Políticos de oposición consideran que la posible aceptación de las Cartas Credenciales al embajador Francisco Campbell de parte del gobierno de Estados Unidos dejaría en evidencia una doble moral de esa administración que pregona el respeto al orden jurídico y constitucional y los pesos y contrapesos de los diversos poderes del Estado, pero acoge a un funcionario que carece de la legalidad establecida en el orden jurídico de su país.
Francisco Obadiah Campbell Hooker fue nombrado Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Nicaragua ante el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través del Acuerdo Presidencial número 106-2010 del 14 de mayo de este año y ya recibió el placet de aceptación de dicho gobierno.
Sólo le resta entregar sus cartas credenciales al presidente Barack Obama para comenzar a ejercer sus funciones. Algo que según declaraciones recientes del Embajador de Estados Unidos en Nicaragua Robert Callahan podría ocurrir en los próximos días.
Pero el artículo 2 de dicho acuerdo establece que debe enviarse a la Asamblea Nacional para su debida ratificación no ha sido cumplido, por lo tanto el nombramiento carece de legalidad.
OTRA VIOLACIÓN A LA CONSTITUCIÓN
Es por ello que el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Francisco Aguirre Sacasa, considera que si Campbell asume el cargo será a través de otra violación a la Constitución promovida por el presidente Daniel Ortega. Pero que Estados Unidos al acogerlo, también contribuiría con ese irrespeto.
- La Constitución Política de Nicaragua en su artículo 138, inciso 30, establece que la Asamblea Nacional debe “ratificar en un plazo no mayor de quince días hábiles, con el voto favorable del sesenta por ciento del total de diputados, el nombramiento hecho por el Presidente de la República a los Ministros y Vice- Ministros de Estado, Procurador y Subprocurador General de la República, Jefes de Misiones Diplomáticas, y Presidentes o directores de Entes Autónomos y gubernamentales”.
El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Francisco Aguirre Sacasa, aclara que aunque este requerimiento relativamente es nuevo, entró en vigencia en enero del 2008, ya pasó el tiempo suficiente para que sea reconocido y respetado. La disposición es parte de las reformas que se aprobaron en el 2005, pero su entrada en vigencia fue posterior.
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“Se harían daño ellos mismos porque tendrían un interlocutor que no contaría con la legitimidad que le debe otorgar la Asamblea Nacional. Y sería un irrespeto al Estado de Derecho y al esquema constitucional que impera en Nicaragua a partir de enero del 2008. Y como los Estados Unidos se han caracterizado por el respeto al Estado de derecho y los pesos y contrapesos de los poderes del Estado, sería como tener una doble moral, una válida para ellos y otra para las repúblicas bananeras”, señala Aguirre Sacasa.
Para el ex canciller Aguirre si la administración Obama obvia que el nombramiento de Campbell no cumple los requerimientos, demostraría un desdén por el orden constitucional de Nicaragua.
“Me cuesta creer que el Departamento de Estado exponga al presidente Obama a una situación de este tipo, porque ellos saben que existen esos requisitos y no basta con decir que son cuestiones de los nicas… Fui canciller y nunca habría permitido a un Embajador de Estados Unidos presentar Cartas Credenciales sin haber sido ratificado por el Senado, porque sería ilegítimo”, afirmó Aguirre.
El ex canciller y actual diputado Eduardo Montealegre difiere de Aguirre, pues considera que Estados Unidos ni ningún otro país es policía para velar porque se cumplan las leyes de otros países, y que son los nicaragüenses los que deben hacer cumplir sus leyes.
INFORMAR A HILLARY CLINTON
Para Montealegre además de la violación a la Constitución que comete el presidente Ortega al no cumplir con la disposición, Campbell también cometería una ilegalidad al presentar sus Cartas Credenciales, pues sabe que su nombramiento no es legal porque carece de la ratificación del Legislativo.
Considera que lo adecuado es que la Comisión de Asuntos Exteriores envíe una comunicación a la Secretaria de Estado Hillary Clinton para informarle los detalles de la situación del nombramiento de Campbell.
Aunque comparte el criterio de Aguirre de que Estados Unidos no debería recibir las credenciales del funcionario, dice que habría que esperar la decisión que tomen, ya que dependerá de la política que ellos tengan establecida para estos casos. “Es nuestra obligación hacerle ver de una manera oficial a la secretaria de Estado la ilegalidad del nombramiento del señor Campbell, no de la decisión que ellos tomen”, señala Montealegre.
Víctor Hugo Tinoco, ex vicecanciller y actual diputado del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), también considera que son los nicaragüenses los que están obligados a frenar a Ortega para impedir que siga cometiendo abusos contra las leyes y el Estado de Derecho.
Considera que Estados Unidos tratará de no inmiscuirse en el problema para no correr el riesgo de ser señalado de intervenir en asuntos internos de Nicaragua. Sin embargo, advierte que reconocer a un embajador que no lo es porque no ha sido ratificado, va más allá de hacer un señalamiento, porque éste no es sólo un problema de nombramiento, sino de violación al Estado de Derecho.
“Deberían examinar esa situación porque va más allá del nombramiento. Tiene que ver conque si ellos van a contribuir o no a la defensa de las instituciones y de las leyes para que haya países estables en Centroamérica y que haya una sociedad estable en Nicaragua. Posiblemente no quieren meterse en esto que es un problema de los nicaragüenses y que nosotros vamos a resolver, pero deberían examinar la situación”, apuntó Tinoco.
SE HARÁ EN SU MOMENTO
A la fecha la solicitud de ratificación de Campbell, de al menos otros diez embajadores y otros funcionarios del gabinete del gobierno orteguista, no han sido enviadas a la Asamblea Nacional para su ratificación.
Aguirre y Tinoco no creen que el presidente Ortega se abstenga de solicitarlas por temor a no contar con los 56 votos necesarios para aprobarlas, ya que las bancadas han reiterado su disposición de colaborar en los nombramientos. Por el contrario, lo atribuyen a su deseo de demostrar su espíritu autoritario y su vocación de violador de la Constitución.
Por su parte la diputada sandinista Alba Palacios restó importancia a la falta de ratificación del nombramiento y aseguró que en su momento, cuando el presidente Ortega lo determine, se ratificará. La legisladora dice que “solamente sabe lo que salió publicado en La Gaceta”, porque el presidente Ortega aún no lo ha enviado, pero una vez que lo haga, lo “discutirán y lo aprobarán”.
Según Palacios, el nombramiento de Campebell es legal porque se cumplió con el requisito de establecer en el decreto, que debe ser ratificado por la Asamblea Nacional. Alega que no existe una fecha determinada para que los diputados completen dicho requisito, por lo que considera que el nombramiento no violenta las leyes.
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