La actitud que asumió el presidente Daniel Ortega, durante su discurso en la Plaza de la Fe, el 19 de julio pasado, es la de un candidato a la Presidencia de la República para el 2011 por parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Sin embargo, Ortega Saavedra no puede optar a su reelección. La Constitución Política de Nicaragua establece en el artículo 147 que no podrá ser candidato a Presidente ni Vicepresidente “el que ejerciere o hubiere ejercido en propiedad la Presidencia de la República en cualquier tiempo del período en que se efectúa la elección para el período siguiente, ni el que la hubiera ejercido por dos períodos presidenciales”.
Ortega, quien gobernó en la década de los ochenta y cumple desde el 2007 su segundo mandato, quedará inhibido como candidato presidencial una vez que concluya su mandato presidencial el 10 de enero de 2012.
En este sentido, los magistrados judiciales afines a Ortega deben respetar el mandato constitucional y no retorcer la letra y el espíritu de la Ley, con el fin de congraciarse con el mandatario y permitirle entronizarse, como todo un dictador, en la Presidencia de la República.
Por eso es que la batalla legal y política se debe mantener en todos los ámbitos posibles, para frenar esas pretensiones malsanas de querer someter a toda una nación a los caprichos de la familia presidencial que actúa en detrimento de una serie de derechos fundamentales de la mayoría de la población que no está de acuerdo con su forma de actuar.
El presidente Ortega en su discurso prometió una serie de cosas que según él, son obras sólo de su gobierno, lo cual no es del todo cierto. En otro momento hizo referencia a seguir dando ayuda a efectivos de la Policía, el Ejército, los maestros y las madres de héroes y mártires.
Bien por ellos, pero el asunto es que el mandatario no rinde cuentas claras de dónde obtiene dinero ni lo ingresa al Presupuesto General de la República.
Esto crea falsas expectativas a futuro, porque hace creer que en Nicaragua tenemos una economía con suficientes recursos como para asumir compromisos que con sólo nuestra producción interna se podrían sostener.
Si el presidente Ortega obtiene recursos donados por el presidente venezolano, Hugo Chávez Frías, para destinar una parte y estar en permanente campaña electoral dando y ofreciendo ayudas, es otro asunto, pero no debe ser falso con la población que tiene mucha necesidad. Esto es grave porque engaña a una gran cantidad de familias.
Por eso, lo magistrados judiciales, los diputados opositores al régimen, organismos de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos, así como partidos políticos no oficialistas, deben hacer prevalecer los principios democráticos y no permitir que la institucionalidad se siga deteriorando.
A Ortega no se le debe permitir ser candidato a la Presidencia porque la Constitución se lo prohíbe, es decir, la Carta Magna está por encima de él.
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