En la reunión que sostuvieron ayer los representantes de los siete bancos privados de Nicaragua con la Comisión Económica del parlamento, los banqueros dejaron claras dos cosas: su desacuerdo con hacer reformas a la ley de regulación de las tarjetas de crédito y que es imposible hacer más reducciones a las tasas de interés.
Juan Carlos Argüello, presidente de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), afirmó que no respaldan una reforma a la Ley 515, Ley de Promoción y Ordenamiento del Uso de la Tarjeta de Crédito, porque es más conveniente contar con una normativa emitida por la Superintendencia de Bancos, que “igual tiene fuerza legal” y no causa tantos trastornos al sistema.
“Nuestra posición es que es muy difícil regular y ponerse a micro manejar las cosas por una ley. El día de mañana, lo que se creía que era bueno puede ser malo, y por ello una buena norma inspirada en muchas recomendaciones es la solución”, dijo Argüello.
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Aunque los bancos todavía revisan los alcances de las nuevas regulaciones, para Asobanp “hay que darle un voto de confianza al Superintendente” para que implemente los cambios en base a la nueva normativa de regulación a las tarjetas de crédito que fue enviada a La Gaceta y y luego de conocerla la Asamblea deberá decidir si es necesaria o no la reforma.
REDUCCIÓN DE US$12 MILLONES
Aunque los diputados de la Comisión Económica plantearon la posibilidad de que los bancos reduzcan más los intereses que cobran, éstos les dijeron que no es posible porque ya el 10 puntos porcentuales que aplicaron a las tasas más altas, del 60 por ciento, están basadas en estudios de costos que no admiten más reducciones.
“Por el momento es algo que no vemos posible”, afirmó Argüello asegurando que el 10 por ciento de reducción beneficia al 60 por ciento de los usuarios, y “son aproximadamente 12 millones de dólares los que se van a bajar en pago”.
BANQUEROS “IRRESPONSABLES”
En una conversación que todos calificaron de “franca”, hubo críticas de los diputados a los banqueros por los altos intereses, y los calificaron de “irresponsables” por haber entregado tarjetas de crédito a usuarios sin capacidad de asumir las deudas.
Igualmente cuestionaron el papel poco beligerante de la Superintendencia de Bancos en este problema, dado que la morosidad por este tipo de crédito abarca a unos 300 mil tarjetahabientes, estando unos 48 mil embargados y enfrentando juicios.
El Superintendente de Bancos, Víctor Urcuyo, se defendió afirmando que la norma representa un nuevo marco “de regulación para corregir los problemas actuales”.
Urcuyo explicó a los diputados que “es más práctico reformar una norma” sobre los temas con que no esté de acuerdo la Asamblea que hacer una nueva ley.
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