El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) ha dado a conocer en publicaciones de los medios impresos de comunicación social, la denominada Agenda Cosep 2010, “que contiene su propuesta para mejorar el clima de negocios, enfatizando en el fortalecimiento del sistema democrático y desarrollo económico de la nación”.
La agenda del Cosep comprende 20 puntos fundamentales, de los cuales casi la mitad se refiere a temas institucionales y políticos, que fueron presentados por los empresarios a Daniel Ortega en la reunión del miércoles 26 de mayo recién pasado en el Incae. Se trata de un conjunto de propuestas a todas luces sensatas, realistas y viables, que si fueran atendidas por el Gobierno ayudarían notablemente a sacar al país del crítico estado económico y de la crispada situación política en que se encuentra actualmente.
El Cosep, que hasta ahora ha sido el único interlocutor del Gobierno de Ortega, exige en primer lugar “el respeto absoluto de la Constitución ( ) y que todos los Poderes y funcionarios actúen conforme el principio de legalidad, sin atribuirse mayores funciones que la misma les otorga”. En la agenda del Cosep siguen 19 propuestas más, pero con sólo que Ortega cumpliera la primera de ellas, por añadidura se resolverían prácticamente todos los problemas que causan crisis en el país actualmente.
Propone el Cosep fortalecer las instituciones mediante “el nombramiento de funcionarios para los Poderes del Estado (CSE, CSJ, CGR) por principios de idoneidad, ética, moral y profesional, no por criterios e intereses partidarios; evitando la instrumentalización de los Poderes del Estado”. Demandan los empresarios privados: estabilidad macroeconómica; respeto a la división de Poderes; garantía de una correcta administración de los procesos electorales; modernización del Poder Judicial; políticas gubernamentales de Estado-Nación, no de Estado-partido; priorizar una agenda económica; compromiso con una imagen positiva del país; abolir el uso de morteros en las actividades políticas públicas; transparencia en el manejo de la cooperación internacional; suspensión de reformas estructurales que afecten la estabilidad del empleo y la sostenibilidad de las empresas; consolidar los mercados internacionales; quitar trabas a la integración centroamericana y reconocer al gobierno democrático de Honduras; seguridad jurídica para el sector privado; desarrollo del diálogo amplio y transparente para la estabilidad del país; consensuar los proyectos de ley y reglamentos que se vinculan con el ámbito económico y la actividad empresarial; promover la transparencia y la libre competencia, incluyendo la participación en los procesos de contrataciones e inversiones públicas en igualdad de condiciones y excluyendo la competencia desleal; fortalecer los mecanismos de fiscalización del funcionamiento de las instituciones de Gobierno; y continuidad del diálogo bilateral entre el Gobierno y el sector privado.
Como se puede apreciar, las propuestas del Cosep son tan correctas y bien intencionadas, que cualquier gobernante inteligente y responsable las pondría en práctica, precisamente para hacer un buen gobierno, para ayudarle a su país y beneficiarse él mismo, porque sería premiado con un alto índice de credibilidad pública y de confianza nacional. Sin embargo, la respuesta de Daniel Ortega a la agenda propuesta por el Cosep, fue decirle a los empresarios que si lo apoyan él podría disolver inmediatamente la Asamblea Nacional y volver a crear el Consejo de Estado corporativo y fachadista que hubo en los años ochenta.
La verdad es que no se podía esperar algo distinto de un gobernante que no tiene visión de nación, que concibe el ejercicio del poder no como una oportunidad para servir al país ni como un instrumento para facilitar el crecimiento económico y el progreso social, sino como un fin en sí mismo, o peor aún, como un medio para hacer fortuna personal, para enriquecer a su familia, a la cúpula de su partido y al reducido círculo de sus asociados.
De todas maneras, los empresarios privados que sin duda son responsables y se preocupan por los graves problemas que sufre el país, cumplen su obligación gremial, cívica y moral de proponer soluciones razonables y viables para resolver la crisis nacional. Tal vez faltó a los empresarios presentes en la reunión con Daniel Ortega en el Incae, refutar su descabellada y provocadora propuesta golpista de disolver la Asamblea Nacional. Por lo menos alguien debió preguntarle si hablaba en serio, si aquellas palabras irresponsables eran una manifestación de sus intenciones ocultas, o se trataba de una broma de mal gusto. Pero los empresarios son así, no reaccionan ni actúan como políticos, sino como empresarios.
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