Tomado de EL UNIVERSAL
De acuerdo a cifras que se manejan en el despacho de las Finanzas públicas, al cierre del pasado año las empresas públicas (PDVSA, CVG, Cantv y eléctricas) registraron un déficit de 3 por ciento del PIB, lo cual duplica la diferencia presentada en el 2008, que fue 1.4 por ciento del PIB.
Ese resultado se genera porque, en un contexto de menores ingresos, se disparó el gasto corriente de las empresas públicas, en especial por los pagos en remuneraciones, que tuvieron un aumento de 52 por ciento.
Los datos del despacho de las Finanzas públicas del Gobierno de Venezuela muestran que los ingresos netos de las empresas públicas no financieras fueron de 38 millardos de bolívares y de esa cantidad, 29.5 millardos de bolívares fueron los fondos obtenidos por las operaciones realizadas en el 2009.
Cuando se desagregan los ingresos por operaciones se observa un incremento en los ingresos por las ventas internas, los cuales fueron 26.5 millardos de bolívares, mientras que en 2008 alcanzaron los 16.3 millardos de bolívares.
Sin embargo, las ventas externas bajaron 48 por ciento. Las empresas públicas percibieron 3 millardos de bolívares, cuando en 2008 obtuvieron 5.9 millardos de bolívares.
En ese resultado incidieron los menores ingresos que registró la industria petrolera por la venta de crudo y derivados así como la disminución de las exportaciones que tuvieron las empresas básicas (CVG).
El gasto corriente de las empresas públicas venezolanas no financieras al cierre de 2009 terminó en 42.5 millardos de bolívares, y en ese salto incidieron las obligaciones laborales.
El pasado año los recursos destinados a las remuneraciones fueron 11.3 millardos de bolívares, mientras que en 2008 fueron 7.4 millardos de bolívares, por lo tanto el aumento en términos nominales fue superior a 50 por ciento.
En esos pagos laborales impactaron los ajustes de salarios así como el incremento de la nómina de las empresas.
Los gastos de operaciones, de acuerdo a la información presentada por el despacho de las Finanzas públicas, ascendieron a 27.5 millardos de bolívares, mientras que en el año 2008 fueron 21 millardos de bolívares, siendo el incremento en el ejercicio de 30 por ciento.
Las cifras del despacho de las Finanzas públicas muestran la gestión del Gobierno central y allí se indica que el déficit financiero fue 5.1 por ciento del PIB.
El gasto cerró el 2009 con una contracción de 16.4 por ciento y los ingresos cayeron 29 por ciento.
En ese comportamiento de los ingresos tuvo incidencia la merma del aporte petrolero, debido a que el precio del barril tuvo un promedio de 57 dólares, y en 2008 la cesta venezolana estuvo en 86 dólares.
Los ingresos tributarios aumentaron por el ajuste que se realizó a la alícuota del IVA, la cual pasó de 9 a 12 por ciento, no obstante, el resultado de la gestión financiera del Gobierno central reflejó una desaceleración de los ingresos por la vía del impuesto sobre la renta y la caída en la recaudación de los impuestos de importación, por la disminución que se registró el pasado año en las compras externas, de 22.3 por ciento.
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- Si el Gobierno venezolano considera que los campesinos merecen la garantía de permanencia sobre las tierras que llevan más de tres años trabajando, el dueño original perderá “todo derecho a los frutos, utilidades o beneficios del trabajo de dicha tierra”, de acuerdo con lo que señala el artículo 18 de la reformada Ley de Tierras y Desarrollo Agrícola ya vigente.
La recolección, transporte, transformación, distribución e intercambio de productos agrícolas serán gestionados por los consejos comunales.
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Caracas, Venezuela
“La tierra es para quien la trabaja“, y los campesinos que deseen aplicar este principio deberán organizarse en empresas socialistas, según expresa la reforma de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, de Venezuela, que ya entró en vigencia.
El texto legal, que apareció en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 5.991 del pasado 29 de julio, indica que la tercerización y el latifundio “son mecanismos contrarios a los valores y principios del desarrollo agrario nacional”. Por lo tanto, el Instituto Nacional de Tierras (Inti) de Venezuela otorgará garantías de permanencia a aquellos campesinos que demuestren que han trabajado tierras de particulares por un período mayor a tres años.
Eso sí, los campesinos deberán organizarse en una empresa de propiedad social. Pero, además, la normativa reformada otorga un plazo de 180 días contados a partir de la vigencia de la ley para que los campesinos notifiquen al Inti que ocupan una tierra que están trabajando, aun cuando la misma pertenezca a una empresa o a un particular.
Este trámite debe realizarse a fin de que el organismo gubernamental inicie los trámites y procedimientos para otorgar la garantía de permanencia a los interesados.
OCIOSAS O INCONFORMES
Cuando el instrumento legal se refiere a la transformación de las tierras con vocación de uso agrícola, indica la necesidad de concentrarse en el rescate de aquellas que sean consideradas ociosas o de uso no conforme.
El procedimiento, de acuerdo a la ya vigente Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, se inicia con una denuncia motivada ante las oficinas regionales de tierras que, dependiendo de la situación, obligará a que se abra una investigación.
El artículo 35 de la nueva ley define como tierras ociosas aquellas que son de vocación de uso agrícola que no son desarrolladas “bajo ninguna modalidad productiva agrícola, pecuaria, acuícola ni forestal y aquellas en las cuales se evidencie un rendimiento idóneo menor a 80 por ciento”.
Ese porcentaje será variable y se basará en los parámetros establecidos en la ley o en los planes nacionales de seguridad agroalimentaria.
Por otro lado, se consideran tierras de uso no conforme aquellas que se utilizan con propósitos contrarios a los planes nacionales de desarrollo y seguridad agroalimentaria, aquellas en las que se realizan actividades agrícolas diferentes a las establecidos en la clasificación de suelos.
También serán consideradas de uso no conforme aquellas tierras que llevan más de tres años trabajadas por un campesino, así como aquellas que se encuentren dentro del área de influencia de proyectos agroproductivos o agroecológicos de carácter estratégico para el gobierno de Hugo Chávez.
El Universal/ Mayela Armas H.
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