Por Kathia Martínez
PANAMÁ/AP
Las autoridades levantaron las órdenes de arresto contra 17 dirigentes sindicales, al tiempo que obreros de la construcción y educadores públicos paralizaron sus labores demandando la derogación de una ley que reforma normas laborales.
La suspensión de los arrestos fue anunciada por la fiscalía auxiliar.
El abogado Martín González, quien representa a varios dirigentes sindicales, dijo que se “dejó sin efecto la conducción de 17 personas”, en lo que calificó como un intento de las autoridades por bajar las tensiones, en atención a un llamado de la iglesia Católica.
Los dirigentes habían denunciado un clima de “intimidación” por parte del gobierno.
La paralización fue convocada por el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO), integrado principalmente por organizaciones magisteriales, ambientales, de la construcción, de la industria y sociales.
En la capital se observó una paralización completa en obras de construcción y en algunas se registró la presencia policial.
Maestros y profesores de escuelas públicas se sumaron a la medida de protesta, por lo que las clases en la capital fueron irregulares.
“El paro fue un total éxito”, dijo a la AP Luis González, dirigente de Sindicato Unico de Trabajadores (SUNTRACS), la mayor organización obrera del país.
El movimiento sindical exige la derogación de la llamada Ley 30, aprobada en junio, y que ha sido cuestionada por sectores obreros, ambientales y sociales como “inconsulta”.
La norma, dirigida a impulsar la aviación comercial en el país, incluyó además reformas a los códigos laborales, penales y a la ley de la Fuerza Pública, entre otros.
Los trabajadores dicen que la norma atenta contra el derecho a huelga y elimina la obligatoriedad a las empresas del cobro de una cuota a los obreros que se destina a los sindicatos.
El presidente Ricardo Martinelli llamó en la víspera al diálogo, y calificó la huelga como innecesaria.
“Antepongamos el bienestar de todos los panameños y juntos busquemos una solución a los problemas que nos aquejan”, señaló.
Previamente, los trabajadores de la bananeras en la provincia occidental de Bocas del Toro se mantuvieron en huelga durante once días en rechazo a la ley.
Las protestas derivaron en violentos enfrentamientos entre obreros y la policía que dejaron dos muertos y más de un centenar de heridos. Varias decenas de trabajadores sufrieron heridas en los ojos.
Martinelli logró calmar la crisis en Bocas del Toro al llegar a un acuerdo con los obreros, que estableció la suspensión de los artículos polémicos de la ley en materia laboral, y puso un periodo de 90 días en el que diferentes sectores de la sociedad buscarán un consenso.
Los trabajadores de la construcción y los maestros consideraron, empero, el acuerdo como un engaño.
