Ahora que Amnistía Internacional presenta nuevas pruebas de cómo la represión en Cuba está afectando a toda la sociedad de la isla, en vez de sólo a los disidentes como quisiera el Gobierno, tal vez surgen nuevas voces desde la izquierda latinoamericana condenando esos atropellos.
Cuando se habla de Cuba, algunos gobiernos y partidos de América Latina parecen ignorar las violaciones graves a los derechos humanos en esa nación, aunque sí están prestos a señalar el bloqueo económico de Estados Unidos al régimen de los hermanos Fidel y Raúl Castro.
El informe de Amnistía, divulgado en la última semana, detalla cómo el gobierno cubano, para frenar las críticas y mantener el control total de la población, causa daño a toda la sociedad al negarle “la exposición a información e ideas más allá de las aprobadas por las autoridades”.
Raúl Castro, además de limitar la libertad de expresión, reprime derechos humanos como la libre asociación, reunión pacífica y circulación. Con frecuencia usa “la detención arbitraria, los interrogatorios y advertencias en estaciones de policía y otras formas de detención temporal para intimidar a quienes critican el sistema estatal imperante”, provocando “un clima de temor”, denuncia Amnistía.
Creo por eso que, al margen de si el bloqueo estadounidense debe ser levantado o no, es inadmisible justificar el atropello sistemático a los derechos humanos de la población de Cuba por el gobierno castrista.
El bloqueo ha servido a los Castro para justificar la represión, pero Amnistía señala que una cosa no tiene que ver con la otra y, además, el régimen ha tratado de engañar a la comunidad internacional firmando convenios que nunca cumple.
Por muy perjudicial que sea el impacto del embargo económico estadounidense, “es una pobre excusa para violar los derechos de la ciudadanía, ya que no reduce, en modo alguno, la obligación del gobierno cubano de proteger, respetar y hacer realidad los derechos humanos”, precisa el informe.
En tiempos de presiones internacionales, Castro ha suscrito compromisos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), y después ha seguido restringiendo la libertad de expresión e impidiendo la entrada a la isla de organismos defensores de los derechos humanos.
Esa política castrista es “corta de miras e innecesaria en un país que afirma aspirar a las normas más elevadas de derechos humanos”, observa Amnistía Internacional. “Los gobiernos no pueden ser selectivos respecto a qué derechos humanos respetar; deben respetarlos todos”.
Sin embargo, hay partidos de izquierda en distintos países del continente, ahora defensores de principios y valores democráticos, que tratan el caso de Cuba con sumo cuidado, evitando confrontar o denunciar al régimen de Castro, lo que deja en entredicho su evolución hacia la democracia.
Sería inconcebible, por ejemplo, que líderes de esa izquierda democrática en Nicaragua, que se enfrentan a Daniel Ortega y denuncian sus violaciones a los derechos humanos, callen ante los abusos de Castro en Cuba, sobre los cuales nadie puede alegar ignorancia en estos tiempos de abundante información a la mano.
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