Son muchas las personas demócratas de Nicaragua que se angustian porque no ven posibilidad de solución de la crisis que sufre el país, y ante la posibilidad de que Daniel Ortega se vuelva a reelegir, consolide su nueva dictadura y se perpetúe en el poder.
Teóricamente, si se aplicara la ley y se respetara la Constitución Política de Nicaragua sería factible resolver la crisis, evitar que el país caiga en las garras de una nueva dictadura, fortalecer la democracia, ampliar las libertades públicas e individuales e impulsar el crecimiento económico y el desarrollo social que tanto necesita la población nicaragüense.
En realidad, para poner fin a la crisis, recuperar la República y reconstruir la gobernabilidad democrática del país — la cual es indispensable para promover el crecimiento económico e impulsar el desarrollo social—, bastaría con que Daniel Ortega retirara el inconstitucional y arbitrario decreto que mantiene en los cargos estatales a quienes ya concluyeron sus períodos legales; que la Corte Suprema de Justicia anulara la falsa resolución de los 6 magistrados orteguistas que en octubre del año pasado se arrogaron la facultad de suspender la vigencia del artículo 147 de la Constitución que prohíbe la reelección presidencial; que el presidente de la Asamblea Nacional revocara su disparatada disposición de exhumar una disposición constitucional transitoria extinguida hace más de veinte años, para sostener el antes mencionado decreto de Daniel Ortega.
La crisis institucional se resolvería si Daniel Ortega respetara la Constitución como lo prometió el 10 de enero de 2007, y dejara de insistir en otra reelección presidencial que es prohibida constitucionalmente; si Ortega garantizara la realización de elecciones libres y transparentes en noviembre del próximo año, bajo la observación independiente nacional y extranjera; si los diputados de las diversas bancadas parlamentarias escogieran por consenso un nuevo Consejo Supremo Electoral integrado por tres representantes del Gobierno, tres de la oposición y como séptimo magistrado una persona neutral y confiable escogida de común acuerdo por el oficialismo y la representación opositora; si de ese mismo modo transparente y democrático las bancadas parlamentarias eligieran a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los otros altos funcionarios estatales que a la Asamblea Nacional le corresponde elegir; y si se restituyera en sus cargos a los alcaldes que han sido destituidos ilegalmente y se reconociera el fraude en las elecciones municipales del 2008.
Es decir, se resolvería la crisis, desaparecería la amenaza de retroceder a la época dictatorial y terminaría la angustia de la mayoritaria población democrática nicaragüense, si Daniel Ortega diera marcha atrás a todo lo que ha avanzado hacia el restablecimiento de la dictadura, a la aberración política de las farsas electorales, a la imposición en el poder de una nueva dinastía oligárquica y corrupta igual o peor que la somocista.
Pero en la cruda realidad de Nicaragua todo eso no pasa de ser sólo un buen deseo. Si alguien creyera que sólo por respeto a la ley y la Constitución Daniel Ortega va a reparar el daño de las tropelías cometidas en los últimos tres años y medio, es ingenuo o está soñando despierto. Para comprobar que tal cosa es imposible, basta con haber visto y oído ayer la celebración orteguista del 31 aniversario de la revolución sandinista.
La verdad es que Daniel Ortega volvió al poder presidencial — gracias al pacto con Arnoldo Alemán y el PLC—, no para ejercer un nuevo y último período de gobierno y una vez cumplido someterse a las normas democráticas de elecciones libres y alternancia en el poder. Ortega recuperó al poder para quedarse con él para siempre, para establecer una nueva dictadura, para ejecutar un proyecto transnacional de destrucción del Estado democrático y establecimiento de un sistema totalitario denominado “socialismo del siglo XXI”, que básicamente es el mismo comunismo totalitario del siglo XX. Y en todo caso, para imponer por medio de la fuerza y el fraude legal y electoral una nueva versión del somocismo, como lo califican los sandinistas que no reconocen a Ortega ni al orteguismo como revolucionario, solidario y socialista.
Pero cualquier cosa que sea el orteguismo, es muy importante estar claros de lo que significa realmente. Las fuerzas democráticas no tendrán posibilidad de éxito en su lucha contra el orteguismo si no identifican su naturaleza ideológica y sus proyecciones políticas. Conocer la verdadera identidad del adversario es un punto de partida indispensable para tener capacidad de derrotarlo y quitarlo del poder.
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