Tengo la sensación que si el resultado de las elecciones en Colombia hubiera sido otro —más parecido al de las encuestas que vaticinaban un empate entre el “oficialista” Juan Manuel Santos y el opositor Antanas Mockus del Partido Verde— habría recibido una mayor cobertura periodística postelectoral. Como que la aplastante victoria de Santos —más que duplicó los votos de Mockus, al que de todas formas deberá enfrentar en una segunda vuelta en tres semanas— desilusionó a algunos enviados especiales —conservadores en casa pero revolucionarios afuera—, a comunicadores comprometidos políticamente más que con la información y la verdad y a algunas ONG demasiados previsibles y poco creíbles.
Es que los colombianos ya han demostrado más de una vez que saben lo que quieren, dónde están parados y cuáles son sus reales problemas y que no necesitan que les vengan a indicar desde afuera lo que les conviene y mucho menos aceptar consejos de Chávez o Correa. El resultado no sólo ratifica una conformidad con la política del actual Gobierno, del que Santos fue una figura relevante, sino que constituye un contundente rechazo a la opción neoprogresista y populista en boga.
El “fallo” de las encuestas pasó a ser, entonces, la estrella y a la vez el villano de la obra. Ciertamente le erraron feo y le han hecho un flaco favor a la credibilidad de ese tipo de investigaciones.
Pero no todo es negativo. Las encuestas son desde siempre “el villano” — depende de cómo le va a cada uno— y el blanco de una de las más agraviantes formas de censura y de regulación del derecho a la información de los ciudadanos que son tratados como tontos o menores de edad. No se les permite durante un período previo al acto electoral informarse de lo que dicen las encuestas, para no ser “influidos”. Esta “censura”, en acto de afrenta mayor se aplica a la gran mayoría de los ciudadanos pero hay una minoría de privilegiados, políticos y aquéllos que tienen poder económico para comprar los últimos estudios, que sí acceden a esa información, al igual que el resto del mundo que sabe hasta último momento de lo que dicen las encuestas.
El argumento de los reguladores es que “las encuestas conducen —por no decir manipulan— la opinión de la ciudadanía”. Lo que ha pasado en Colombia los desautoriza. Constituye una nueva demostración de que ese argumento es falso, que no tiene fundamento. Si fuera como dicen los partidarios de “prohibir” habría habido un empate.
Hubo errores técnicos, sin duda. Quizás también cierta soberbia, pues Colombia no es un país fácil por su geografía y comunicaciones, por lo que hay que ser prudentes cuando se hace ese tipo de pronósticos. Tampoco la “veda” justifica los errores de los encuestadores, ni da pie al argumento de los reguladores de que el vuelco se dio porque en los últimos días no se publicaron encuestas. Esto es ridículo y contradice lo que ocurre en la mayoría de los casos y de los países en que existe esa misma limitación.
Lo concreto es que la gente no es tonta ni se deja llevar de las narices y sabe lo que hace cuando tiene toda la información, a la que tiene pleno derecho y la que muchos le quieren recortar, eso sí, con la intención de manipularla.
Los únicos que siempre están pendientes de las encuestas —del rating— son los políticos y los gobernantes, y también en este aspecto lo de Colombia es un buen llamado de atención.
El autor es periodista uruguayo, fue presidente de la SIP
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