La negación de su cédula de identidad al jefe de redacción de LA PRENSA, Eduardo Enríquez, es claramente una mezquina venganza de las autoridades del Consejo Supremo Electoral por las denuncias de la corrupción, ineficiencia e irresponsabilidad imperantes en ese poder del Estado que han sido publicadas en este Diario. Pero ante todo constituye un flagrante atropello a los derechos humanos, la Constitución y la ley.
A Eduardo Enríquez le robaron su cédula de identificación hace casi dos años, cuando fue víctima de un asalto. Desde entonces ha llenado todos los requisitos necesarios para la reposición de su documento de identidad, pero la respuesta del Consejo Supremo Electoral —a cuyo cargo está el departamento de cedulación ciudadana— ha sido negativa, a pesar de que una reposición de cédula no requiere de mayores trámites ni necesita mucho tiempo.
Es tan insólita y grave esta arbitrariedad de la que es víctima el jefe de redacción de LA PRENSA, que el caso ha trascendido internacionalmente y se ha convertido en materia de estudio, como una singular violación del derecho natural, inalienable y sagrado a la identidad personal. En realidad, en el mundo en el cual vivimos, para todos los efectos legales que son indispensables en la existencia social una persona sólo existe si posee un documento de identidad personal expedido por el Estado.
De acuerdo con la doctrina del derecho “la identidad es el hecho comprobado de ser de una persona… constituye la determinación de la personalidad individual a los efectos de las relaciones jurídicas…”, de manera que la cédula de identidad es indispensable prácticamente para todo. La Ley de Identificación Ciudadana, que fue promulgada el 5 de marzo de 1993, establece en su Artículo 4 que: “La presentación de la Cédula de Identidad Ciudadana es indispensable para a) Ejercer el voto de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Ley Electoral; b) Tomar posesión de cargos públicos; c) Celebrar contratos de trabajo; ch) Obtener o renovar pasaporte, licencia de conducir, carné del Seguro Social, Cédula del Registro Único del Contribuyente y cualquier otro documento de esta naturaleza; d) Recibir pagos o giros del Estado, de los municipios o de las instituciones autónomas; e) Realizar operaciones bancarias; f) Solicitar inscripciones en los registros del estado civil de las personas, registros públicos de la propiedad inmueble, registros mercantiles y de la propiedad industrial y en cualquier otra Institución Pública; g) Concurrir ante notario; h) Contraer matrimonio civil, salvo el caso de que se realice en peligro de muerte; i) Matricular a los hijos o pupilos en escuelas y/o colegios públicos o privados j) Matricularse en colegios, universidades y cualquier otro centro de enseñanza, cuando el solicitante sea mayor de dieciséis años; k) Iniciar acción judicial y realizar cualquier otra gestión ante los tribunales de justicia y demás organismos estatales, regionales y municipales; l) Cualquier otra diligencia u operación en las que se deba acreditar la identificación personal”.
Precisamente porque quien no tiene cédula de identidad no existe legalmente, es que en el artículo 3 de la misma Ley de Identificación Ciudadana se consigna que: “Todos los nicaragüenses que hayan cumplido los dieciséis años de edad tienen el derecho y el deber de obtener su respectiva Cédula de Identidad y el Estado la Obligación de otorgarlas”. De manera que la negación de su cédula a una persona constituye un delito debidamente calificado en la Constitución y tipificado en el Código Penal de Nicaragua, y peor si se comete como represalia política y para reprimir la libertad de expresión y de información, como es el caso del que está siendo víctima el jefe de redacción de LA PRENSA, Eduardo Enríquez.
La negación de la cédula de identificación significa el exterminio de la identidad de la persona, es una forma particularmente perversa de represión que ha sido favorita de los regímenes totalitarios de derecha y de izquierda. Los nazis eliminaban hasta los nombres de las personas a las que reprimían y encarcelaban, las que sólo se podían identificar por un número que les era grabado en la piel, con un fierro candente.
En Nicaragua, bajo el actual régimen orteguista sólo se está exterminando la identidad legal de personas desafectas al régimen, como es el caso del periodista Eduardo Enríquez. Pero se podría llegar a los extremos practicados por el totalitarismo fascista y comunista. Como dijera Primo Levi, el famoso escritor italiano sobreviviente de los campos de concentración nazis, lo que ya ocurrió podría volver a ocurrir.