Frente a la casa número 85, bajo esta terca lluvia, una pareja pasa en su camioneta buscando casa nueva. Están en residencial Las Delicias, un nido de problemas en los últimos meses.
La número 85 pertenece a Mabel Espinoza, una ingeniera que dejó su vida tranquila en el Riguero para mudarse aquí.
Desde hace unos días un rótulo en su casa ahuyenta al interesado en comprar. “Las casas no sirven”, se resume en los vidrios de enfrente de la propiedad que le cuesta 44 mil dólares al crédito, el doble de lo que hubiera pagado al contado.
La mala construcción del reparto Las Delicias sería una noticia más en los diarios, si no fuese porque fue financiada por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) en uno de los préstamos irregulares que ha hecho el presidente del INSS, el capitán retirado Roberto López Gómez, a empresas vinculadas con la institución donde sirvió.
El 22 de abril de 2008, López explicó a la Contraloría General de la República el financiamiento que hizo a Desarrollo Xolotlán S.A. (Dexosa), compañía adscrita al Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), del cual López es directivo, y en resumen la que tiene a cargo la construcción del reparto cuestionado.
El IPSM es el brazo financiero del Ejército de Nicaragua y el que está obligado a pagar las pensiones de sus oficiales, según su ley creadora.
El préstamo fue conceptualizado bajo el término capital de trabajo. El INSS se lo cedió a un plazo de 24 meses en que los militares debían pagar, además de los 3.65 millones de dólares, los intereses que representan el 10 por ciento anual sobre el saldo.
López, quien ocupa un puesto en la directiva del IPSM, le dio a Dexosa un período de gracia de tres meses de interés y seis sobre el principal y nunca se refirió al notable conflicto de interés que representa el financiamiento a los militares tratándose de su caso.
El negocio de los militares no lo ignoran los habitantes, pero ellos piden que se haga algo para evitar ese mal olor que sale de una planta de procesamiento de heces instalada a 300 metros.
El otro problema es la calidad del agua. Espinoza y su cuñado, Norberto Pérez, también ingeniero, dicen que del grifo sale agua con color a tierra y un examen que practicaron expertos del Ministerio de Salud les arrojó que el agua está mal.
- Tito Castillo Salaverry, gerente de Innicsa, no quiso referirse al préstamo irregular que el Seguro Social le hizo a Dexosa. “Ése no es el tema actual. Ése es otro tema del que no estoy autorizado a hablar. Éste es un tema ambiental”, aseguró.
La versión es desmentida por los pobladores como Mabel Espinoza, a quien sus problemas también se le multiplicaron desde la mala numeración que hicieron. Mientras en los recibos de servicios que llegan a su casa se lee que es la número B85, igual que en el contrato y demás documentos legales, el que pusieron en el frontis es otro. Está equivocado.
[/doap_box]
“Nos salieron que tenía bacterias y huellas de que ahí había heces”, asegura Espinoza, reclinada en su casa. El mismo relato hacen otros afectados. Edgar Palacios, otro de los emproblemados, así como Espinoza y Pérez, narran que de los techos se filtra el agua y tienen problemas con el sistema eléctrico.
Palacios fue a una reunión la mañana del martes con la inmobiliaria Innicsa, otra de las empresas del grupo del IPSM. El gerente Tito Castillo Salaverry se molestó con la publicación del lunes en LA PRENSA y les prometió que técnicos de Enacal haría prueba durante tres días al agua hasta dejarlos tranquilos.
Según Palacios, Castillo Salaverry les dejó claro que no quiere que se politice el caso, una alusión que nadie entiende porque en el lugar no se ven políticos, sino militares. Basta dar una vuelta alrededor y ahí está un rótulo de Constructores Nicaragüenses Asociados (Coniasa), otra de empresas del Instituto.
Castillo Salaverry incluso es vigilante de la junta directiva de Coniasa, presidida por el general retirado Adolfo Chamorro Tefel, jefe en un tiempo del IPSM.
La maquinaria que trabaja en el residencial dice “Obras de Ingenieros S.A.”, otra más del conglomerado.
“NEGOCIOS INMORALES”
Para Jorge Toledo Aguilar, quien denunció el préstamo irregular a Dexosa codificado bajo el número 02-SS-II-06-31-03-08 en la CGR, la mala construcción del reparto es una inmoralidad.
“Es una fotografía de todos los militares en el mundo. Así son en América Latina. Sólo buscan su provecho. Ahora bien, ellos encontraron su huaca en el Seguro Social, consiguieron dinero para financiar su construcción. Y dicen que son de interés social, de interés social son casas que se venden (con cuotas de) 60 dólares (mensuales), pero 200 nada de social tiene. Es una verdadera canallada”, se lamenta Toledo Aguilar .
Basta revisar los documentos de adquisición de las viviendas para darse cuenta que el banco en que participan los militares también financian. Es el Banco de Finanzas y la aseguradora es Metropolitana, también con presencia de ellos. Los dividendos se multiplican, sin embargo en la Comandancia General el caso es visto como algo independiente.
EJÉRCITO SE LAVA LAS MANOS
El coronel Juan Ramón Morales, vocero del Ejército, mira el asunto como negocios de sociedades anónimas independientes.
“Es un proyecto que lo ha construido una sociedad anónima que se denomina Innicsa”, asegura, pero tampoco niega que estén vinculadas al IPSM, dirigido por un militar, el general Oscar Mojica Obregón, y presidido por el actual jefe de la institución armada, general de Ejército Julio César Avilés Castillo.
En la casa número 85, Norberto Pérez dice que cuando ellos recibieron las viviendas uno de los apellidos les sonó conocido. La arquitecta Rita Halleslevens, gerente de proyectos en Dexosa, firma el acta de recibido. Los vecinos la señalan de ser pariente del antecesor de Avilés Castillo en la comandancia militar, Omar Halleslevens Acevedo.
Los negocios de los militares se multiplican en el Estado. Según un informe interno del IPSM, al 31 de diciembre de 2007, el capital era de 65 millones 459 mil 970 dólares.
El año pasado, gracias a las influencias de Roberto López, presidente del INSS, la constructora militar Coniasa obtuvo irregularmente un contrato de más de seis millones de dólares con el Seguro Social para construir el Hospital Solidaridad en Managua.
López aportó 300 mil dólares para constituir una distribuidora de medicinas en la que el IPSM tiene participación a través de otra sociedad anónima, miembro de su conglomerado.
Ver en la versión impresa las páginas: 1 A ,3 A
