Foto de La Prensa/ Bismarck Picado
En la sala de espera del Instituto Nacional de Defensa de los Consumidores (INDEC), Lisseth López llora sin control al narrar que hace tres años a su madre, Ana Pasos, le robaron su cartera y entre sus bienes estaba una tarjeta de crédito que al perder “le desgració la vida”.
Pasos desconocía que tenía que avisar inmediatamente al banco sobre el robo y no fue hasta cuando se trasladó de Siuna a Managua para resolver el problema con la entidad que se dio cuenta que estaba en “un callejón sin salida”.
“Mi mamá era comerciante de ropa en Siuna. Ahora no tiene negocio, pues el banco con sus intereses del 60% la dejó en situación crítica. Además le perturban esas llamadas a toda hora y le suben el azúcar, pues es diabética. Estamos descontroladas”, asegura López, quien ayuda a su madre, junto con sus dos hermanos a pagar la deuda.
Diez mil córdobas era el monto de la tarjeta que el banco prestó hace tres años a Pasos. Desde que le robaron el dinero plástico asegura no haber encontrado solución y, aunque logró un arreglo de pago, la tasa de los intereses subía, como la deuda en el banco.
“Más de tres veces hemos saldado la cuenta”, expresa molesta Pasos. Pese a esto, seis días de retraso en el arreglo de pago hicieron ascender su cuenta. “Tengo mis recibos porque quiero pagar, pero ellos no me dan lugar ni de respirar. Me he atrasado seis días, pero lo avisé vía telefónica y me dijeron que no había problema. Sin embargo, cuando me presenté al banco a buscar una solución, me dicen que lo que he abonado es nulo por que he incumplido con la fecha de pago, es decir de mi deuda congelada de 49,308 córdobas vuelve a subir a 100,000 córdobas”.
Los escritorios de los organismos de defensa del consumidor en Managua están llenos de casos similares como el de Ana Pasos. El promedio de reclamos relacionados en tarjetas de crédito de diferentes entidades financieras oscila entre 50 y 60 casos por día.
“Nosotros aconsejamos al consumidor que tengan mucho cuidado cuando vaya a solicitar una tarjeta de crédito. Es necesario que revisen el contrato detalladamente y sobre todo que tengan en cuenta la situación del país antes de endeudarse”, expresó Marvin Pomares, representante del Instituto Nacional de Defensa del Consumidor (INDC).
No obstante a Carlos Estrada, docente de primaria en la ciudad de Rivas, le importaba más tener dinero a mano para ayudar a su hijo, quien padecía de anemia, que el interés bancario.
“La verdad es que si no fuera por el préstamo no hubiera podido con los gastos de mi hijo. Estaba desesperado, necesitaba resolver y no podía esperar. Sabía que el banco me podía embargar la finca, pero me importaba más mi hijo, es más, sabía que trabajando duro podía salir de la crisis”, enfatizó Estrada, quien le adquirió una tarjeta autorizada de 10 mil dólares, y a los meses, “por ser un buen cliente”, le otorgaron un extrafinanciamiento.
En Nicaragua, la raíz del problema radica, en palabras del representante de la Red de Defensa de los Consumidores (RDC), Jorge Roses, en el “sobreendeudamiento” y en que el consumidor no conoce la responsabilidad que implica pagar “deuda sobre deuda” al recibir más dinero del banco.
“El consumidor no sabe en lo que se está metiendo. Es común escuchar a la gente decir ¡yo pago con la tarjeta! Pero ese dinero no es tuyo, es del banco”, comenta Roses.
Dentro de este período la aceptación que se esperaba hacia la tarjeta de crédito no obtuvo los mejores resultados, ya que no se contaba con muchos afiliados ni tarjetahabientes, esto pudo deberse a la falta de publicidad en la misma. Podría decirse que otro factor que influyó era el flujo comercial en el período de los sesenta.
A partir de los años 78-79, Nicaragua se encontraba en un período de guerra y huelgas contra el gobierno de Somoza, luego en el gobierno sandinista el país vivía en una economía limitada, existiendo constantes devaluaciones de dinero, lo cual imposibilitó la expansión del hábito comercial.
No fue hasta 1990 con el cambio de gobierno que se produjo el auge y el desarrollo del dinero plástico.
Fuente: Estudio “La tarjeta de crédito en el régimen jurídico nacional” por María José Aguilar Solís.
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Y agrega: “Vos le preguntás a las personas que vienen pidiendo ayuda de ¿cuánto es el interés que debe usted pagar por su tarjeta? ¿Cuáles son las cláusulas abusivas que habían en ese contrato? ¿Cuánto es el interés moratorio? Una gran mayoría no sabe realmente todo lo que tienen que pagar. Otros creen que está congelada, pero se equivocan, la deuda va creciendo y si a la desinformación le sumamos los vacíos jurídicos que tiene la Ley 515 sobre Promoción y Ordenamiento del Uso de Tarjeta de Crédito, la situación se le complica al tarjetahabiente”, asegura Roses.
Hace un año los diputados Enrique Sáenz en conjunto con Víctor Hugo Tinoco de la bancada del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, introdujeron el 20 de mayo a la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional una iniciativa de ley para reformar la Ley de Promoción y Ordenamiento del Uso de Tarjetas de Crédito (Ley 515).
“Los términos establecidos en la legislación vigente deben ser adecuados para mejorar las condiciones de los usuarios en los créditos derivados de las tarjetas de crédito ya contratados, lo mismo que el interés devengado, todo en beneficio del equilibrio económico o financiero de la sociedad nicaragüense”, fundamentaron a los medios de comunicación Tinoco y Sáenz en ese entonces.
