigró a la casilla 9 de ALN; un partido que estaba muerto y su liderazgo lo reactiva. Las encuestas señalaban a Montealegre como el candidato con mayores probabilidades de ganarle a Daniel Ortega en primera vuelta. Por eso Montealegre se acercó a José Rizo Castellón, candidato del PLC, y le propuso unirse, aceptando él ir de Vicepresidente y Rizo de Presidente, pero con la condición de llevar como candidatos para diputados a personas con criterio patriótico y no a peones obedientes al caudillo. José Rizo no tuvo el valor de contradecir los planes de Alemán y fielmente continuó hasta entregarle la Presidencia a Ortega.
El pacto, además de la presidencia a Ortega ha dado otros frutos, entre éstos: la Vicepresidencia de Jaime Morales Carazo, la elección de Juana Méndez como Magistrada de la CSJ, la eliminación de los partidos Conservador y MRS, el fraude de las elecciones municipales del 2008, el sobreseimiento e impunidad para Arnoldo Alemán, la reelección de René Núñez como presidente de la Asamblea Nacional y una serie de arbitrariedades que han debilitado el Estado de Derecho, la moral ciudadana; y abonan al establecimiento de una dictadura.
El escandaloso e infructuoso laberinto legal en el que debaten la CSJ y la Asamblea Nacional, son frutos del pacto FSLN- PLC, y es responsabilidad —principalmente de quienes se plegaron a ese acuerdo y se benefician de éste— encontrar una solución. Las cúpulas del PLC y del FSLN han destruido la institucionalidad y el Estado de Derecho en Nicaragua. Por lo cual las bancadas Democrática y del MRS, aún siendo minoría, tienen la responsabilidad y el compromiso con Nicaragua de rechazar y denunciar cualquier arreglo de cúpulas que pretenda mantener la partidarización en las instituciones del Estado y permitir la candidatura de Daniel Ortega.
La autora es psicóloga
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
