Los concejales opositores de Managua introducirán una modificación a la ordenanza que regula al sector selectivo de la capital, para de esa manera eliminar de un tajo las multas ilegales que se aplican a ese gremio.
“Debe haber un orden, porque el colmo es que ahora los orteguistas le estén quitando el derecho a quejarse a los taxistas y aplican una multa por injurias y calumnias. Incluyeron una multa de injurias y calumnias en la lista de multas inventadas a los taxistas”, criticó el concejal liberal Ricardo Obando, miembro de la Comisión de Infraestructura del Concejo de Managua.
Según confirmó el edil, la dirección del Instituto Regulador del Transporte Municipal de Managua (Irtramma) se aprovechó de una lista de multas reglamentadas en el 2007 para “inventar nuevas multas y agregarlas como si fueran aprobadas, pero no son legales, y no deben aplicarse”.
La iniciativa para la nueva reglamentación de los liberales del Movimiento Vamos con Eduardo se une a dos recursos de apelación y dos recursos de revisión por las multas, interpuestos por los taxistas, y a una auditoría que se realiza por malos manejos a la dirección del Irtramma.
Además de eso, los concejales capitalinos del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) introdujeron una solicitud al parlamento para que la presidenta de la junta directiva del Irtramma, la alcaldesa designada en Managua Daysi Torres, y su director, Francisco Alvarado, rindan cuentas por las denuncias de los taxistas.
La rendición de cuentas también será apoyada por los diputados de la Bancada Democrática, confirmó el diputado liberal Eduardo Montealegre.
De acuerdo al artículo 50 de la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional, una de las facultades de las comisiones parlamentarias es “solicitar información y documentación y aún la presencia de personas naturales y jurídicas” sobre temas de conflicto.
De no responder a la solicitud de información, de manera injustificada, la Ley 641 del Código Penal establece, en su artículo 439, una sanción de seis meses a un año de prisión e inhabilitación para ejercer el cargo público a los funcionarios implicados.
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