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En mayo las cédulas eran gratuitas

Apenas hace tres meses cuando se anunciaba el inicio del proceso de sustitución de cédulas, un magistrado sandinista del Consejo Supremo Electoral (CSE) aseguró que el financiamiento internacional garantizaría la emisión de al menos dos millones de cédulas, pero pasó el tiempo y cambió el discurso. Ahora la falta de recursos y el alto costo del proceso son los pretextos para cobrar 300 córdobas (unos 14 dólares) por cada cédula nueva, a pesar que varios expertos aseguran que por ser un nuevo documento y no reposición, la ley establece su gratuidad.

Por Lucydalia Baca y Ramón Villarreal

Apenas hace tres meses cuando se anunciaba el inicio del proceso de sustitución de cédulas, un magistrado sandinista del Consejo Supremo Electoral (CSE) aseguró que el financiamiento internacional garantizaría la emisión de al menos dos millones de cédulas, pero pasó el tiempo y cambió el discurso. Ahora la falta de recursos y el alto costo del proceso son los pretextos para cobrar 300 córdobas (unos 14 dólares) por cada cédula nueva, a pesar que varios expertos aseguran que por ser un nuevo documento y no reposición, la ley establece su gratuidad.

La Contraloría General de la República (CGR) tramita una denuncia por la ilegalidad del cobro, interpuesta por el especialista en derecho fiscal Julio Francisco Báez Cortés. Hasta ahora el CSE no ha enviado el “informe debidamente documentado” sobre la denuncia y el plazo para responder vence hasta el 27 de agosto.

Desde el lunes, después de recibir de forma gratuita su nueva cédula de identidad, el presidente de facto de la CGR, Guillermo Argüello Poessy, comenzó a justificar el cobro aduciendo que el proceso es costoso y ante la falta de recursos “alguien tiene que pagarlo”.

MATERIAL PARA 2 MILLONES

Sin embargo, un funcionario del Poder Electoral, que pidió el anonimato, asegura que el CSE cuenta con material para emitir al menos 2 millones de cédulas con el nuevo formato en policarbonato. Justificó la petición de omitir su nombre asegurando que dicha información había sido confirmada por un magistrado electoral. Para verificar la autenticidad de los datos recomendó revisar las declaraciones de un magistrado electoral en una visita reciente a la Asamblea Nacional.

El último en visitar el parlamento fue el magistrado sandinista José Luis Villavicencio, el pasado 6 de mayo, para reunirse con los diputados de la Comisión de Población, Desarrollo y Municipios, con los que discutió aspectos sobre la modernización del Registro Civil de las Personas. Al concluir el encuentro brindó declaraciones a los medios de comunicación y aseguró que las nuevas cédulas de identidad “digitalizadas” empezarían a producirse el 24 de mayo, gracias a la cooperación internacional y que se “contemplaba” entregarlas de forma gratuita.

Al consultarle sobre el costo del proceso que calificó como lo último en modernidad, dijo desconocer la cifra porque eso lo maneja la parte administrativa. Se limitó a decir: “Hemos obtenido recursos, diríamos internacionales”. Y añadió: “Hay financiamiento internacional de esto por lo menos para sacar los primeros 2 millones de cédulas”. En ese momento, al consultarle si las entregarían de forma gratuita, contestó que eso se estaba “valorando”.

En cuanto a la meta de entrega, señaló que no existía porque el proceso es tan rápido que dependería de la instalación de las oficinas para expedirlas, ya que desde cualquier lugar donde se solicite, se confirman los datos desde una base de datos existente, luego se mandan vía intranet a la fábrica y automáticamente se imprime la cédula.

Ayer al contactar vía telefónica a Villavicencio, ya que en el CSE no se nos proporciona ningún tipo de información, se limitó a decir que no solía hablar por teléfono con periodistas. De inmediato colgó y no volvió a responder su celular.

Desde el 2004 se informó que España otorgó un crédito concesional con fondos FAD (Fondos de Ayuda al Desarrollo) de cerca de 6 millones de euros para modernizar el sistema de cedulación, que incluye la donación del 50 por ciento del monto. El resto se pagará en un plazo de 32 años, con 16 de gracia, con un interés anual del 2 por ciento y vencimientos semestrales.

SE DEBE ACTUAR

El especialista en derecho constitucional y ex presidente de la Asamblea Nacional, Cairo Manuel López, que califica el cobro de los 300 córdobas como ilegal e inconstitucional, considera que los funcionarios de la CGR al recibir su cédula de forma gratuita hicieron uso de un derecho que tienen todos los nicaragüenses y ahora ellos deben garantizar, a través de la suspensión del cobro, que todos los ciudadanos puedan hacer uso del mismo derecho.

López rechazó el argumento del director de Asuntos Electorales del CSE, Adonai Jiménez, que en entrevista brindada la semana pasada al Canal 2 aseguró que la reforma a la Ley de Identificación Ciudadana de septiembre del 2005, al establecer un arancel de 50 córdobas por la reposición de la cédula, otorgaba al CSE la facultad de variar dicho arancel hacia arriba o abajo, según considerara pertinente. “Eso no sólo es ilegal e inconstitucional, sino que se está cometiendo delito al hacerlo”, aseguró.

López con el auspicio de la Fundación Konrad Adenauer ofreció la charla “El derecho de los nicaragüenses a la identificación ciudadana”, en la que señaló que los ciudadanos deben luchar porque se respete su derecho y exigir el documento de forma gratuita como establece la ley. Pero también los diputados están obligados a pronunciarse, ya que son los únicos autorizados por ley para establecer arancel al documento de identidad.

El diputado al Parlacen Fabio Gadea Mantilla confirmó que rechazó la invitación del CSE para presentarse hoy a recibir de forma gratuita su nueva cédula de identidad. Según Gadea Mantilla, pagará los 300 córdobas que cobran por el documento dado que no se considera un ciudadano con privilegios sobre el resto de la población. Para él, con esta actitud el CSE divide a la población en varias categorías.

Nacionales Argüello Poessy cedulas CGR CSE archivo

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