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Freddy Potoy Rosales

Represión judicial del orteguismo

No cabe duda que el régimen de represión del Presidente de la República, Daniel Ortega Saavedra, utiliza todos los mecanismos posibles para la instauración de un indeseable sistema político que atenta contra los derechos fundamentales de los nicaragüenses.

Pero no sólo eso. Utiliza como operadores políticos a funcionarios públicos de distintas instituciones del Estado, a fin de reprimir y neutralizar a los nicaragüenses que piensen distinto al orteguismo.

Ahora, en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los magistrados que representan a la dictadura de turno, pretendiendo utilizar facultades legislativas que no les confiere la Constitución, ya amenazaron con destituir a sus colegas liberales, y como si fuera poco, también los han intimidado con encarcelarlos. Típicos métodos represivos de la década del ochenta, cuando las mazmorras “alojaban” a quienes no pensaban como el gobierno de los nueve comandantes.

Todas estas acciones dictatoriales deben convertirse en ese punto de inflexión en la curva descendente del orteguismo, sobre todo a poco más de un año de las elecciones nacionales, ocasión que tendrá la mayoría de los nicaragüenses de sacudirse a un régimen que reedita el sistema oprobioso del pasado.

Dada la delicada situación que atraviesa la democracia en Nicaragua, frente a las perversidades de un jefe de Estado acostumbrado a gobernar manu militari, como en el pasado, es necesario que la población castigue con su voto al “clan Ortega-Murillo” y a su partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

El viernes pasado los magistrados liberales de la CSJ, respecto al punto del acuerdo sobre “Aprobación del Procedimiento para la Integración de los Conjueces a Corte Plena o a cualquiera de las Salas”, recordaron que en la Asamblea Nacional existe un dictamen positivo de la Comisión de Justicia del 29 de enero de 2009, sobre el Proyecto Ley de Conjueces de la Corte Suprema de Justicia, proyecto presentado en agosto del 2007 por los diputados Augusto Valle, José Pallais, María Lidia Meneses, Gabriel Rivera y Wálmaro Gutiérrez, todos de diferentes bancadas parlamentarias. Por tanto, no hay ley que regule la incorporación de los conjueces y hacerlo, sería arbitrario.

Asimismo, los liberales expusieron que la Constitución Política establece que la Corte Suprema de Justicia se integra por 16 magistrados, no por conjueces, y pretender integrarla permanentemente con los conjueces sería disolver la integración de la misma.

“Los conjueces no pueden participar en la organización e integración de sus Salas de la Corte Suprema de Justicia porque ésta es una potestad exclusiva de los magistrados propietarios constitucionalmente electos, de acuerdo al artículo 163 de la Constitución Política, la Corte Suprema de Justicia se integrará en Salas, cuya organización e integración se acordará entre los mismos magistrados, conforme lo estipula la Ley de la materia”, explica el documento que entregó el viernes pasado el magistrado Manuel Martínez Sevilla, en representación de sus colegas liberales.

Estos planteamientos de los magistrados liberales dejan claro que hacer lo contrario a lo establecido en la Constitución y demás leyes, simplemente es destruir la institucionalidad, cosa que pretende hacer el orteguismo desde su posición de poder político, económico y militar. Sin embargo, la mayoría del pueblo, que sufre los estragos de este régimen, tiene en sus manos quitar a Ortega mediante el voto y reencontrar el camino de la democracia y el desarrollo en el 2011.

Columna del día Opinión
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