Nicaragua cuenta con suficientes mantos acuíferos para garantizar el abastecimiento a toda la población; sin embargo, el acelerado proceso de degradación ambiental está reduciendo la disponibilidad del agua en algunas zonas donde habrá que sumarle los efectos adversos que ocasiona el cambio climático.
Luego de casi tres años de esfuerzo por parte de las organizaciones ambientalistas, finalmente la Asamblea Nacional aprobó, en mayo pasado, la Ley Especial de Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS).
Una legislación, pionera en Centroamérica, que pretende facilitar y hace más expedita la participación de la comunidad.
“Nicaragua tiene una base legal en términos de dotación de agua y protección del ambiente muy sólida. Pero estas juntas de agua a nivel local van a tener una base legal para trabajar de la manera más eficiente y contribuir al logro de alcanzar agua para toda la población”, expresó Jorge Luis Prosperi, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Los CAPS son organizaciones comunitarias sin fines de lucro, que realizan acciones que contribuyen a la gestión integrada de los recursos hídricos.
MÁS DE CINCO MIL
Según indicó Carlos Avilés, presidente nacional de Jóvenes Ambientalistas en el país, existen cerca de 5,300 CAPS que son los que se encargan de gestionar el abastecimiento de agua, sobre todo en zonas rurales.
“Se han conseguido fondos y algunos proyectos para los abastecimientos a nivel local; pero son principalmente los CAPS, los líderes, los que al ver la necesidad que existe en las comunidades del abastecimiento del agua, actúan para poder llevar el agua, viéndolo desde el punto de vista de sustentabilidad, de equidad y de cantidad”, señaló Avilés.
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