CORRESPONSAL/MATAGALPA
[/doap_box][doap_box title=” Funcionarios desconocen” box_color=”#336699″ class=”aside-box”]
“Existe un desconocimiento generalizado por parte de los funcionarios públicos de la Ley 202 y otras normas nacionales e internacionales relacionadas con la discapacidad, lo que limita el acceso al trabajo de las personas con discapacidad”, refiere el informe.
Agrega que “no existen procesos de sensibilización y capacitaciones dirigidos a los funcionarios públicos, para lograr un trato inclusivo al trabajo para las personas con discapacidad” y destaca la “falta de coordinación por parte del Ministerio del Trabajo con las demás instituciones públicas y privadas para organizar un plan de empleo dirigido a las personas con discapacidad”.
Según la PDDH, de los 8,069 empleados en las entidades públicas fiscalizadas en Matagalpa y Jinotega, sólo el uno por ciento (81) son personas con discapacidad, incumpliendo el artículo 13 de la Ley de Prevención, Rehabilitación y Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (Ley 202), que establece la obligación de toda empresa estatal, privada o mixta de contratar a una persona con discapacidad por cada 50 contratadas en planilla.
“Se constató que del total de personas con discapacidad que trabajan en las instituciones fiscalizadas, ninguna fue contratada en cumplimiento de lo establecido en la Ley 202, ya que las mismas laboran desde antes de la entrada en vigencia de la ley, esto confirma la inexistencia de acciones concretas por parte de las instituciones para aplicarla y cumplirla, con relación a la contratación de personal”, explicó el coordinador regional de la PDDH, Concepción Andino.
[/doap_box]
Sin ser vistos como sujetos de derechos, las personas con discapacidad continúan siendo consideradas como “inferiores” y “un problema de salud”, concluyó un estudio sobre políticas públicas realizado en cuatro municipios del departamento de Matagalpa por la Organización de Ciegos de Matagalpa Luis Braille (OCMLB).
Mientras que un informe de fiscalización al cumplimiento del derecho al trabajo digno de las personas con discapacidad en las instituciones del Estado, hecho por la delegación regional de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), aplazó a cuatro delegaciones de Gobierno y a las alcaldías en las cabeceras departamentales de Jinotega y Matagalpa.
El estudio de la OCMLB fue hecho en los municipios de Matagalpa, Sébaco, San Ramón y El Tuma-La Dalia, donde las personas con discapacidad sufren todo tipo de discriminación, explicó Gloria Gutiérrez, directiva de esa organización.
Otro estudio, hecho a finales del año pasado por la brigada cubana-nicaragüense Todos con Vos, concluyó que en el departamento de Matagalpa viven más de ocho mil personas con discapacidades, prevaleciendo la discapacidad intelectual.
SIN APOYO
De acuerdo con el análisis de la OCMLB, hombres y mujeres con discapacidad carecen de oportunidades de empleo, tampoco acceden a créditos, no tienen oportunidad para adquirir una vivienda y no existen políticas que promuevan facilidades para que puedan obtenerla y sufren de violencia y maltrato en sus hogares.
Asimismo, la OCMLB concluye que todavía persisten barreras que impiden que las personas con discapacidad puedan integrarse a la sociedad y entre éstas señala que los medios de transporte público carecen de condiciones, que las aceras y las calles tienen muchos obstáculos, las instalaciones públicas y privadas son inaccesibles porque no hay rampas en las entradas, si hay gradas no tienen la altura adecuada y tampoco hay servicios especiales.
Respecto del derecho al trabajo digno de las personas con discapacidad, la PDDH fiscalizó a las delegaciones departamentales del Ministerio del Trabajo (Mitrab), Ministerio de Salud (Minsa), Ministerio de la Familia (Mifamilia) y Ministerio de Educación (Mined), así como a las alcaldías en las cabeceras departamentales de Matagalpa y Jinotega.
Ver en la versión impresa las páginas: 8 B