El Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, reaccionó ayer a las críticas efectuadas por el secretario de Asuntos Laborales de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público, Álvaro Leiva, sobre la retardación con que la Fiscalía ha actuado en el caso de denuncias introducidas por ex trabajadores despedidos de diversas entidades del Estado.
Centeno justificó el retraso con el hecho de que él ha estado intentando, a través de altos funcionarios del Ministerio Público con afinidad partidaria con los titulares de las instituciones denunciadas, de que acepten la obligación que tienen con los trabajadores despedidos, lo que hasta ahora ha sido imposible.
Pero advirtió que de no lograr convencerlos, está decidido a llevar a los tribunales a los responsables de las instituciones que adeudan a los ex trabajadores sus prestaciones.
MILES DE CASOS Y POCO PERSONAL
La Secretaria General del Ministerio Público, Delia Rosales, recordó que el año pasado atendieron más de 47 mil casos diversos en todo el país, cuando cuentan con sólo 290 fiscales, por lo que la institución debe dar prioridad a unos casos con relación a otros.
“No porque no sean más importantes, sino porque el bien jurídico protegido que está siendo lesionado en ese momento es un bien de prioridad”, justificó.
El dirigente sindical Álvaro Leiva denunció el martes que desde hace más de un año, trabajadores de diferentes instituciones del Estado han introducido denuncias en el Ministerio Público, sin que hasta ahora esa institución proceda a acusar en los tribunales.
El dirigente sindical explicó que en la mayoría de los casos han acudido a esa institución para denunciar que han sido víctimas de represalias, discriminación, violación a derechos laborales de los trabajadores, de incumplimiento y desacato a sentencias judiciales, los cuales a su criterio han constituido delitos, sin que el Ministerio Público haya procedido a acusar ante los tribunales.
Mencionó el sindicalista que entre 15 a 20 casos de ex servidores públicos han recurrido a la Fiscalía, sin que las autoridades hayan resuelto.
Entre los casos de instituciones en contra de las cuales se han visto obligados a recurrir ante esa institución están la Dirección General de Ingresos (DGI), el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) y el Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil, entre otros.
El secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, organismo que dará acompañamiento a los ex trabajadores, expresó que aunque ayer estaba previsto introducir una acusación en contra de Centeno Gómez ante el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), se pospuso para mañana jueves.
Ver en la versión impresa las páginas: 12 A