Mientras el Ministro de Relaciones Exteriores, Samuel Santos López, defendió el derecho de Nicaragua de otorgar asilo político a familiares del llamado canciller de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Granda, políticos de oposición señalaron que el reiterado apoyo que el gobierno de Daniel Ortega brinda a ese grupo terrorista daña la imagen del país y dificulta la obtención de recursos de la cooperación internacional, tan necesaria para la nación.
Ayer en conferencia de prensa el canciller Santos confirmó que a través de la Embajada de Nicaragua, en Bogotá, se hizo entrega a la Cancillería colombiana de la nota verbal sobre el otorgamiento y reconocimiento del asilo político por parte de Nicaragua a Rubén Darío Granda y sus familiares.
Santos dijo que Nicaragua tiene todo el derecho de otorgar el asilo y “hemos sido especialmente cuidadosos en el respeto internacional y de los derechos humanos sobre el asilo político que ha otorgado Nicaragua”.
Explicó que la llegada de la familia Granda al país dependerá de la Cancillería colombiana. Dijo que Nicaragua le ha solicitado a Colombia la entrega de salvoconductos y documentos para que puedan viajar, “sin poner en riesgo su vida, libertad e integridad personal”.
“Le hemos solicitado eso al Gobierno colombiano y creemos que lo hará, dado que ellos también han aceptado y son miembros de las convenciones que tocan el tema del asilo diplomático”, expresó Santos.
Tras refugiarse en la embajada nicaragüense en Bogotá junto con su esposa e hijo, Granda pidió el lunes pasado asilo político al gobierno de Ortega por considerarse un perseguido político. Según lo que explicó ayer el canciller Santos, en ese momento le otorgaron asilo diplomático, mientras se estudiaba la petición del asilo político, que ayer le otorgaron.
Sin embargo, Rubén Darío Granda fue señalado por las autoridades colombianas de ser el encargado de realizar transacciones financieras millonarias con dinero de las FARC, entre las que se incluían compra de tierras, centros de recreación y bienes raíces.
Granda fue detenido por las autoridades colombianas el pasado 6 de abril junto a su esposa, y ambos fueron acusados del delito de financiación de actividades terroristas para las FARC. Pero después de varios días un juez colombiano consideró insuficientes las pruebas presentadas con la acusación y fue puesto en libertad.
Él asegura que es profesor y que dedica su vida a impartir clases en universidades. En varias ocasiones declaró a los medios de comunicación que nunca ha tenido contacto con el grupo insurgente y que no ve a su hermano Rodrigo desde 2007.
COLOMBIA LO CONSIDERÓ IMPROCEDENTE
Al conocer la petición hecha por Granda el Gobierno colombiano expresó que la considera improcedente. “Nosotros convocamos al encargado de negocios de Nicaragua a la Cancillería para expresarle la inquietud que tiene Colombia en cuanto a que según los acuerdos internacionales no debe proceder el asilo cuando se trata de delitos comunes”, dijo Bermúdez en aquel momento.
Hasta el cierre de esta edición no se conocía la reacción del Gobierno de Colombia sobre el otorgamiento del asilo y la petición hecha por Nicaragua para que le otorgue salvoconductos y documentos de viajes a los beneficiados con la decisión.
Pero durante el anuncio, Santos se mostró confiado en que el Gobierno colombiano respetará los acuerdos y convenciones internacionales referidas al asilo diplomático que ha ratificado y de las que ambos países son parte y permitirá que la familia Granda viaje a Nicaragua.
EL QUINTO FARC
Granda sería la quinta persona vinculada a las FARC que recibe asilo de parte del gobierno de Daniel Ortega. Antes lo recibieron las colombianas Doris Torres Bohórquez, Martha Pérez Gutiérrez y Nubia Calderón, alias “Esperanza”, miembro de la Comisión Internacional de las FARC. También se le otorgó a la mexicana Lucía Morett, que ya se trasladó a su país.
Las colombianas junto a Morett, sobrevivieron a una incursión militar colombiana contra un campamento de las FARC en Ecuador, en marzo de 2008, en la que murieron 26 personas, entre ellas el portavoz internacional del grupo guerrillero, Luis Edgar Devia, alias “Raúl Reyes”.
