GUATEMALA/ EFE
El ex presidente guatemalteco Alfonso Portillo (2000-2004), detenido en enero pasado a petición de Estados Unidos, que lo reclama en extradición por un presunto lavado de dinero de unos 70 millones de dólares, tiene desde ayer como prisión un nuevo cuartel militar, confirmó su abogado, Telésforo Guerra.
En declaraciones a radios locales, el letrado informó que el ex mandatario fue trasladado el lunes en la noche del cuartel militar de Matamoros hacia la Brigada Mariscal Zavala, en el norte de la capital guatemalteca. Portillo había sido llevado al cuartel Matamoros el pasado 7 de julio desde el Centro Preventivo para Hombres de la Zona 18, a petición de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), debido a que las autoridades temían que fuese asesinado en esa prisión.
Además de Portillo, también fueron trasladados a Mariscal Zavala los empresarios Francisco José y Estuardo José Valdés Paiz, acusados por la CICIG de ser los autores intelectuales del asesinato, el 10 de mayo de 2009, del abogado Rodrigo Rosenberg. También fue llevado a Mariscal Zavala Vinicio Salán Sánchez, quien enfrenta un proceso judicial por malversación de fondos durante la administración de Portillo.
Un convenio suscrito entre los ministerios de Gobernación y Defensa en junio pasado permite recluir en instalaciones militares a los reos que estén en peligro en las cárceles públicas y los primeros beneficiados fueron los Valdés y a ellos le siguieron Portillo y Salán.
El traslado hacia el Mariscal Zavala, según el director del Sistema Penitenciario, Eddy Morales, se debió a que el Ministerio de Gobernación (Interior) no cumplió con las condiciones de seguridad y alojamiento en Matamoros. Según Morales, los cuatro reos estaban en un lugar cerca de un barranco y una carretera que conduce hacia unas colonias ubicadas en las cercanías de Matamoros.
La extradición del ex presidente ya fue aprobada por todas las instancias jurídicas de Guatemala, incluida la Corte de Constitucionalidad (CC), pero, según la ley, tiene que ser firmada por el presidente de la República. Sin embargo, antes de ser enviado, Portillo debe responder a la justicia de su país por la malversación de unos 15 millones de dólares durante su administración.
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