Representantes de los pueblos indígenas de todo el país se reunieron en Managua para celebrar que después de 21 años de espera finalmente, el 6 de mayo pasado, la Asamblea Nacional haya ratificado el convenio-tratado 169 para la protección y defensa de los derechos de los pueblos indígenas y tribales.
El tratado reconoce, entre otras cosas, sus valores y prácticas sociales, derecho de propiedad y posesión de sus tierras, uso y goce de los recursos naturales que posean y oportunidades de trabajo.
Además, propicia que la cooperación internacional pueda trabajar directamente con los pueblos indígenas, sin tener que usar como intermediarios a los organismos no gubernamentales (ONG) como debían hacer antes.
Sin embargo, Aminadad Rodríguez, procurador especial para la Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas, advirtió que la ratificación y entrada en vigencia inmediata del convenio no garantiza que se cumplirá, por lo que llamó a unirse para hacer valer esta ley. “Muy bonita puede ser la ley, pero si no hay unidad ella por sí sola no va a prevalecer”, advirtió.
Rodríguez, que pertenece a la comunidad indígena de Urbaite-Las Pilas, de la Isla de Ometepe, aprovechó para demandar del Gobierno la asignación de recursos, ya que fue nombrado, pero jamás ha recibido “salario o una hoja de papel” para ejercer el cargo.
Pidió a los alcaldes que mediante un “abuso de su autoridad” han impuesto autoridades de su conveniencia a las comunidades indígenas, como ocurrió en Muy Muy, Matagalpa, respetar la Ley 40, que establece que a los alcaldes no les compete esa función.
El representante de la comunidad indígena de Muy Muy, Pedro Barreras, espera que este conflicto se resuelva el 4 de julio, ya que está prevista la elección de una nueva directiva para esa fecha.
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