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Periodistas de Globovisión, la televisora privada de Venezuela que podría ser silenciada por el gobierno de Hugo Chávez. LA PRENSA/Archivo/AP/Ariana Cubillos

SIP: Hugo Chávez atropella libertad de prensa y empresa

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó ayer el anuncio hecho por el presidente venezolano Hugo Chávez, de que su Gobierno aspira controlar casi la mitad de las acciones del canal de televisión privado Globovisión.

Miami, EE.UU./EFE y AFP

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó ayer el anuncio hecho por el presidente venezolano Hugo Chávez, de que su Gobierno aspira controlar casi la mitad de las acciones del canal de televisión privado Globovisión.

La SIP, con sede en Miami, calificó esa acción de control del capital de Globovisión como un “atropello flagrante a la libertad de prensa y a la libertad de empresa en Venezuela”.

Chávez anunció el martes que el Gobierno venezolano pasará a controlar el 45.8 por ciento de las acciones, y aludió así al 28.5 por ciento de las acciones en poder de empresas del banquero Nelson Mezerhane, dueño del intervenido Banco Federal, y al 5.8 por ciento de otra empresa.

Otro 20 por ciento de las acciones que pretende controlar el Gobierno venezolano son propiedad de Luis Teófilo Núñez, que falleció en 2007.

[doap_box title=”Observan” box_color=”#336699″ class=”aside-box”]

  • Estados Unidos observará “cuidadosamente” el caso de la televisora privada Globovisión, luego de que el gobierno venezolano anunció que asumirá su mayoría accionaria, anunció ayer miércoles el portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley.
Un grupo de senadores republicanos pidió ayer al Gobierno de Estados Unidos que denuncie a Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por el “profundo deterioro” de la democracia y los derechos humanos en ese país.

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El presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, manifestó su “profundo repudio a la actitud autoritaria del Gobierno del presidente Chávez”, quien, dijo, “está dando una muestra más de este flagrante atentado contra la libertad de prensa y la libertad de empresa”.

Agregó que este episodio forma parte de una “estrategia de agravios concatenados contra medios privados e independientes de comunicación que se viene registrando en la última década, en la que bajo su orden se cerraron televisoras, radioemisoras y se ahogó económicamente a los periódicos por el solo hecho de fiscalizar la acción del Gobierno y ejercer su derecho a opinar”.

En respuesta al anuncio de Chávez, la emisora privada de televisión venezolana comunicó este martes que reafirmaba su independencia editorial y que los accionistas, según sus estatutos, “no tienen derecho a designar miembros de la junta directiva”.

El canal de televisión sostuvo que está establecido que “los miembros de la junta directiva son designados por la Asamblea de Accionistas, con el voto de más del 55 por ciento del capital social”.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Robert Rivard, recordó que la SIP viene denunciando que el Gobierno venezolano inició hace cuatro años una “campaña de desprestigio contra la televisora y su presidente y propietario, Guillermo Zuloaga”.

Zuloaga, continuó la SIP, debió salir del país debido a la persecución política, ejecutiva y judicial a la que está sometido.

ALTO A LA CENSURA

La organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denunció ayer miércoles la creación en Venezuela de una “oficina de censura”, lo cual vulneraría la libertad de expresión.

“Venezuela debe cerrar la nueva oficina de censura de (el presidente Hugo) Chávez”, indicó HRW en un comunicado, en referencia al Centro de Estudio Situacional de la Nación (Cesna), creado el 1 de junio, que tiene la potestad para determinar si una información es clasificada.

“Chávez ha creado una nueva herramienta para controlar el debate público en Venezuela”, dijo el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.

“El nuevo organismo permitiría al Presidente impedir que se debatan temas que no sean convenientes para su gobierno, lo cual vulnera flagrantemente los derechos de expresión e información, que constituyen uno de los pilares de una sociedad democrática”, dijo Vivanco.

HRW recordó que leyes internacionales prohíben la censura previa y “restricciones arbitrarias” a la libertad de expresión.

La ONG fustigó también al gobierno de Chávez por haber pedido “que se investigue penalmente a las organizaciones de derechos humanos que presuntamente reciben fondos de Estados Unidos”.

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