Funciones de vicealcaldes van en contra de ley

Al menos tres de las diez nuevas funciones que son asignadas a los vicealcaldes del país, establecidas en el documento que salió de la Secretaría del Frente Sandinista y que ha sido aprobado de manera íntegra por alcaldías con gobiernos oficialistas, están en conflicto con la Ley 40 de municipios.

Agustín Jarquín Anaya. LA PRENSA/ARCHIVO

Anne Pérez y Gloria Picón

Al menos tres de las diez nuevas funciones que son asignadas a los vicealcaldes del país, establecidas en el documento que salió de la Secretaría del Frente Sandinista y que ha sido aprobado de manera íntegra por alcaldías con gobiernos oficialistas, están en conflicto con la Ley 40 de municipios.

Según el documento, la coordinación del área de servicios municipales es la responsabilidad número cuatro que ahora le toca a los vicealcaldes del país, por orientaciones del gobernante FSLN.

Sin embargo, el artículo 34 de la Ley 40 de municipios indica que ésa es una función del resorte exclusivo del Alcalde y que incluso, según se especifica en el artículo 35 de la misma ley, la administración de la prestación de servicios no puede ser delegada “en ningún caso”.

“Partiendo de lo que dice la ley y esta nueva normativa, prácticamente se está ejecutando un golpe de estado a los alcaldes”, valoró el presidente de la Comisión de Población, Desarrollo y Municipios de la Asamblea Nacional, Agustín Jarquín, al analizar las nuevas funciones que ya fueron aprobadas por las administraciones municipales sandinistas de Masaya, Tipitapa, y hasta ya está en la agenda de la comuna oficialista de Ciudad Sandino y Jinotepe.

“La definición de las funciones de los vicealcaldes es una situación administrativa interna, en la que debe prevalecer el respeto a la Ley 40 de municipio y demás leyes. De acuerdo a la Ley, hay funciones que no pueden ser trasladadas como las de servicios municipales, porque de acuerdo al artículo 34 de la Ley de municipios son del resorte exclusivo del Alcalde”, dijo Jarquín.

Adicionalmente, las nuevas funciones siete y ocho de los vicealcaldes también van en contra de la Ley municipal.

Según se establece en la normativa, ahora los vicealcaldes deben representar al gobierno local ante el gabinete de turismo, educación, cultura y salud.

“Pero, la representación del municipio siempre ha sido una responsabilidad del Alcalde, así que se deben revisar esos nuevos preceptos”, dijo el diputado Jarquín Anaya.

A fines del mes pasado, la primera dama Rosario Murillo envió un documento, que ya está en la agenda de las otras alcaldías sandinistas, y ordena que la primera función de los y las vicealcaldesas del país sea sustituir al Alcalde cuando sea necesario y, además, ser suplente del Alcalde ante el Concejo.

En el punto tres, los vicealcaldes deben formar parte del comité técnico o consejo de dirección de las municipalidades; además, los vicealcaldes deben coordinar y dirigir el área de Servicios Municipales. El punto seis ordena que también deben dirigir y coordinar la Secretaría de la Mujer.

Los vicealcaldes también deben rendir los informes pertinentes de sus áreas ante el Concejo y, adicionalmente, pueden asumir “cualquier otra función” que les designe el Concejo.

VEN AMENAZA POLÍTICA

A juicio del concejal conservador de Managua, Luciano García, la nueva estrategia sandinista para atribuirle más funciones a los vicealcaldes obedece a “un movimiento político para poner en jaque a los alcaldes.

“Esta nueva disposición es un circo en donde se pretende que los alcaldes entiendan que ahora son más prescindibles. Le quieren dar más poder a los vicealcaldes y eso es casi a la altura de chantaje para los alcaldes”, indicó el concejal opositor y candidato a la presidencia del Partido Conservador.

Para el concejal liberal Leonel Teller, la situación es más compleja aún. “Es una muestra más de cómo funciona esta dictadura, porque desde la Secretaría Política del Frente Sandinista se ordena qué se debe hacer en las alcaldías. Entonces, ¿dónde queda la autonomía municipal?”, cuestionó Teller, quien también es el vocero oficial del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

De acuerdo con especialistas en el tema municipal, la autonomía de las alcaldías ha quedado en entredicho en las últimas semanas, cuando tres alcaldes, tres vicealcaldes y cuatro concejales fueron destituidos de sus puestos sin que se cumplieran con los requisitos de ley.

Adicionalmente, el Consejo Supremo Electoral se aprestó a juramentar a nuevas autoridades, sin permitirle el derecho a la defensa de los destituidos.

Dos de los afectados, el ahora ex Alcalde sandinista de Dolores, Jader Ramos y el ex Alcalde sandinista de Jinotepe, Leonel Rojas, estuvieron presentes en la comisión de municipios del Legislativo.

“Estuvieron en la comisión porque abrimos un expediente para analizar sus casos. Lo que nos interesa es que se cumplan todas las prerrogativas de las leyes”, dijo el presidente de la comisión legislativa de municipios, Agustín Jarquín.

¿O ACEPTAN O SE VAN?

Roberto Courtney, director ejecutivo de Ética y Transparencia, señaló que la decisión de la Primera Dama de transferir atribuciones a los vicealcaldes puede responder: uno para hacer el trabajo más efectivo de cara a la ciudadanía, y dos, para hacer el trabajo más efectivo dentro del ámbito político o por una concepción política de subordinación de los gobiernos locales al gobierno central.

“Pero en este sentido parece estar claro que se busca lo último, una posibilidad de fortalecimiento al verticalismo disciplinario y de control de parte del Gobierno central en detrimento de la autonomía”, señaló Courtney.

Asimismo añadió que el mensaje para el alcalde es, “o le da el visto bueno a la lista de funciones o se va”. El director de EyT, dijo que al parecer el nuevo diseño es parte de un modelo más vertical y menos autonómico.

Por su parte, Julio Icaza Gallar, experto en Derecho Internacional, dijo que hay una línea de acción dirigida a consolidar el poder en las municipalidades que se robaron en el 2008, “ahí todavía quedaron personas que no son totalmente disciplinadas y están siendo desplazadas a través de decisiones ilegales”.

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