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Democracia y fragmentación de la modernidad

Una rápida y genérica descripción de los núcleos fundamentales de la democracia moderna nos indican que las ideas políticas y filosóficas de la Ilustración se establecieron como criterios fundamentales de la sociedad moderna, como el primer contrato social global de nuestro tiempo en el que los contenidos principales estaban determinados por los derechos y garantías fundamentales, la función del derecho como sistema de límites al poder, la independencia de poderes, la subordinación del poder a la ley, y el principio de la igualdad jurídica, como respaldo normativo a la idea filosófica de la preeminencia de la persona frente al Estado.

El debate sobre la democracia, que ocupa buena parte del quehacer de la filosofía política en nuestro tiempo, debe hacerse teniendo a la vista tendencias dominantes que han determinado las rupturas y restauraciones del mundo actual. Después del derrumbe del bloque socialista la democracia ha quedado, casi por completo, como la forma principal de organización del Estado y la sociedad. No obstante, desaparecidas las contradicciones externas con el sistema comunista, ha debido enfrentar, en forma más intensa, sus propias contradicciones internas.

Una rápida y genérica descripción de los núcleos fundamentales de la democracia moderna nos indican que las ideas políticas y filosóficas de la Ilustración se establecieron como criterios fundamentales de la sociedad moderna, como el primer contrato social global de nuestro tiempo en el que los contenidos principales estaban determinados por los derechos y garantías fundamentales, la función del derecho como sistema de límites al poder, la independencia de poderes, la subordinación del poder a la ley, y el principio de la igualdad jurídica, como respaldo normativo a la idea filosófica de la preeminencia de la persona frente al Estado.

Estas ideas, que se establecieron en el siglo XVIII, fueron debilitadas en el siglo XIX al consolidarse la hegemonía del mercado sobre la persona, y al configurarlo como principal sujeto y destinatario de la historia. Más que la libertad individual importaba la libertad económica, más que el ser humano, la empresa; más que el derecho y la ética, la economía. A pesar de todo, la democracia y los principios jurídicos que la sustentaban continuaron vigentes, pero subordinados al interés esencial de la economía y del mercado.

La crisis social y moral que el absolutismo de mercado produjo fue muy profunda, por lo que en la última década del siglo XIX y parte del siglo XX, la participación del Estado se presentó como una necesidad ineludible para tratar de atenuar el grave desequilibrio mediante la legislación laboral, la formación de sindicatos obreros, la convención colectiva, las políticas públicas relativas al empleo, la seguridad social, el sistema tributario, y otros aspectos esenciales a la vida económica, política y social.

La teoría de Keynes, el Estado Social de Derecho y la economía social de mercado sustituyeron lo que el Papa León XIII en su Encíclica Rerum Novarum de 1891 denominó “capitalismo salvaje”.

La relativa coherencia que las regulaciones del Estado Social de Derecho lograron establecer se rompió con la aparición del llamado neoliberalismo a partir de los años setenta del siglo pasado, en donde de nuevo, como en el siglo XIX, prevalecieron las ideas de absolutismo de mercado, estado abstencionista, llamado ahora estado facilitador, privatización de lo social y parte de la función pública, desregulación de la economía, entre otras medidas esenciales que produjeron un cambio de mundo desde las últimas tres décadas del siglo XX.

La frágil armonía surgida de la relativa coherencia entre idea y realidad, teoría y práctica, se rompió, y ese hecho esencial ha producido el resquebrajamiento del sistema de valores y relaciones que nacieron en el siglo XVIII y que se conoce con el nombre de modernidad.

Los problemas bélicos, el terrorismo y lo que Huntington ha llamado “choque de civilizaciones” han producido una recuperación determinante de la función del Estado, configurando, por una parte, un contexto caracterizado por una articulación unitaria del poder a través de sus expresiones principales, Estado-mercado, y por una ruptura entre razón y acción, teoría y práctica, por la otra, con la consecuente devaluación de la democracia entendida como sistema político y sistema de valores.

El rasgo más visible hoy es la paradoja entre la tendencia hacia la globalización y la tendencia hacia la fragmentación, entre la macrosociedad y la microsociedad, entre la uniformidad general y las etnias y culturas particulares, entre el desarrollo tecnológico y el retardo en la elaboración de una filosofía política y una ética de los valores que den respuesta adecuada a los desafíos de nuestro tiempo.

Es obvia la necesidad de una respuesta filosófica a la crisis actual y de la formulación de una teoría de la democracia que tenga en cuenta las circunstancias específicas de nuestro tiempo. Esto es necesario y debe hacerse pronto, pues las pretendidas opciones surgidas en algunos países de América Latina, principalmente la que encabeza Chávez en Venezuela, encubren bajo el poder de los nuevos caudillos y la retórica del “socialismo del siglo XXI” la formación de nuevas dictaduras y oligarquías que tratan de justificarse frente a los abusos que sin duda se han producido como consecuencia del totalitarismo de mercado.

Se requiere, sin duda, un pensamiento alternativo que replantee la idea de la democracia a partir de tres criterios claves: descentralización, participación y concertación, mediante los cuales se proponga una nueva visión del Estado, el mercado y la sociedad civil. Ciertamente no es fácil, pero se está forjando un nuevo pensamiento que no es ni el neoliberalismo ni el neopopulismo, y podría afirmarse que ante la crisis ética, una nueva ética está naciendo; ante el derrumbe de los valores, nuevos valores están surgiendo, y en medio de todo, una conciencia crítica y ese pensamiento en formación tratan de reconstruir la democracia en el plano teórico y en el práctico, proponen una visión diferente del Estado, el mercado y la sociedad civil, formulan la restauración del principio de representación ampliándolo significativamente a la ciudadanía, y sugieren la descentralización, la participación y la concertación, como mecanismos imprescindibles en la construcción de nuevos contratos sociales nacionales y regionales y de un nuevo contrato social planetario. b

La Prensa Domingo

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