La criminalización de la protesta social, amenaza y persecución a defensores de derechos humanos, violencia institucionalizada y la violencia contra la mujer son los temas que más destaca el Quinto informe regional sobre derechos humanos en Centroamérica.
El informe, presentado recientemente en El Salvador y divulgado ayer en Managua, está dirigido al análisis de los conflictos que vive Centroamérica desde el punto de derechos humanos.
“No se trata de una recopilación de los informes en cuanto a la situación de derechos humanos en cada país”, explicó la subdirectora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Marlin Sierra.
El informe sobre derechos humanos y conflictividad en Centroamérica 2009-2010 fue elaborado por un equipo de monitoreo y análisis de derechos humanos en la región. Por Nicaragua participó Sierra.
- Otro tema que preocupa a los defensores de derechos humanos de Centroamérica son los feminicidios.
La subdirectora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Marlin Sierra, mencionó que para iniciarse en un grupo de pandillas juveniles, a los nuevos miembros les asignan como tarea asesinar a una mujer, violar a su hermana o promover violencia en su familia.
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Según la funcionaria del Cenidh, en el informe han considerado “los temas torales” que generan un acelerado deterioro de derechos humanos en Centroamérica y que consideró “son detonantes de futuros conflictos” y que “pueden desembocar en mayores índices de violencia” y en nuevas brechas sociales entre la población del área.
Sierra dijo que el informe parte de un análisis sobre el efecto de las políticas aplicadas en los países del área, como el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con los Estados Unidos (DR-Cafta) y la Alianza Bolivariana para las Américas (Alba), así como sus consecuencias en la población.
Criticó la defensora de derechos humanos que, a pesar de que se supone que las políticas de estos acuerdos están encaminados a reducir la pobreza, los efectos que se aprecian es de mayores niveles de pobreza.
En el informe se menciona que la criminalización de la protesta sigue siendo uno de los mecanismos más aplicados por los gobernantes de turno, “quienes transforman los conflictos sociales en litigios judiciales, habilitan el poder punitivo del Estado para legitimar la intervención represiva por parte de las fuerzas del Estado”, como la Policía, el Ejército o grupos paramilitares.
DESCALIFICAR A SOCIEDAD CIVIL
Además, señalan los defensores de derechos humanos de la región, los gobernantes del istmo desacreditan a líderes de los movimientos sociales y organismos de derechos humanos, al tildarlos de delincuentes o elementos desestabilizadores del orden público, haciendo uso de la violencia institucional, “dando lugar a una sociedad cada vez más polarizada y segregada”.
“La criminalización de la protesta social este año miramos que ha sido un común denominador en todos los países, con mayor incremento en la violencia institucionalizada”, refirió Sierra.
La subdirectora del Cenidh indicó que en la región hay una situación de deterioro en temas relacionados con los derechos civiles y políticos, donde la población está cada vez más limitada a sus derechos a la protesta, manifestación, organización, libertad de expresión y libertad de prensa.
“Es lamentable ver que se van generando mayores índices de violencia. Por ejemplo en Guatemala ya ha sido histórico, la situación que vemos es que en vez de buscar medidas o políticas que vayan atenuar esa violencia, más bien se va incrementando”, criticó.
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