Por Jorge Sainz
MADRID/AP
Dos nuevos disidentes cubanos arribaron este jueves a Madrid y denunciaron una ola represiva del gobierno de Raúl Castro contra la oposición interna de la isla.
Los liberados son Fabio Prieto y Juan Carlos Herrera, que aterrizaron en la capital española acompañados de unos 16 familiares. Con su llegada, se elevan a 25 los prisioneros expatriados a España, casi la mitad de los 52 que La Habana se comprometió a excarcelar en virtud del acuerdo con la Iglesia Católica de la isla.
Herrera aseguró que se ha desatado una “espiral de violencia” contra la disidencia en Cuba desde el comienzo de las liberaciones en julio. En especial, denunció el caso de Reina Luisa Tamayo, quien, según Herrera, es hostigada continuamente por el mero hecho de intentar visitar cada domingo la tumba de su hijo.
Tamayo es la madre del disidente Orlando Zapata, encarcelado en 2003 y fallecido en febrero pasado tras una prolongada huelga de hambre. El pasado martes, Amnistía Internacional pidió a las autoridades que traten de frenar el “acoso” a Tamayo.
“Hay una espiral de violencia y represión contra muchos disidentes, que son detenidos continuamente”, dijo Herrera. “Con los Castro no habrá democracia, no habrá nada”.
“La dictadura está feneciendo y es hora de que firme su acta de defunción”, añadió.
En la misma línea, Prieto recordó el caso de Tamayo y afirmó que la supuesta apertura económica de la que se viene hablando no servirá de nada, si no viene acompañada de cambios políticos. En ese sentido, pidió que no se alivie la presión internacional sobre Cuba para no favorecer al gobierno de Castro.
“El régimen sigue cerrado, corrupto y militar”, afirmó Prieto. “Siento una mezcla de alegría por estar libre y de tristeza, porque en Cuba no ha cambiado nada”.
Tanto Herrera como Prieto, junto a sus familias, fueron trasladados por la Cruz Roja a un hotel de la localidad madrileña de Móstoles, donde vivirán temporalmente hasta resolver su situación legal.
Las familias de algunos de los primeros 20 disidentes que llegaron a España en julio y que permanecen alojados en el mismo hotel recibieron a sus dos nuevos compañeros al grito de “¡Viva Cuba libre!”.
“Somos tratados como terroristas, cuando nuestro único delito es defender la libertad y los derechos humanos”, afirmó Herrera. “Hemos sufrido torturas. Es un terrorismo de estado lo que hay en nuestra patria”.
Los dos liberados, que han pasado más de siete años en prisión tras ser condenados en Cuba, son parte de la lista de seis disidentes cuya liberación fue anunciada por la Iglesia cubana el pasado viernes.
Otros tres — Marcelo Cano Rodríguez, Efrén Fernández Fernández y Regis Iglesias Ramírez — llegaron a Madrid ayer. Mientras que se espera que Juan Adolfo Fernández aterrice el viernes, completando la segunda fase de excarcelaciones.
Una vez finalizado el proceso, serán 26 los prisioneros cubanos liberados y expatriados a España entre julio y agosto en virtud del acuerdo alcanzado entre el gobierno cubano y la Iglesia de la isla.
En total, serán más de 150 personas acogidas en el país europeo, entre disidentes y allegados.
Los liberados, que aceptaron abandonar Cuba y viajar a España, suman la mitad del grupo de 52 disidentes que La Habana se comprometió a excarcelar. Todos ellos forman parte del llamado “Grupo de los 75”, condenados en 2003 bajo cargos de recibir dinero y orientación de gobiernos extranjeros, en especial Estados Unidos, para socavar a la revolución.
Los primeros 20 disidentes llegaron a mediados de julio. Algunos permanecen en la capital española, pero las tres organizaciones sociales que se encargan de su acogida y manutención han comenzado ubicarlos en distintas ciudades del país.
Uno de ellos, José Ubaldo Izquierdo, se trasladó a Chile.
Algunos de los disidentes han expresado su voluntad de emigrar a Estados Unidos. Es el caso de Arturo Pérez de Alejo, quien explicó que ya tiene su visa en regla para viajar a Miami a reunirse con su familia en un plazo de 15 días.
Por otro lado, hasta seis de los ex prisioneros han contratado los servicios de un despacho de abogados para solicitar asilo político, ya que consideran que los delitos por los que fueron juzgados y condenados les convierten en presos de conciencia.
En principio, el gobierno español está ofreciendo a todos un estatus de protección internacional asistida, una figura que les permite acceder a permiso de residencia y trabajo en España, pero que no los reconoce como refugiados políticos.