Un año después de la presentación ante el parlamento nacional, “la iniciativa de ley continúa engavetada. Hay una gran hipocresía y es el doble discurso del orteguismo, porque fueron ellos los que han paralizado la reforma a la ley 515 que tanto se necesita para dejar respirar a las familias nicaragüenses de tantos intereses, embargos y juicios. Si digo que son falsos es porque ellos controlan la comisión económica y el plenario, y fue el orteguismo y no los banqueros quienes retrasaron e impidieron que se diera esto”, sostiene Sáenz.
En el proyecto de ley presentado por el Movimiento Renovador Sandinista se plantea una suspensión de los juicios de las ejecuciones y de los embargos para dar posibilidad a un proceso de renegociación y, en segundo lugar, que se regulara la tasa de interés a partir de una regulación existente.
Sin embargo la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), el pasado mayo emitió un comunicado donde anunciaba que reducirían en 10% la tasa mayor de los intereses en las tarjetas de crédito (que oscila entre el 18% y 60%). Acción que según el diputado Enrique Sáenz viene a respaldar la normativa de ley emitida por la Superintendencia de Bancos, “pues deja fuera alrededor de 55 mil nicaragüenses que sufren embargos o casos en los juzgados”.
Por su parte el representante de los consumidores, Jorge Roses, la tacha de “insuficiente y un engaño, ya que ese 10% que están bajando a la tasa de interés es sólo para las tasas de interés en córdobas y las que son en dólares no tienen el 60% y vos (el usuario), tenés que pagar el mantenimiento del valor que es del 5% anual”.
Marvin Pomares, representante del INDEC, consideró que con este comunicado “los banqueros aceptan que cometieron errores en la entrega de tarjetas porque hay un sinnúmero de clientes a los que no les pidieron fiadores y le prestaron más de la cuenta, sabiendo que no tenían la capacidad de pago. Entonces para hacerle un arreglo le pueden pedir hasta la escritura de su casa, porque en el comunicado no mencionan los requisitos de las personas que pueden clasificar”.
Los defensores de los usuarios coincidieron en que la reforma a la Ley de tarjetas de créditos no se puede parar y que es necesario otra ley sobre regulación de tarjetas de crédito y no normativas, “que un día están y el otro día puede que no quieran los banqueros que continúe”.
Por su parte, Sáenz asegura que el problema de las tarjetas se ha querido presentar como si es un problema financiero, como si es un tema bancario o un tema macroeconómico, pero su trasfondo es meramente social.
Según datos del Banco Central de Nicaragua, en nuestro país 470 mil personas tienen tarjetas de créditos, de éstos entre el 50 mil y 55 mil personas sufren de embargos o casos en los juzgados.
“En el caso de Nicaragua es un problema social, son miles de personas relacionadas con tarjetas de crédito, más los fiadores. Eso significa que hay una cantidad de familias afectadas por este problema, es cierto que de ese más de medio millón de nicaragüenses únicamente un porcentaje está en mora, pero a otros les afecta porque tienen el salario embargado, es decir mutilados sus ingresos. Y aún para quienes tienen mayor solvencia económica es una afectación por las tasas de elevadas”, asegura Sáenz.
LA PRENSA intentó en reiteradas ocasiones vía correo electrónico y llamadas telefónicas conocer la posición del gremio bancario sobre estas declaraciones, pero hasta el cierre del suplemento no brindaron entrevistas. Asimismo intentamos obtener la versión de autoridades del Banco de Producción y del Citibank, sin éxito.
Sin embargo Juan Carlos Argüello, Presidente de Asobanp, anunció recientemente ante los medios que la normativa preparada por la Superintendencia de Bancos “viene a cambiar el marco regulatorio del producto, al hacerle más de 120 cambios, prácticamente desde la ‘A’ hasta la ‘Z’, porque regula desde a quien le podés entregar una tarjeta hasta en qué horario le podés cobrar”, expresó Argüello.
Para Roses, representante de la Red del Consumidor, si bien se intenta “hasta ahora y sin mucho éxito” regular el negocio del dinero plástico, es el consumidor que tiene que estar informado para evitar que atropellen sus derechos.
“Antes de tomar una tarjeta revise el plazo del contrato, duración del contrato, la tasa de interés corriente, la tasa de interés moratoria, las cláusulas peligrosas del contrato y tomar en cuenta los cargos administrativos; membresías y seguros. Además, tomen en cuenta los montos por retiro en cajeros automáticos, las penalizaciones, la cantidad de dinero que va a utilizar en relación a su ingreso y acudir a las organizaciones defensoras del consumidor si no sabe cómo manejar la situación”, asegura Roses.
Y se cuestiona, ¿qué hacemos nosotros? “Revisamos su estado de cuenta y le acompañamos. Pero debo admitir que tenemos clientes que utilizaron la tarjeta de forma irresponsable, no se informan y toman una tarjeta sin haberla solicitado, entonces no podemos retroceder el tiempo. Aunque sabemos que es irresponsabilidad del banco dar información clara y oportuna”.
El diputado Enrique Sáenz agrega que el endeudamiento también se genera por el deterioro del empleo, la reducción de salario y que las entidades financieras “ganaron problemas al entregar tarjetas a todo el mundo y muchos clientes no tienen formación e información para saber administrar una tarjeta de crédito”, aseguró.
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