En aquel momento Nicaragua rompió relaciones diplomáticas con Colombia, en solidaridad con Ecuador, pero la medida duró únicamente 26 horas, ya que durante una reunión de mandatarios, que se celebró en esos días, el presidente Álvaro Uribe convenció a Ortega de suspender la medida y hasta bromeó con cobrarle el pasaje del Embajador colombiano en Nicaragua, pero él no tuvo tiempo de abandonar el país.
Ortega, el principal aliado político del gobernante venezolano, Hugo Chávez, en Centroamérica, se declaró amigo del jefe de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, “Tirofijo”, alias de Pedro Antonio Marín, a quien condecoró con la máxima orden sandinista, en 1999, en San Vicente de Caguán, en la selva de Colombia. Además, a raíz de su muerte lo calificó como “luchador extraordinario”.
Las FARC son consideradas como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, mientras que el Gobierno de Colombia las acusa de obtener millonarios recursos del narcotráfico.
APOYO DAÑA IMAGEN DEL PAÍS
Los políticos de oposición reconocen que efectivamente el gobierno de Ortega está en todo su derecho de otorgar el asilo a quien lo decida, y que éste es un derecho al que pueden optar quienes teman por su seguridad o su vida.
Sin embargo, consideran que el “reiterado apoyo” brindado por Ortega en lo que va de su gestión daña la imagen del país y dificultan la obtención de recursos de la cooperación internacional, tan necesaria para enfrentar los problemas del país, porque ponen en dudas las verdaderas intenciones de ese apoyo.
Para el diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, José Pallais, la figura del asilo político tiene mucha tradición en América Latina sólo puede negarse cuando la persona que lo solicita está vinculada a actividades terroristas, por lo que habría que esperar la respuesta del Estado colombiano sobre el asilo otorgado por Nicaragua.
“Definitivamente el apoyo que Nicaragua ha venido dando a través del gobierno de Ortega a este grupo terrorista con diferentes acciones políticas… no favorecen a Nicaragua, porque crean toda una nube de dudas sobre si Nicaragua está siendo solidaria con las acciones terroristas de este grupo o si está siendo consecuente con la defensa de los derechos humanos”, apunta Pallais.
Para el diputado el involucramiento “excesivo y continuado” en defensa de las FARC daña la imagen del país y por ende a los ciudadanos nicaragüenses, de manera especial cuando salgan del país, porque pueden quedar bajo la sospecha de tener vínculos con la agrupación terrorista.
DIFICULTA CAPTAR LA COOPERACIÓN
Para el ex canciller y diputado de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), Eduardo Montealegre, estas decisiones del Gobierno son “sumamente negativas”, porque profundizan la percepción mundial de que el gobierno del presidente Ortega quiere “alinearse” con países y grupos catalogados como subversivos y terroristas y ahora también vinculados al narcotráfico.
“De por sí hay sospechas y dudas que desde hace rato sobre sí existe ese vínculo con el narcotráfico. Estas decisiones profundizan dichas sospechas”, afirma Montealegre.
El ex canciller considera que estos “vínculos” son negativos para la imagen del país y en medio de la crisis con la cooperación internacional, alejan aún más la posibilidad de obtener recursos de la cooperación externa.
“Estoy seguro que esos vínculos con Irán, con Venezuela, con las FARC, con grupos radicales palestinos, son sumamente negativos para los beneficios que necesita recibir, especialmente la gente más pobre de Nicaragua de los países cooperantes que prefieren mantenerse alejados de esos grupos”, advirtió Montealegre.
PARA AGUIRRE SACASA ES UNA MUESTRA DE DEBILIDAD DE LAS FARC
El también ex canciller y diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Francisco Aguirre Sacasa, comparte la opinión de que el Gobierno está en su derecho de otorgar el asilo y considera que lo más importante es que la petición de Granda demuestra que las FARC se están desgranando y “eso también es una buena noticia”.
No espera que el otorgamiento del asilo provoque mayores repercusiones y sí ve como una buena señal que “el barco de las FARC se está hundiendo y las ratas abandonan el barco antes que se hunda”.
MRS TOMA DISTANCIA
Varios dirigentes del Movimiento Renovador Sandinista fueron consultados sobre las repercusiones que podrían provocar el otorgamiento del asilo a Granda, pero todos se abstuvieron de contestar aduciendo que desconocen los detalles del tema y prefieren esperar mejor informados para opinar.
Ver en la versión impresa las páginas: 1 A ,3 A
