El Consejo Superior de la Contraloría General de la República (CGR) decidió ayer por unanimidad tramitar la denuncia interpuesta contra el Consejo Supremo Electoral (CSE) por el especialista en derecho fiscal Julio Francisco Báez Cortés, quien sostiene que el cobro de 300 córdobas por la emisión de la nueva cédula de identidad viola varias leyes y por tanto constituye delito.
Báez Cortés insiste en que no se puede permitir que ciudadanos por falta de recursos sean condenados a la muerte civil y que el CSE pretenda recaudar unos 600 millones de córdobas con la emisión de la nueva cédula.
Guillermo Argüello Poessy, presidente de facto de la CGR, explicó que una vez conocida la denuncia, por unanimidad los cuatro contralores decidieron ayer trasladarla a la Dirección de Denuncia Ciudadana y orientaron que, de ser posible hoy mismo, envíen una solicitud de información al presidente de facto del CSE, Roberto Rivas Reyes, sobre los términos de la denuncia. Según el procedimiento establecido, el funcionario tendrá siete días para responder.
- En una entrevista con el Canal 2 de televisión, Adonai Jiménez, director de Asuntos Electorales del Consejo Supremo Electoral (CSE), defendió el cobro de 300 córdobas (unos 14 dólares) por la emisión de la nueva cédula de identidad, con el argumento de que eso lo autoriza la reforma a la Ley de Identificación Ciudadana de septiembre del 2005.
Jiménez dijo que fue necesaria esa reforma porque en ese momento el CSE cobraba cien córdobas por la reposición del documento, y los diputados establecieron una tarifa más baja para hacer el trámite más accesible a la población.
Según Jiménez, esa reforma estableció un arancel de 50 córdobas por el trámite de reposición de cédulas y una vez establecido el arancel, un órgano constitucional, como es el Poder Electoral, tiene las facultades para hacer las variaciones hacia arriba y hacia abajo que considere pertinentes.
“Sin embargo, el arancel, la tasa, que no es nada más que la prestación del servicio que el ciudadano solicita, está establecido”, justificó Jiménez.
LA PRENSA solicitó ayer una entrevista a Adonai Jiménez, pero respondió que la ofrecería hasta hoy viernes. Sin embargo, en Canal 2 dijo que LA PRENSA ha publicado “canalladas” contra el CSE.
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Sobre la posibilidad de que Rivas no responda la petición, Arguello dijo: “Tiene una semana. Dios mío, si no se trata de una información que se va a descubrir el agua salada, es una información sencilla”.
Argüello explicó que no fue necesaria la presencia de Báez Cortés, para explicar la denuncia a los contralores, ya que ésta es muy clara y se fundamenta en que el cobro lesiona derechos fundamentales.
Dijo coincidir con el denunciante en que la emisión del documento debería ser gratuito, porque su tenencia implica el ejercicio de derechos civiles y políticos.
Argüello explicó que mientras la denuncia sigue su curso, el CSE podrá seguir cobrando los 300 córdobas, unos 14 dólares, por la emisión de las nuevas cédulas, ya que la CGR no tiene facultad para suspender el cobro sin antes verificar la información solicitada.
De momento los únicos facultados para suspender el cobro son los tribunales de justicia. “Se puede recurrir al Tribunal de Apelaciones, a la Sala Civil, y pedir que se suspenda el acto reclamado… Gracias a Dios están abiertos y el trámite es gratis”, señaló Argüello.
Luego dejó entrever que la decisión de la CGR podría girar en torno a si el Estado está obligado a cubrir los costos de la cédula, para que el ciudadano pueda ejercer derechos fundamentales civiles y políticos, y si tiene los recursos para cubrir esos costos. Adelantó que una vez recibida la información solicitada al CSE, podría ser necesaria la intervención de la Asamblea Nacional, porque si ordenan la suspensión del cobro, el CSE les preguntará quién cubrirá los costos del proceso.
“De eso se trata, de saber qué decisión va a tomar el Poder Legislativo cuando regrese de vacaciones. A ver si van a tomar alguna decisión sobre ese tema, decisión que no está en manos de la CGR”, dijo.
Según el contralor de facto, así como en el 2005 la Asamblea Nacional, a través de una reforma a la Ley de Identificación Ciudadana, estableció que se debía reducir el arancel de reposición de la cédula de identidad establecido por el CSE, a 50 córdobas, nuevamente el parlamento debe establecer cuánto debe pagarse por la nueva cédula.
Argüello considera que no es “reposición” de cédula, sino un cambio obligado porque, por ministerio de ley, el documento pierde su vigencia. “Si yo estuviera en la posición del CSE diría se acaba el trámite rápido, el que la quiere rápido que la espere, porque lo que ofende son los 300 pesos, eso suena demasiado fuerte”, enfatizó Argüello.
ENTREGA EN MATAGALPA
En el departamento de Matagalpa 190 mil ciudadanos, a quienes se les venció la cédula, podrán conseguir otra mediante un trámite ordinario, que cuesta 50 córdobas, pero el CSE le fabricará el documento con el formato y material emplasticado usado por más de una década, aseguró el presidente sandinista del Consejo Electoral Departamental (CED), Noel Escobar Corea.
Según el funcionario, quienes quieran la renovación y obtener la cédula nueva, que calificó como trámite extraordinario, tendrán que pagar los 300 córdobas.
Citando el último Censo de Población y Vivienda, hecho en el año 2005, Escobar señaló que en el departamento de Matagalpa viven casi 385 mil personas mayores de 16 años, de las cuales 360 mil han hecho trámites de cedulación y el CSE ha fabricado 350 mil 500 cédulas con el formato “viejito”.
Esta semana el CED empezó a atender las solicitudes de renovación del documento de identidad con el nuevo formato en la ciudad de Matagalpa, cobrando 300 córdobas por cédula.
CSE insiste en cobrar
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