Montevideo (AIPE)- Si tuviéramos que caracterizar al Estado, diríamos que ha sido el instrumento mediante el cual unos pocos han vivido a expensas de todos los demás. Así ha sucedido a lo largo de la historia, en teocracias, monarquías, imperios y supuestas democracias.
Teóricamente, el sistema republicano de gobierno fue concebido para impedir que eso siguiera sucediendo. Y para ello, uno de los fundamentos principales fue considerar a los gobernantes y a sus burocracias como servidores públicos, no como dueños del poder, como antes ocurría. En esa línea de pensamiento, algunos de los más perspicaces intelectuales ya señalaban en la Antigüedad Clásica que la “isonomía” (la igualdad de derechos civiles y políticos), no la democracia, es el más elevado de los conceptos políticos.
Pero la realidad cotidiana nos demuestra que seguimos muy lejos de alcanzar ese objetivo. En algunos países los abusos son flagrantes y en otros más disimulados. Pero por doquier las autoridades y sus acólitos están muy lejos de percibirse y actuar como “servidores públicos”. Los innumerables privilegios y prerrogativas que se auto otorgan causan verdadera indignación.
Un ejemplo es lo que ocurre en Uruguay. Cuando un trabajador del sector privado es despedido, tiene derecho a percibir un subsidio por desempleo que recibe del Banco de Previsión Social. Esa ayuda dura seis meses, tiene límite y es decreciente a medida que pasa el tiempo. Durante el primer mes la persona recibe 66 por ciento de su sueldo, con un tope de 22,671 pesos, el segundo mes 57 por ciento, el tercero 50 por ciento y así sucesivamente hasta el sexto mes, con 40 por ciento y un tope de 12,366 pesos.
En cambio, cuando un legislador no es reelecto puede pedir un subsidio al Parlamento. Esa ayuda es de 85 por ciento del sueldo que percibía, dura un año, sin ninguna limitación. El sueldo nominal de un legislador es de 106,216 pesos. A eso hay que sumarle 15,289 pesos por gastos de representación, 66,138 pesos para el pago de secretarios, 12,340 pesos para comprar la prensa diaria y 2,861 pesos por servicio de telefonía celular. Además, aquellos que han ejercido cargos políticos durante no menos de tres años pueden solicitar un subsidio equivalente al 85 por ciento de su sueldo.
Otra gran diferencia entre los llamados “servidores públicos” y los simples ciudadanos es que mientras los trabajadores del sector privado pierden el derecho a recibir pagos por desempleo si son procesados por la Justicia, los ex funcionarios públicos en similar situación siguen recibiendo sus remuneraciones.
Evidentemente que nos queda mucho por limpiar y pulir en las instituciones democráticas y estamos muy lejos de lograr que el Estado deje de ser un instrumento de opresión en manos y para beneficio de unos pocos. © www.aipenet.com
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