Amnistía Internacional, la más importante organización internacional no gubernamental, defensora de los derechos humanos, presentó el miércoles de esta semana su informe sobre El estado de los derechos humanos en el mundo en el año 2010, en el cual ha sido particularmente impactante el dato de que los derechos humanos son violados en más de las tres cuartas partes de los países del mundo.
En efecto, según el informe de Amnistía Internacional los derechos humanos se violan de diversas maneras y en distintos grados de violencia y frecuencia, en 159 de los 198 países que existen en todo el planeta, de los cuales 191 pertenecen a la ONU. Y por supuesto que entre esos 159 países se encuentra Nicaragua, donde, desde la instalación del nuevo gobierno de Daniel Ortega se ha retrocedido también en el estado de los derechos humanos, que ahora son violados por deliberada política gubernamental.
Amnistía Internacional denuncia en su informe de este año que “gobiernos poderosos están bloqueando los avances en la justicia internacional al actuar por encima de la ley con respecto a los derechos humanos, proteger a sus aliados frente a las críticas, y tomar medidas sólo cuando les conviene políticamente”. Por su parte, el secretario general interino de dicha organización, Claudio Cordone, al presentar el informe aseguró que “en la brecha de la justicia global prosperan la represión y la injusticia, y millones de personas se ven condenadas a abusos, opresión y pobreza”. Agregó Cordone que “los gobiernos deben garantizar que nadie está por encima de la ley y que toda persona tiene acceso a la justicia por todas las violaciones de derechos humanos”. Y como si se estuviera refiriendo directamente a lo que ocurre actualmente en Nicaragua, el secretario general de Amnistía Internacional expresó que “mientras los gobiernos sigan subordinando la justicia a los intereses políticos, la mayor parte de la humanidad seguirá viviendo con miedo y sufriendo necesidades”.
En efecto, la subordinación de la justicia a los intereses políticos del gobernante autoritario, ha llegado en Nicaragua hasta una situación inaudita en la que magistrados y jueces del Poder Judicial salen a la calle, encabezando a pandilleros encapuchados y armados, para atacar edificios públicos y privados, incendiar vehículos, mantener como rehenes a diputados y otros políticos opositores, todo eso con el fin de imponer por la fuerza y el miedo, el capricho de Daniel Ortega de volver a reelegirse en la Presidencia del país, a pesar de que la Constitución prohíbe categóricamente la reelección en períodos sucesivos y para quienes ya ejercieron el cargo en dos ocasiones.
En el informe de Amnistía Internacional se menciona a Nicaragua como uno de los países en los que ha aumentado “el número de casos denunciados de violencia intrafamiliar, violación y abusos sexuales al igual que el número de homicidios y mutilaciones post mórtem de mujeres violadas”. Pero también se habla de que los derechos humanos en materia civil y política están siendo violados en Nicaragua, por el régimen de Daniel Ortega. Los casos del periodista Mario Sánchez, de la activista de la sociedad civil Leonor Martínez y del estudiante universitario Eder Ruiz Pavón, víctimas de agresiones y golpizas brutales perpetradas por violentos partidarios del régimen de Daniel Ortega, son representativos del grave deterioro en la situación de los derechos humanos en Nicaragua.
Igualmente ha empeorado el estado de los derechos humanos económicos y sociales, desde que Ortega recuperó la Presidencia en enero del 2007. Las pésimas políticas económicas gubernamentales que desalientan la inversión y deterioran el clima de negocios en el país, han incrementado la desocupación y aumentado la pobreza. Y las políticas sociales clientelistas y sectarias que ejecuta el Gobierno, ultrajan la dignidad de las personas, son discriminatorias por razones políticas e ideológicas y constituyen flagrantes violaciones a los derechos humanos de la mayor parte de los nicaragüenses.
De manera que también a Nicaragua, o mejor dicho al régimen de Daniel Ortega, fueron dirigidas las palabras del secretario general interino de Amnistía Internacional, Claudio Cordone, al presentar el Informe de 2010 sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, acerca de que “los gobiernos deben rendir cuentas por los abusos contra los derechos humanos que causan y agravan la pobreza”. Realmente, impedir que el régimen de Ortega se prolongue más allá del 10 de enero de 2012, cuando termina su período señalado en la Constitución, no sólo es un objetivo político sino también una lucha fundamental en defensa de los derechos humanos.
