GUATEMALA/ ACAN-EFE
Un tribunal guatemalteco giró órdenes de captura internacional con fines de extradición en contra del ex ministro de Gobernación (Interior) Carlos Vielman, el ex director de la Policía Nacional Civil (PNC), Erwin Sperisen, y el ex subdirector de Investigación Criminal, Javier Figuero, funcionarios del gobierno del presidente Oscar Berger (2004-2008).
Los tres ex altos cargos del Gobierno son señalados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de integrar una estructura criminal dedicada a las ejecuciones extrajudiciales de reos en el país, informó ayer una fuente judicial.
Según los registros de la Dirección General de Migración, Figueroa salió de Guatemala en 2007, pero se desconoce su paradero, aunque la prensa local revela que estaría en Austria. Sperisen salió del país el 13 de abril de 2008 y estaría en Suecia, y Vielman, que abandonó Guatemala el 12 de octubre de 2009, vive en España.
La Cicig reveló el martes que estos altos cargos, junto al ex director del Sistema Penitenciario, Alejandro Giammattei, a quien Honduras le negó el asilo político en su embajada en Guatemala, integraban una estructura criminal dedicada a la ejecución de reos.
Por estos hechos fueron capturados el pasado lunes seis personas, y además de los ex altos cargos, también se implica a otros ocho que están pendientes de captura en Guatemala.
Según la Cicig, la estructura criminal se conformó desde el Ministerio del Interior y la PNC en 2004 y está dedicada a las ejecuciones extrajudiciales de privados de libertad.
En 2005, precisó la comisión, la organización ejecutó el “Plan Gavilán”, mediante el cual ejecutó a tres reos que se habían fugado de una prisión de máxima seguridad ubicada en la costa sur del país.
Mientras que el 25 de septiembre de 2006, cumpliendo órdenes superiores, “miembros de la estructura planificaron e ingresaron a la Granja Penal de Pavón junto con otros funcionarios de la PNC, Ejército y del Sistema Penitenciario, a fin de retomar el control del centro de reclusión que estaba bajo control de los internos”, añade. Ese operativo, según la Cicig, se realizó con el objetivo de “ejecutar” a los siete reclusos que controlaban el tráfico de drogas, extorsiones, secuestros y demás actividades delictivas originadas desde esta prisión.
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