Mi Punto de Vista
Los representantes de las Cortes Supremas de Justicia de Iberoamérica que estarán en Nicaragua los días 7, 8 y 9 de julio próximo deben saber lo que está pasando en el Supremo Tribunal de este país, para que no vengan a legitimar flagrantes violaciones al Estado de Derecho por parte de magistrados del régimen dictatorial del presidente Daniel Ortega Saavedra.
El gobierno de Ortega, por el momento, tiene bajo cierto control en la Asamblea Nacional a la oposición, por la actitud oportunista de algunos diputados; sin embargo la defensa de la democracia se desarrolla en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Como dijo el experto en Derecho Constitucional, Gabriel Álvarez, hay que hacer notar la posición de legalidad que los magistrados liberales mantienen dentro del Alto Tribunal.
El problema en la CSJ es de grandes proporciones y de consecuencias graves. Nunca antes en la historia de la Corte ha habido tantos atropellos y cinismo como ahora. Primero, la aprobación de un documento por un club de amigos de Ortega que reforma la Constitución Política y que supuestamente le permite presentarse para la reelección. Segundo, una magistrada que estando de vacaciones firma un documento que supuestamente radica el conflicto de competencia entre la Asamblea Nacional y el Poder Ejecutivo. Tercero, la firma de un documento en el que dos magistrados en funciones y uno que ya no lo es le quitan el escaño parlamentario al ex candidato presidencial del PLC, José Rizo. Cuarto, una primera vocal que asume las facultades de presidente de la CSJ y dos abogados que no son magistrados integran la nonata Corte Plena. Todo ello sin contar otras tantas ilegalidades en la CSJ hechas por los magistrados del régimen tiránico.
Ayer los seis magistrados liberales, a través del magistrado Manuel Martínez Sevilla, hicieron saber a sus seis homólogos orteguistas que impugnan la competencia de la primera vocal, Alba Luz Ramos Vanegas, a comparecer como presidenta y que rechazan la presencia de los dos abogados Rafael Solís y Armengol Cuadra. Y le exponen a Ramos Vanegas, como nueva líder del grupo orteguista, que ellos tienen toda la disposición de buscar solución a la crisis de la Corte Suprema de Justicia, siempre y cuando lo hagan los 12 magistrados constitucionalmente en funciones.
Ramos Vanegas debe estar clara de que el obstáculo para que la CSJ se organice y vuelva a la normalidad se llama Rafael Solís y Armengol Cuadra. Que mientras ellos estén usurpando la magistratura, ella asumirá el costo político de todo lo que ahí se produzca por la prepotencia de estos abogados. Solís está acostumbrado a comportarse como si estuviera en su hacienda. Él ordena, ofende, dirige turbas contra un hotel en Managua, habla lo que quiere, firma documentos ilegales y no pasa nada. Ya basta de esta impunidad.
A nivel nacional e internacional está claro que todo lo actuado por los magistrados del régimen de Ortega es ilegal. La propia magistrada Ramos cuando dejó de ser magistrada no se acogió a ningún decreto ni al artículo 201 de la Constitución Política para quedarse en la CSJ; quedó como asesora y se incorporó hasta que fue nombrada por la Asamblea Nacional. Ahora Daniel Ortega y Rafael Solís la obligan a hacer lo que ella no hizo por respeto a sí misma.
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