SAN JOSÉ/ACAN-EFE
La Presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, anunció ayer que vetará un polémico aumento de salarios de más de 70 por ciento que los diputados aprobaron para sí mismos y que ha provocado un generalizado repudio en el país.
En una nota enviada a los jefes de bancadas de los partidos en el Congreso, Chinchilla afirmó que ha tomado la decisión de “vetar esta ley si llegara a ser para mi firma”.
La mandataria había dicho antes que no se opondría al alza salarial, apoyada por 21 de 23 diputados de su partido, si era financiada con recortes en otros rubros, sin elevar el gasto público, pues el país encara un elevado déficit fiscal.
La iniciativa de subirse el sueldo en más de 70 por ciento, a unos 8,000 dólares al mes, ha consumido los esfuerzos de los nuevos diputados desde que ocuparon sus escaños el 1 de mayo, una semana antes de que asumiera Chinchilla.
Los analistas han advertido que si veta la ley, Chinchilla puede enemistarse con el Congreso apenas iniciado su mandato de cuatro años.
“El proyecto de ley, tal como fue aprobado, genera un efecto adicional secundario, incidiendo en las pensiones de los ex presidentes de la República”, lo cual supone un “incremento presupuestario significativo”, señaló Chinchilla.
FAVORECE A EX PRESIDENTES
Además, la ley supondría beneficios extraordinarios “para esta servidora una vez que concluya su gestión y asuma la condición de ex presidenta”, lo que constituye una razón adicional para vetarla, añadió Chinchilla en su carta.
Por ley, las pensiones de los ex presidentes se fijan en el mismo monto que los salarios de los diputados.
El Ministerio de Trabajo determinó que los ajustes a las pensiones de siete ex presidentes costarían tres millones de dólares adicionales anuales.
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