San Antonio-Ureña es el cruce más ajetreado en la frontera de 2,200 kilómetros entre Venezuela y Colombia. También es el mejor lugar para observar lo que sucede cuando el estatismo, que caracteriza la revolución bolivariana de Hugo Chávez, choca con la vida real, también conocida como la economía de mercado.
El crimen —secuestros, robos y extorsiones— es un gran riesgo para los viajeros que acuden a esta ciudad, a lo que habría que agregar tratar con la Guardia Nacional de Chávez, que es notoriamente corrupta. Tiene cientos de puestos de control en autopistas en todo el país y cada venezolano con el que hablo se siente intranquilo por su poder arbitrario. Pero he venido para ver la forma en que los venezolanos logran seguir adelante a pesar de los controles de precios y capitales, la lenta sofocación del sector privado, las tasas de criminalidad que se van a las nubes y una cantidad de tipos de escasez. También quiero entender mejor lo que siente la gente en las provincias sobre su Gobierno.
Irónicamente, una peculiar forma de economía de mercado podría estar jugando un rol en la supervivencia de Chávez. Venezuela importa casi todo lo que consume y Colombia ha sido desde hace tiempo uno de sus mayores proveedores. Pero en un arranque de furia el año pasado, cuando Colombia acordó permitirle a EE.UU. el uso de sus bases para la vigilancia del narcotráfico, Chávez anunció que restringiría el comercio con su vecino.
A las importaciones de alimentos ahora se les niegan los permisos del departamento de Salud y los permisos de importación para otros bienes no se están renovando. Chávez afirma que el país puede obtener lo que necesita de países aliados como Brasil, Argentina y Nicaragua.
No obstante, hay una larga fila de camiones que esperan para ingresar a Venezuela. Una explicación parcial es que algunos trasladan bienes producidos fuera de Colombia. Los puertos venezolanos se han deteriorado tanto durante la gestión de Chávez que los importadores han optado por descargar cada vez más sus productos en los puertos colombianos y transportarlos por tierra hasta su destino final en Venezuela. Esta teoría es respaldada por un informe publicado en el diario colombiano El Tiempo, que indica que 50,000 toneladas de mercadería se habían echado a perder en Puerto Cabello, en el norte de Venezuela, debido a una mala administración del Gobierno.
Sin embargo, aunque el comercio legal entre Colombia y Venezuela ha decaído, los espíritus animales que buscan un intercambio beneficioso para ambos lados no se han apagado. Un ejemplo es el mercado de gasolina. Antes de cruzar a Venezuela pasé un día en la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta, donde presencié cómo muchos emprendedores —vestidos con camisetas, pantalones cortos y chancletas, parados bajo el sol abrasante o bajo toldos improvisados— vendían gasolina venezolana de contrabando de contenedores plásticos de 19 litros junto al camino.
Diecinueve litros de gasolina en Venezuela cuestan alrededor de 25 centavos de dólar estadounidense. En Colombia un conductor paga más de US$$20 por esa misma cantidad. No es difícil identificar la oportunidad de ganancia que ofrece la gasolina venezolana subsidiada con, por supuesto, algo de ayuda de los venezolanos. En marzo de 2008 el diario mexicano La Crónica de Hoy mencionó un estudio realizado por el Ministerio de Energía y Petróleo venezolano que sostenía que el país perdía unos 30,000 barriles de gasolina al día (US$1.5 millones) debido al contrabando de Colombia.
Es un chisme común entre los venezolanos aquí que este lucrativo negocio pertenece a la Guardia Nacional, que controla la frontera. No puedo ofrecer prueba de esta afirmación, pero no es inusual que los gobiernos autoritarios compren la lealtad de las tropas al otorgarles a los militares valiosas franquicias de negocios. Irán y China lo hacen. Qué ironía deliciosa sería si la guerra de Chávez contra las empresas privadas hiciera una excepción con los soldados que lo mantienen en el poder.
Éste es un paraíso del narcotráfico y las ganancias deben ser lavadas. En Cúcuta hay numerosas casas y apartamentos que son extravagantemente incongruentes con la economía formal. Me recuerdan el comentario, realizado con una alta dosis de ironía, de que la guerra contra el narcotráfico es el proyecto de desarrollo más exitoso de EE.UU.
La provisión de moneda extranjera también es un buen negocio en la frontera, ahora que Chávez decretó que sólo el Gobierno puede proveer dólares y cualquier operación paralela por parte del sector privado es ilegal. Como me explicó un importador que conocí en el aeropuerto de El Vigía, los dólares necesarios para hacer negocios en este país son contrabandeados a través de la frontera colombiana.
Los pobres son quienes tienen más problemas para mantenerse a flote. Una casa que visité aquí, como tantas otras, es un trabajo inconcluso, con habitaciones sin terminar y cortinas en lugar de puertas. Pero incluso mi humilde anfitrión —quien afirma que votó a Chávez una vez, en 1998— tiene un generador. Sin él la comida de la familia se echaría a perder durante los habituales cortes de energía.
En el camino, al norte hacia los Andes, las vistas son impactantes, pero también lo es la pobreza. Los únicos emprendimientos humanos ordenados que puedo ver desde la carretera son las granjas de rosas que le dan color a las colinas. Las estaciones de servicio tienen filas para comprar gasolinas. Los habitantes de todas las clases económicas se quejan de los frutos del chavismo: la escasez, las devaluaciones, el patronazgo político, la corrupción y, más que nada, la falta de empleo.
Muchos venezolanos quieren deshacerse de Chávez, pero pocos tienen fe en elecciones justas. Para ellos, la frontera está cerca, pero la libertad de la que disfrutan los colombianos es un sueño lejano.
La autora es periodista estadounidense. Artículo publicado en The Wall Street Journal.
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